Durante una exposición de una hora y media, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, analizó la actualidad con foco en el presupuesto y puso el énfasis en que el país necesita reformas para cumplir con los niveles de crecimiento proyectados. Planteó que el factor clave será que aumente el nivel de inversión en los próximos años, y para ello entiende que se requieren cambios en la gobernanza de las empresas públicas, reducir los niveles de burocracia en el Estado, romper la rigidez de la regulación laboral y mejorar la inserción internacional.

Munyo comenzó la presentación repasando las señales y las proyecciones para la economía local que fueron incluidas en el presupuesto. “Comparado con los anteriores, se observa una reducción relevante del gasto público con los mismos ingresos fiscales”, sostuvo, y explicó que esas variaciones llevarían al escenario que aspira el gobierno de un déficit fiscal de 2,5% del PIB en 2024, menos de la mitad del nivel actual.

¿Dónde se reducen los gastos del Estado? Detalló que el rubro Remuneraciones está previsto que baje 0,5% en términos reales hacia el final del mandato, así como también se espera un descenso de 18% en los gastos no personales y de 8% en las inversiones. Mientras que el pago de pasividades y las transferencias crecen en la comparación, aunque caen en torno a medio punto porcentual medido como porcentaje del PIB. Los tres primeros rubros, señaló Munyo, son en los que “puede haber acción” por parte de las autoridades, porque los otros gastos “evolucionan solos y son muy gordos dentro del presupuesto”.

En esa línea, indicó que el tema previsional es “un foco de tensión para los próximos años” y defendió la necesidad de una reforma, proceso que comenzará a encararse a través de una comisión de expertos multipartidaria que analizará todo el sistema y realizará recomendaciones al Poder Ejecutivo. Sostuvo que los beneficiarios de pasividades “cada vez viven más”, mientras que los trabajadores activos “cada vez aportan por menos tiempo”, por los cambios en el mercado laboral y la masificación de los contratos temporales.

Las “sugerencias” de Ceres de cara a la reforma previsional son simplificar el sistema y converger a un régimen único, procurar un nivel de cobertura universal, estimular el ahorro voluntario, diferenciar el aporte previsional del resto de los seguros y las transferencias que realiza el Estado, y mejorar la información para el usuario (cuánto tiene ahorrado y a qué jubilación accederá). “Con la reforma Uruguay se juega un gran partido”, expresó Munyo.

Luego se refirió al gasto en transferencias, que crece este año producto de la pandemia y, más allá de que descienda en 2021, terminará el período 2% por encima en términos reales del nivel actual. Pese a esos esfuerzos, repasó que surgieron más de 300 ollas populares debido a los impactos de la crisis por el coronavirus y que, según una medición de Ceres –que analizó la pobreza según carencias económicas y no por nivel de ingresos, como el método oficial–, en 2019 14,7% de la población era pobre, es decir unas 500.000 personas.

Munyo hizo foco dentro de las carencias en el aspecto educativo y la formación de este grupo, ya que determinarán su realidad laboral el día de mañana. Utilizando una metodología del Instituto Tecnológico de Massachusetts que divide las tareas entre aquellas dominadas por lo analítico o por lo manual –estas últimas con mayor riesgo de automatización–, reseñó que 57% de los pobres, según la medición de Ceres, se encuentran en el grupo de trabajos más reemplazables por tecnología.

“La perspectiva futura de este grupo de personas es compleja. Las habilidades que tienen pueden no permitirles ingresar a un empleo”, afirmó Munyo. Complementó que, en virtud de esta realidad, “el gasto social deberá ser más elevado”, porque se trata de una situación “que es culpa de Uruguay, que no los preparó, y no se puede mirar para el costado”. Su planteo es que el Estado debe “rascar donde se deba, para gastar más en transferencias” que atiendan estas realidades.

Respecto de los ingresos que tendrá el gobierno para financiar los gastos, el presupuesto marca un aumento de 2,1% en promedio anual en el período. Sin embargo, Munyo dijo que “llama la atención” que se espere un aporte de las empresas públicas superior en medio punto porcentual (en términos del PIB) al período pasado “cuando se plantea también bajar las tarifas”.

Además, analizó que “el supuesto fundamental detrás del presupuesto es el crecimiento del PIB, es sobre lo que se construye el pago de todo lo prometido”. Es decir que el cumplimiento de las metas fiscales está asociado a lo acertado que sean las estimaciones sobre la actividad. El gobierno espera una expansión de 2,3% como promedio anual en el período, escenario que sería consistente con un déficit fiscal de 2,5% en 2024, consignó.

Sin embargo, Munyo advirtió que si se toman las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que marcan un menor crecimiento de la economía local y, por ende, menos ingresos, el déficit se ubicaría en 3,4% del PIB al finalizar el mandato. Mientras que si la actividad creciera únicamente por los efectos de la nueva planta de celulosa que instalará UPM el resultado del sector público quedaría en 5% del PIB, casi sin variaciones respecto del período previo.

“El presupuesto es tan optimista como necesario para financiar el gasto público [proyectado]. Es un partido que juega todo Uruguay con la atracción de inversiones, si no se logran se hará cada vez más costoso financiar el nivel de gasto”, manifestó el director de Ceres. Concluyó que la viabilidad del presupuesto y sus supuestos dependerá de lo que se haga a nivel interno, y de las noticias que vengan de la región y el mundo.

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Un mundo incierto y dos vecinos desparejos

Pese a que la incertidumbre global es excepcionalmente alta, lo que es seguro es que la economía mundial caerá este año de forma pronunciada. Pese a la recuperación proyectada para 2021, la actividad global quedara aún 6,5% por debajo del nivel estimado pre covid-19. A este respecto, Munyo repasó cinco escenarios geopolíticos posibles para la etapa post pandemia: el fin del orden liberal globalizado, un impulso autoritario similar al de los años 30 del siglo pasado, un nuevo orden mundial dominado por China, la adopción de una nueva agenda internacional verde o más de lo mismo, con Estados Unidos como potencia líder, aunque con menos impulso. Como indicios de cara a esta nueva era global, indicó que mientras que en Estados Unidos y Europa el nivel pre pandemia se alcanzaría recién en 2022 y 2023 respectivamente, la economía china ya se levantó del golpe. Puntualmente, China crecería este año 1,6% y el próximo, 8,2%, sólo 1,6 puntos porcentuales menos que si no hubiera existido el coronavirus.

Desde la perspectiva uruguaya, un aspecto relevante es que hay “una tendencia optimista” en el precio de los commodities relevantes para el país. Por un lado, la soja sube y se aproxima a niveles similares a los de 2014, la carne mantiene su valor elevado en los mercados internacionales, y algo similar ocurre con la leche. Por otro lado, el petróleo, producto que Uruguay importa, bajó considerablemente. Esto supone una mejora de los términos de intercambio para nuestro país, dado que aumenta lo que vendemos y cae lo que compramos.

A esto se suma que la tasa de interés internacional que fija la Reserva Federal estadounidense se mantendrá en niveles mínimos por los próximos años, lo que permite a Uruguay acceder a crédito barato. “Son noticias positivas a nivel internacional para atraer inversión al país”, dijo el director de Ceres.

En lo que refiere a la región, diferenció las perspectivas para los vecinos. Por el lado de Brasil, sostuvo que la “agenda de reformas pro mercado” del ministro de Economía, Paulo Guedes, son “el ancla” del gobierno de Jair Bolsonaro, que mostró en los últimos meses un aumento de su aprobación y mayor confianza por parte del sector privado. La devaluación que sufrió el real y la baja inflación hacen que Brasil “sea atractivo para la inversión extranjera”.

Ese diagnóstico, según Munyo, “contrasta con el de Argentina”, donde la “nefasta estrategia” definida para enfrentar la pandemia generó varios problemas: la brecha cambiaria, la salida de empresas producto de los costos que genere ese desfasaje, la caída económica que superará el 10% este año –tras la recuperación en 2021, quedará 7% por debajo del nivel previsto pre covid-19–, y el desafío de negociar la deuda con el FMI en este contexto. “El gran problema de Argentina es que no tiene acceso a financiación y sólo se financia con inflación, que, si bien está contenida, va a subir en los próximos meses”, evaluó.

A modo de resumen, el economista planteó: “¿Qué podemos esperar de la región? De Argentina nada, de Brasil quizás algo de empuje”.

Tarifas, regulación y burocracia

Con este panorama fronteras hacia afuera, para asegurar que la recuperación de la crisis sea en modo de V –caída de magnitud similar al crecimiento posterior– “se necesita más inversión”, aseguró Munyo. En términos del PIB, la inversión privada se ubicó en los últimos tres años en igual nivel que en 2005 (13% del PIB), muy lejos del pico alcanzado en 2012 y con un franco descenso desde ese momento. La previsión del gobierno es que se mantendrá estable en 14% del PIB en los años venideros.

“Si no se hace nada, en una economía que ya venía en recesión, no hay razones para pensar una mejora. Para [hacer crecer] la inversión privada el problema que tenemos es que Uruguay está caro”, indicó el economista. Un indicador para observar eso es el tipo de cambio real bilateral –una señal de la competitividad de la economía–, que muestra en comparación al promedio histórico que Uruguay está 6% más barato que China, pero 13% más caro que Estados Unidos, 15% que la Unión Europea, 45% arriba de Brasil y 56% frente a Argentina (considerando el dólar blue o paralelo). El desalineamiento actual del tipo de cambio Munyo lo ubicó en 15%.

Pero aparte de esa desviación respecto de otros países, en lo local “todos los costos aumentaron más que el dólar” –comparando la brecha actual respecto del promedio histórico–: los salarios 49%, los impuestos 18%, los combustibles 28% y la energía eléctrica, 36%. “Se mida como se mida, Uruguay está caro”, sentenció.

Tomando ese punto de partida y que a nivel global no se espera un fortalecimiento del billete verde por los niveles de emisión de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? Munyo sostuvo que los cambios anunciados por el Banco Central en materia de política monetaria y el compromiso que asumió de reducir la inflación a un menor nivel hacen prever que “seguiremos estando caros”. Entonces, descartada una devaluación tanto por las condiciones externas como porque la idea no está en los planes del gobierno, el economista aseguró que el camino es “bajar los costos internos y hacer reformas en la economía para que sea rentable producir en Uruguay”.

¿Cuáles son las recetas que propone Ceres para ello? La primera es una “reforma compleja que choca con los intereses del sector político”, que es cambiar el esquema de gobierno de las empresas públicas. Esto en línea con lo planteado en un documento divulgado a fines de 2019 por académicos de diversa índole especializados en la temática. Por lo necesario que es para el sector productivo un descenso de los costos “para competir” en el mundo, Munyo declaró: “Ya no es hacer estas reformas para bajar las tarifas, sino que hay que bajar las tarifas y hacer estas reformas”.

A su vez, consideró que el proceso que desató la ley de urgente consideración y culminará en 2021 –o más adelante si el gobierno establece una adecuación gradual– con un esquema de fijación de precios del combustible previo a la distribución en función del precio de paridad de importación (PPI) es “complejo”. En línea con lo dicho días atrás por las gremiales empresariales, explicó que para llegar al PPI “hay que ponerle precio a un montón de variables y es imposible que no exista una discusión” sobre la metodología, y advirtió que “si ANCAP cuestiona cada precio no habrá una reducción de las tarifas”.

Por otra parte, se refirió al marco de la ley de inversiones, que recientemente el gobierno modificó priorizando aún más la generación de empleo para dar exoneraciones y elevando el nivel de beneficios al que pueden acceder las empresas. Munyo dijo que le “preocupan” dos aspectos del nuevo sistema: que se mantienen “procesos burocráticos” que significan “un costo” que muchas empresas de pequeña o mediana dimensión no pueden asumir, y que no prevé ningún incentivo para las compañías que no generan renta en las actuales condiciones –propuso que pueden deducir los aportes al Banco de Previsión Social o los gastos en energía y combustible–.

Asociado a esto, afirmó que “la generación de empleo tiene otros problemas más allá de los incentivos: la regulación rígida”. Indicó que esa es “la causa principal” de los problemas en el mercado de trabajo y planteó que se deberían actualizar las categorías laborales, rediscutir el régimen de horas extras y la jornada laboral, así como “buscar la forma para que el acuerdo [salarial entre trabajadores y el empleador] a nivel de empresa prime sobre el de rama”. El economista expresó que considera “clave” esta agenda de reformas sobre la regulación laboral, y se lamentó que “no esté puesta con énfasis sobre la mesa”.

A continuación, también mencionó la existencia de “cargas burocráticas que no deben seguir existiendo”, porque complejizan la realización de negocios. Como ejemplo, indicó que el registro de propiedades tiene el doble de procedimientos y costos, sumado a un triple de espera en Uruguay en comparación con los países desarrollados. Algo similar ocurre con los permisos de construcción, el tiempo dedicado a la preparación de las declaraciones de impuestos, y los trámites para importar y exportar –crecen por ocho respecto de los países más avanzados las horas requeridas para los procedimientos en la frontera–.

Otro aspecto en el que subrayó que debe haber avances es en la agenda de inserción internacional, porque “hoy Uruguay paga aranceles muy elevados” para colocar sus productos en otros mercados. Dijo que esto no significa “esperar un TLC [tratado de libre comercio] con China o Estados Unidos”, sino enfocarse en “una agenda microespecífica” de destinos y productos que necesitan mejorar las condiciones de exportación. “Uruguay hace tiempo lo tiene olvidado a esto y no genera una agenda de inserción al mundo”, consideró.

En el cierre, y como corolario de la exposición, el director ejecutivo de Ceres manifestó: “Uruguay está caro y así seguirá. Lo único que queda para un camino de crecimiento es concentrarse en producir con alta calidad. Para eso el contexto externo puede ayudar, pero no alcanza: debemos reducir costos, hacer reformas que son necesarias y urgentes. Es un desafío muy grande, pero vale la pena”.