La comisión de expertos que trabaja en la reforma del régimen previsional —que cuenta con representantes de los partidos políticos y los sectores sociales— viene manteniendo reuniones con distintos actores para realizar el próximo mes un diagnóstico del sistema. Luego tendrá tres meses más para elevar al gobierno las recomendaciones de reforma, que abarcarán no solo al tramo jubilatorio que administra el Banco de Previsión Social (BPS) sino también al régimen de ahorro individual de las AFAP y las cajas paraestatales.

En ese marco, este martes la comisión recibió al directorio del BPS. Previamente, le habían hecho llegar un cuestionario de 12 preguntas sobre temas específicos, y una refería a si el BPS tiene “capacidad operativa para asumir el mantenimiento de las cuentas individuales de ahorro obligatorio en condiciones similares a cómo se realiza actualmente por las AFAP”.

Como en el directorio del BPS hay representantes políticos y sociales, hubo una presentación de las autoridades designadas por el gobierno y luego de los directores por trabajadores, empresarios y jubilados. A pesar de que plantearon matices sobre distintos aspectos, todos coincidieron que el BPS está en condiciones de asumir la gestión de las cuentas individuales de las AFAP.

La consulta al BPS denota que esta opción está dentro del abanico de posibilidades que analiza la comisión de cara a tomar definiciones sobre la reforma del sistema. Un esquema de ese tipo no significa la eliminación de las AFAP, sino que estas empresas mantengan la tarea de rentabilizar el ahorro de los trabajadores y que el BPS se encargue de la parte administrativa —algo que ya realiza hoy para el tramo del régimen que gestiona—.

De hecho, el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, desarrolló esta idea en su libro La era de los nuevos viejos, publicado a comienzos de año. En una entrevista con El País a fines de junio, evaluó que las AFAP “se supone que compiten por afiliados” pero no es así en la práctica, y “cumplen funciones que no son propias de un administrador de fondos, como llevar los registros de la cuenta personal”, por lo que “hay una oportunidad de ver otras alternativas” de diseño.

La directora del BPS, Daniela Barindelli —designada por el Partido Colorado— dijo a la diaria que transmitieron a la comisión de expertos que el organismo tiene “la capacidad operativa para hacerse cargo de la gestión de las cuentas de ahorro individual”, si así se resolviera en una futura reforma del sistema.

El director por los trabajadores, Ramón Ruíz, explicó que de avanzarse en ese sentido el BPS podría “centralizar la administración” de las cuentas de los afiliados a las AFAP y así procurar “reducir los costos del sistema”, que derivan en el cobro de una comisión al trabajador. De esta forma, “el vínculo” dejaría de ser entre las AFAP y los trabajadores, actuando el BPS como una especie de “representante de los afiliados”.

Según Ruíz, que se contemple esta posibilidad por parte de la comisión de expertos “deja en evidencia la preocupación por los elevadísimos costos y lucro del régimen AFAP”, y reclamó “una reforma estructural” del régimen de capitalización individual. A su entender, que exista un pilar de ahorro individual “es necesario, pero debe ser colectivo y administrado por el sector público, sin fines de lucro”. Cuando días atrás acudieron a reunirse con la comisión de expertos, las AFAP privadas solicitaron rever la normativa de 2017 que limitó la comisión que pueden cobrar a los afiliados.

A su vez, el director por los empresarios, Javier Verdino, expresó a la diaria que “el BPS ha demostrado capacidad operativa” y podría “realizar trabajos” de administración de las cuentas individuales. Por otra parte, informó que los empresarios plantearon algunas preocupaciones en su presentación ante los técnicos que trabajan en la reforma previsional: la “flexibilización” de los requisitos para acceder a una jubilación; las condiciones desiguales entre hombres y mujeres para obtener una pensión por fallecimiento del cónyuge; los efectos por los servicios con aportes bonificados (como los docentes); y los beneficios que se brindan a quienes se jubilan por incapacidad física.