Como todos los meses, el Banco Central del Uruguay (BCU) realizó sus dos encuestas de expectativas, sintetizando las últimas proyecciones de los analistas en materia de actividad económica y precios.
Expectativas de actividad
En el caso del primer relevamiento, que captura las estimaciones de 25 instituciones sobre el crecimiento del PIB, la actualización de los datos no trajo ninguna novedad con relación al panorama que se desprendía del relevamiento anterior. En efecto, las estimaciones se mantuvieron incambiadas para los tres horizontes temporales que se incluyen en la encuesta.
Por un lado, la mediana de las respuestas de los agentes encuestados, que surge de ordenarlas desde la más baja a la más alta y tomar la que queda en el medio, continúa anticipando un crecimiento en el entorno del 2,5% para este año, lo que implica una moderación con respecto a la tasa de expansión anual que exhibió la economía en 2024 (3,1%).
El diseño de la encuesta explicita también las respuestas mínimas y máximas de los 25 analistas que participan en el cuestionario, permitiendo analizar la dispersión de las estimaciones, que varía en amplitud dependiendo de cuál sea el grado de incertidumbre del escenario de proyección. En este caso puntual, el analista más pesimista estima una expansión de apenas 1,8% para este año, en contraste con el 3,1% proyectado por el más optimista (la encuesta sólo permite visualizar la respuesta, sin identificar la institución asociada).
Lo mismo sucede en el caso del próximo bienio, dado que las estimaciones continúan apuntando a un crecimiento del 2% anual, tanto para 2026 como para 2027. En este caso, la respuesta mínima sugiere que el crecimiento no superaría el 1,4% en ninguno de los dos casos, mientras que la respuesta máxima ubica la cota superior de la expansión económica en 2,9% para 2027 (2,8% en el caso de 2026).
Como ha enfatizado reiteradamente el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “el corazón de la política económica es el crecimiento” y el desafío central es alcanzar tasas más ambiciosas durante el próximo quinquenio. Esto requiere, entre otras cosas, apuntalar la inversión, que actualmente representa cerca del 16,2% del PIB. “En la actualidad, el país está cuatro puntos por debajo de ese objetivo, por lo que es necesario alcanzar niveles de inversión similares a los de 2012 y 2013”. Para esto es necesario que la inversión pública alcance los 4.000 millones de dólares anuales y la privada se aproxime a los 12.000 millones de dólares.
El martes, con motivo de la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, Oddone expuso ante más de 300 empresarios uruguayos y españoles y señaló que los objetivos del gobierno en la órbita de la inversión pública están estructurados en torno a tres ejes. Por un lado, la logística, orientada a mejorar el acceso a mercados y capitalizar la ubicación geográfica. Por el otro, el agua, que supone fortalecer la diversificación del acceso en el área metropolitana y la optimización del sistema de riego. Finalmente, el tercer eje es la energía, es decir, “exportar sol, agua y recursos naturales”.
Con el mismo foco, el equipo económico anunció semanas atrás una serie de medidas orientadas a la facilitación de los procesos de comercio exterior y el fomento de las inversiones mediante una mayor eficiencia regulatoria. Según aclararon las autoridades, este paquete forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas que se irán anunciando más adelante con el objetivo de introducir reformas de carácter microeconómico para apuntalar las capacidades productivas del país y abaratar los costos.
En esa dirección también se orientan las iniciativas que fueron anunciadas a principios de junio, que tenían por objetivo mitigar los problemas derivados del diferencial de precios con Brasil.
Expectativas de inflación
En materia de precios, el nuevo relevamiento de expectativas volvió a pautar una mejora para los tres años que contempla el horizonte de proyección, en línea con la tendencia de los últimos meses.
Para este año, la inflación proyectada por los analistas (sintetizada en la mediana de las respuestas) pasó del 5% al 4,7%, acercándose así a la meta puntual establecida por la autoridad monetaria (4,5%). En el caso de 2026, la mejora frente al relevamiento anterior fue de tres décimas, lo que sitúa la estimación puntual en el entorno del 5%, nivel en el que se mantendría también durante 2027 (5,1%).
Este nuevo recorte de las estimaciones por parte de los analistas está en línea con lo que se desprende de los relevamientos realizados entre los empresarios y también del que surge de los mercados financieros. En este sentido, las expectativas comienzan a internalizar un escenario de precios más anclado a la meta concreta, lo que sugiere una mayor credibilidad sobre el accionar de la política monetaria.
Más allá de esto, hay que tener presente que la inflación subyacente (que excluye los precios más volátiles de la canasta) se mantiene cercana al 5%, que el proceso de desinflación ha sido asimétrico y ha estado muy influido por la apreciación del peso uruguayo (caída del tipo de cambio) y que, si bien las expectativas de todos los agentes han caído de manera importante, continúan por encima del objetivo del 4,5%.
Esto es clave de cara a las negociaciones que se enmarcan dentro de la 11ª ronda de los Consejos de Salarios, dado que los aumentos previstos para el poder de compra durante el próximo bienio están condicionados al cumplimiento de ese objetivo (dado que se estipulan ajustes nominales con periodicidad semestral).
Como fue analizado en las dos ediciones anteriores de este suplemento,1 la primera franja definida por el Poder Ejecutivo en el diseño de sus lineamientos (que es la que nuclea a los trabajadores con salarios más bajos) prevé un incremento del salario real superior al 4% durante los dos años de duración del convenio, mientras que para la segunda ese incremento es del 2%. En el caso de la última franja, que aplica para los trabajadores con ingresos salariales superiores a 165.288 pesos nominales, las pautas no contemplan variaciones del poder adquisitivo (el incremento nominal previsto empata con la inflación proyectada).
En suma, dado que se trata de ajustes nominales, el aumento del poder de compra de los salarios está supeditado a la capacidad del BCU de encauzar la inflación hacia la meta. Lo que parece menos probable, no obstante, es la aplicación de los correctivos, que sólo están contemplados para las dos primeras franjas (y además incluyen un rango de tolerancia que varía de 0,5% a 1% entre la primera franja y la segunda).