La directiva de Villa Española se enteró este jueves por la tarde de que en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) había una resolución sobre la denuncia presentada por socios del club sobre irregularidades en el cumplimiento del estatuto. Cuando fueron a buscarla, encontraron que se había resuelto una intervención de la dirección del club, comentó a la diaria el directivo Miguel Romero. Tal como establece el procedimiento, en los próximos diez días se dispondrán a recurrir esa resolución ministerial “asumiendo los compromisos que se solicitan”, apuntó.

Para Romero, el procedimiento que siguió el MEC es el correcto ante la denuncia de ciertos socios y, tal como lo había comunicado el ministro Pablo da Silveira a través de su cuenta de Twitter, la directiva tiene el derecho a “recurrir y asumir compromisos que hagan que la intervención no se concrete”. Eso es lo que tienen planeado realizar.

En concreto, el tema más escabroso es el llamado a elecciones. Según el estatuto del club, la directiva debería convocar elecciones todos los eneros y permanecer en su cargo por un año, algo que en varios períodos anteriores no se cumplió. En noviembre de 2020, tras unas elecciones postergadas por la pandemia, asumió por dos años la directiva actual, que incluye a Romero.

En marzo, cuando concurrieron al MEC a dar vista de la denuncia presentada dejaron por escrito el compromiso de llamar a elecciones en los próximos meses, así como también el pedido de asesoramiento al ministerio para convocarlas en tiempo y forma, algo que estaba previsto que ocurriera entre julio y agosto de este año.

Así las cosas, en el escrito para recurrir la intervención que va a presentar en los próximos días, la directiva de Villa Española se comprometerá a fijar una fecha para llevar a cabo las elecciones, a llamar a la comisión electoral y a presentar balances y memorias actualizadas.

Otro punto que llevó al MEC a presentar la intervención es el incumplimiento del artículo 5 del estatuto que hace referencia a que el club deberá abstenerse de manifestaciones políticas y religiosas. El problema para Romero es lo que se interpreta por “políticas”; en términos generales se puede entender que cualquier acción es política, incluso, por ejemplo, pagar las deudas del club es parte de la política económica, ejemplificó.

Los denunciantes entendieron que las intervenciones del club relacionadas a los derechos humanos son “políticas” y que en este sentido se violentó el código. Como argumento a favor de la interpretación de la directiva, que entiende que los derechos humanos son universales y no se relacionan con la política, van a presentar la resolución que tomó en 2021 la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En ese momento, cuando por primera vez el club lució una camiseta en alusión a la consigna de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la AUF entendió que no era una causa política, sino una acción vinculada a la defensa de los derechos humanos, y decidió archivar el caso sin ninguna intervención del tribunal.

De hecho, en ese momento Juan Pablo Decia, miembro de la Comisión Disciplinaria, tuiteó: “El ‘Nunca Más’ de @VillaEspOficial es una manifestación clara y plausible en defensa de los Derechos Humanos. No viola ninguna disposición estatutaria de la AUF, y va en línea con los valores que la asociación debe promover y defender”.

En apoyo

Ante la intervención al club social Villa Española por parte del MEC, actores políticos de la oposición y sociales repudiaron el accionar del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que la intervención del MEC es “un disparate”: “Siempre es un disparate, y siempre hay formas de justificar las decisiones erráticas. Villa Española, cuadro de barrio, hacedor de cultura y solidaridad”, publicó en Facebook.

A su vez, ante las declaraciones del ministro Pablo da Silveira, en la que justificaba la intervención, Pereira cuestionó que “no tiene nada que ver con la política la intervención de Villa Española, pero recriminan que los jugadores hayan firmado contra la LUC en las instalaciones”. Se preguntó: “¿Cada cual que saque sus conclusiones?”, y se solidarizó con el club.

En tanto, el senador por el Frente Amplio, Óscar Andrade, indicó que es un “acto muy peligroso” como antecedente “ya que viola la libertad de expresión, el trabajo social y cultural que llevan adelante no solo hacia el barrio sino a toda la sociedad”, y consideró que la intervención “es un despropósito”.

Por su parte, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó en un comunicado que entre los argumentos esgrimidos por el MEC, “consideramos que el apoyo a causas sociales y de derechos humanos, no constituyen actos político partidarios, es un derecho y una obligación de cualquier entidad social la promoción y el respeto de los derechos humanos, por lo cual ninguna Institución debe ser penalizada por eso”.