En la amplia y variada lista de asuntos que el sistema político decidió dejar para luego del referéndum del domingo están al tope en relevancia los relacionados con la seguridad social: la reforma integral del sistema, es decir, los cambios legales –con efecto a mediano y largo plazo– en el tramo del Banco de Previsión Social (BPS), el pilar individual de las AFAP y las cajas de colectivos específicos, y, en agregado, un cambio más próximo y urgente en sus efectos que tiene que ver con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, un subsistema que agrupa a más de 150.000 personas.

La caja tuvo hace poco elección de autoridades, instancia marcada por la grave situación financiera que atraviesa y la advertencia de que el déficit operativo que arrastra desde 2014 –paga más de lo que ingresa– dejará sin reservas a la entidad en 2024. De allí surgió un nuevo directorio, con fuerzas divididas y sin un oficialismo con peso propio para impulsar medidas. Entonces, el rol del gobierno cobra más fuerza de lo habitual, ya que con sus dos representantes en el directorio puede dar la mayoría necesaria para los cambios; la otra opción es que tres corrientes distintas –con sus respectivas alianzas internas– se pongan de acuerdo sobre el futuro de la caja, algo que no ocurrió en el directorio años previos.

Las negociaciones ya comenzaron y hay una serie de posibles medidas sobre la mesa, que se cuantificaron y elevaron para tener la visión del gobierno. La presidenta de la institución, Virginia Romero, ya adelantó que ninguna es agradable para los oídos de los profesionales, aunque hay algunas que desatan mayor polémica, por ejemplo, la posibilidad de que los socios inactivos deban hacer un pago anual. Por este motivo, hay grupos de socios que comenzaron a reunirse y planificar futuras acciones, preocupados por estas medidas.

Para el martes había pactada una reunión clave entre el directorio y el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por su rol institucional y también por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), como puntal de la visión económica. Sin embargo, Subrayado informó que se decidió dejar la instancia para la semana siguiente. Ya luego del referéndum, el gobierno transmitirá su posición al directorio y comenzará a vislumbrarse el camino de corto plazo que atravesará la Caja de Profesionales en busca de ingresos que le permitan revertir el desequilibrio financiero que sufre.

Pero la etapa de cambios, que será costosa en términos de negociación política y reformas económicas, no termina ahí y casi que inmediatamente –suponiendo el mejor de los escenarios que proyecta el gobierno– la Caja de Profesionales será parte de la discusión de la reforma integral de la seguridad social, en que el oficialismo promueve como idea madre de largo plazo la convergencia de todos los sistemas, es decir, que los nuevos trabajadores ya no aporten a cajas específicas sino al BPS y la AFAP.

No está claro ni ha sido explicitado si procesar estos cambios en dos etapas fue parte de un plan estratégico o una necesidad por los tiempos político-electorales, ya que sin referéndum el gobierno pensaba en estos momentos estar discutiendo en el Parlamento la reforma previsional de todo el sistema, dentro de lo que podía introducirse el debate más urgente sobre la entidad paraestatal. Sea por una cosa u otra, lo cierto es que la Caja de Profesionales y su cambio de reglas serán un tema de debate social y económico que se extenderá en el tiempo.

Discusión a medida

Para situar en jerarquía ambos procesos, del primero depende la viabilidad próxima de la Caja de Profesionales, vista la necesidad de hacer crecer de algún modo sus ingresos y de tener un flujo de egresos fijo por las pasividades que paga, y de los cambios paramétricos en las reglas para acceder a una jubilación depende la viabilidad de mediano y largo plazo de la institución, ya que hay especialistas que entienden que las condiciones actuales son insostenibles.

Para el economista especializado en seguridad social Álvaro Forteza, que integró la comisión que diagnosticó y realizó recomendaciones para la reforma previsional en representación del Partido Independiente, si bien la Caja de Profesionales ha tenido “problemas de gestión” que frenaron cambios necesarios, “los problemas fundamentales son estructurales”. Ante la consulta de la diaria, el profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República dijo que “los regímenes de reparto y sin equidad actuarial [como este] tienen frecuentemente tendencia al desfinanciamiento” y “finalmente terminan requiriendo apoyo del Estado”.

En su opinión, no habría que habilitar “sistemas de pensiones para colectivos relativamente pequeños que no estuvieran financiados” por los propios aportantes y debería exigirse una “equidad actuarial”, esto es, que “la suma de lo que la persona recibe [al jubilarse] sea igual a lo que aporta”. En ese sentido, Forteza sostuvo que la entidad es “un régimen híbrido, ya que las contribuciones no son suficientes para financiar las prestaciones” y hay “aproximadamente un tercio de sus ingresos provenientes de gravámenes [como en los timbres profesionales]”.

Según las reglas vigentes, los afiliados no aportan en función de sus ingresos reales sino a través de una escala de fictos que tiene diez niveles, y para el cálculo jubilatorio se da relevancia a los últimos tres años de aporte de la persona, por lo que es habitual contribuir por una determinada franja y cerca del retiro elevar la categoría. Así, los afiliados terminan percibiendo una retribución mayor al flujo total de sus aportes, a lo que se suma que en muchos casos se trata de una segunda jubilación, además de la del BPS.

Otro asunto clave y en pleno debate dentro del laberinto de discusiones de la Caja de Profesionales refiere a los egresados universitarios que trabajan en relación de dependencia y no están obligados a aportar. Este grupo de socios inactivos son unos 80.000, contra 60.000 aportantes, que en 45% lo hacen de forma voluntaria –no son independientes, sino que aportan ya al BPS–.

Mientras tanto, el número de egresados universitarios creció 64% entre 2004 y 2017, pero la opción de afiliarse no resulta atractiva, ya que en la última década la entidad tuvo un mayor crecimiento del número de jubilados (35%) que de nuevos aportantes (22%).

Forteza advirtió al respecto: “Si los actuales activos deciden en proporciones crecientes no declarar ejercicio, entonces la caja se desfinancia. El financiamiento de reparto falla cuando el colectivo cubierto se achica o no crece lo suficiente, ya que se reduce el número de activos para financiar a cada pasivo”. Hay estimaciones, indicó, de que el actual diseño lleva a que “las contribuciones realizadas a lo largo de la vida dan en promedio para financiar la mitad de las jubilaciones que se cobran”, una ecuación que evaluó como “insostenible”.

Ese desbalance está detrás de la pérdida de reservas de la última década, que evolucionó en paralelo a la imposibilidad de procesar reformas por los andamiajes internos, que llevaron a que cada nuevo directorio arranque de cero y termine el período sin lograr consensos. Al menos desde inicios de la década pasada hay informes que advertían la necesidad de una reforma paramétrica, la que no se encarará en la primera etapa de medidas sino dentro de los cambios generales al sistema de seguridad social, con el riesgo de sus tiempos políticos.

En el corto plazo existe una batería de medidas cuya viabilidad el directorio aprobó analizar en diálogo con el Ejecutivo, sin que necesariamente tengan consenso para ser aprobadas a la interna de la caja. Romero, la presidenta de la entidad, dijo días atrás a la diaria que las tres medidas más probables son subir en 1,5 puntos porcentuales –de 16,5% a 18%– la tasa de aportación, con base en el sueldo ficto de los activos, poner una tasa extra a los pasivos, que se estima en 7% en promedio, y aumentar el costo de los timbres profesionales para que llegue más dinero a la caja por ese concepto, que implica casi un tercio de la financiación.

“La Caja de Profesionales no tiene los mismos tiempos que otras cajas paraestatales o el BPS, por eso nosotros estamos separados de la reforma de todo el sistema”, manifestó Romero. Además, planteó que el gobierno es “consciente” de la urgencia del asunto y se espera aprobar alguna de las medidas “antes de junio”, con lo que la entidad podría asegurar su funcionamiento hasta 2026 para luego de esta primera etapa discutir cambios estructurales.

Lo inevitable

“La situación es grave. Las jubilaciones y pensiones deben seguir pagándose. Si la Caja de Profesionales no puede hacerlo, cosa que ocurrirá muy pronto, creo que será inevitable que el Estado asista a la institución. Las medidas de fondo seguramente van a tomar algo más de tiempo. Por eso creo que un salvataje puro y duro es inevitable”, expresó Forteza.

El especialista planteó que más allá de eventuales “medidas inmediatas” que puedan tomarse –“probablemente sea inevitable pedir alguna contribución a los pasivos”, señaló–, en materia previsional “los ajustes financieros nunca son inmediatos”. Dentro de los cambios estructurales, entiende que “habría que redefinir el programa para que los futuros pasivos reciban, en promedio, lo que aportaron, ni más ni menos”, y para ello se requeriría trazar un período de transición entre las reglas actuales y las nuevas, que serían menos generosas.

“Pienso que, siendo realistas, a lo más que se puede aspirar es a que la Caja de Profesionales llegue a ser un régimen de reparto, si es posible, con algún pequeño componente de ahorro individual. Lo más lógico sería que convergiera al régimen mixto de BPS y AFAP-aseguradora. Hay, además, razones de igualdad”, concluyó Forteza.

Esa línea también fue incorporada en las recomendaciones de la comisión de expertos, que fueron votadas por los representantes del oficialismo y la delegada del sector empresarial. En el documento hay una visión crítica del artículo 71 de la ley vigente para la caja, que establece un gravamen por recetas médicas, informes y estudios de otras variadas profesiones que deben pagar los usuarios, y se aconseja “evitar la creación o el aumento de materias gravadas ajenas a los afiliados para financiar regímenes especiales de seguridad social”.

Para los expertos del oficialismo, “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”. El informe con recomendaciones surgió antes del acto electoral en la Caja de Profesionales y contiene críticas a la propuesta de recibir un préstamo del Estado que hizo el anterior directorio. Entre otras cuestiones, se veía de forma negativa que la entidad pidiera recursos sin procesar cambios en los beneficios vigentes a la interna.

La nueva gestión ya dio pasos en ese sentido y tomó medidas para las que no requería cambios legales: eliminó por completo el pago extra por gastos de salud que recibía hoy una parte de los pasivos, beneficio que se había eliminado en 2016 para las jubilaciones por encima de un monto determinado –al valor actual, 54.685 pesos–, así como también un extra por igual concepto a los mayores de 75 años; adicionalmente, se dejó sin efecto un beneficio que sobrevivió a los cambios de 2016 que permitía dar a los jubilados un aumento adicional al establecido por el índice de salarios –variable de ajuste constitucional– si la caja tenía disponibilidad financiera. Sobre esto último, en 2020, y pese a la fragilidad en las finanzas, el directorio renovó el beneficio, que rige hasta 2022 y ahora no será continuado.

En paralelo, según supo la diaria, hay conversaciones entre la OPP y la Caja de Profesionales por el nivel de los salarios dentro de la institución paraestatal, ya que un artículo de la ley de presupuesto topeó las remuneraciones en la función pública. Algunos de los actuales integrantes del directorio, así como usuarios y actores políticos, en la campaña cuestionaron los altos sueldos que paga la entidad –más de 600.000 pesos al gerente general, más de 300.000 a los cinco gerentes y 200.000 pesos al presidente–. Según informó Búsqueda, Romero rechazó su ajuste salarial anual de 7% y entre los directores se conversó sobre dar “una señal” donando una parte de la remuneración.

Volviendo a las recomendaciones del oficialismo, se subraya que como “la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”, la Caja de Profesionales debe delinear “un nuevo plan de beneficios y financiamiento en que se mejore y mantenga en el tiempo el nivel de solvencia para la institución”, así como “evaluar escenarios en los que se estimen los impactos del tránsito hacia la aportación por la remuneración realmente percibida y no por esquema de fictos”.

Esos son algunos trazos de cara a la reforma de largo aliento que deberá resolverse en la arena política, un tema que es seguido con atención desde el Frente Amplio (FA), pero interpretando que el gobierno es mano en asuntos de este tipo por sus mayorías. Meses atrás, el exministro y representante de la oposición en la comisión de expertos, Ernesto Murro, manifestó que los ojos del debate público deberían centrarse en la reforma de la Caja Militar y los impactos de los cambios que pretende el gobierno en el régimen general del BPS. Murro recordó que en 2008 cuando se reformó la Caja Bancaria la situación financiera era aún más agobiante y en filas del FA mencionan ese proceso como un potencial camino a seguir, cuando se incorporó un componente de financiación externa que depende del nivel de activos de los bancos.

Como es costumbre, los tintes ideológicos también guían las discusiones técnicas y la preferencia por una vía de financiación u otra, sabiendo de antemano que ninguno será libre de esfuerzos –para los profesionales seguro y puede que en parte para el resto de la sociedad por vía indirecta–. La solución para el caso de la Caja de Profesionales se verá a dos tiempos, el primero será más próximo e individual y el segundo, colectivo y de largo aliento. Resta ver cómo procesará esos debates el sistema político y el nivel de sintonía que logren esas medidas entre los colectivos afectados, ya que de la comprensión y la credibilidad en el proceso dependerá el nivel de adhesión y aporte de los actuales y futuros egresados universitarios, que son la pieza clave para pensar en la sustentabilidad del subsistema.