La educación es un tema en el que nadie disiente: todos coincidimos en su importancia y trascendencia para los individuos, las sociedades y su aspiración de desarrollo. A lo largo de miles de años, la educación ha tenido un objetivo fundamental: lograr que la persona sea mejor en su desarrollo, en su vida personal, en su vida en sociedad.

En Uruguay, la educación pública ha cumplido un papel relevante en los procesos de integración y movilidad social, en la formación cívica, y se ha constituido asimismo como uno de los sistemas de prestación social más universal. Por lo tanto, no está en duda la necesidad y las posibilidades que la educación brinda como expansor de libertades y capacidades, pues indudablemente contribuye al desarrollo.

La educación pertenece a la civilización y viceversa. Dado que la civilización empezó a manifestarse en las ciudades, es en estas donde produce la convivencia y la necesidad de vivir con otros. La educación se aprendía en y para la mejor convivencia desde los tiempos más remotos. La educación es capaz de tender grandes puentes entre los individuos y las sociedades; pero han sido los maestros quienes la han hecho posible hoy y siempre, desde la antigüedad. Miles de tablillas de barro con la escritura cuneiforme de los sumerios -la primera escritura de en historia del ser humano- así lo demuestran.

En el presente artículo se pretende establecer, a nuestro entender, cómo debería darse el debate educativo en Uruguay, a la luz del proceso que han realizado varios países de América Latina hasta concebir a la educación como un derecho fundamental. Este proceso, siempre y en todos los casos, se ha producido vinculado estrictamente con el contexto político, y no en todos los casos en forma lineal.

Se han realizado diferentes estudios comparativos de estas realidades y de estos procesos. Lo que hay en común en ellos es el punto de partida, que es lo que da impulso al inicio de esos procesos de consolidación de derechos, y tiene que ver con el proceso hacia el fin del neoliberalismo en casi todos los países, con el fin de gobiernos antidemocráticos que aplicaban políticas de corte neoliberal, y las políticas educativas no estaban excluidas de ello. Se establece una progresiva consolidación del enfoque de derechos frente a la tendencia mercantilista impulsada por el neoliberalismo.

Es así que organismos internacionales y regionales impulsan o acompañan procesos de debates acerca del derecho a la educación y la definen como bien público. También innumerables tratados ponen a la educación como prioridad, y los países suscriben compromisos. Esos compromisos pasan a ser derechos sociales como ejercicio de la ciudadanía; de esto se desprenden dos principios: uno que sostiene que todos pueden ser educados a lo largo de toda la vida; y otro que dice que todos deben ser educados.

Al producirse el proceso de cambio hacia la educación como derecho se amplía el ciclo de educación media, generando nuevos desafíos. Se modifican la formación, los currículos, la capacitación docente y las políticas de evaluación de la calidad educativa.

Este concepto de educación en clave de derechos nos interpela acerca de la educación inclusiva de calidad. Esto supone también una mirada más profunda acerca de la conceptualización de calidad que se basa en su relevancia, pertinencia y equidad.

La relevancia apunta a la conexión con las finalidades educativas, enmarcadas en un proyecto político y social que les dé sentido a las prácticas de aula. La pertinencia supone atender las diversidades de los individuos y de los contextos y la equidad refiere a la igualdad de oportunidades. Estos principios marcan agenda pública en los países de la región, y Uruguay no es ajeno a esto.

Es así que se reconoce el papel de la educación como actor fundamental en relación a la desigualdad social que existe. Las desigualdades sociales tienen efecto directo en las desigualdades individuales, también en la relación con la riqueza de una nación y en la cohesión social.

Esta conceptualización marca un gran cambio en las políticas educativas formuladas por los países de América Latina y el Caribe, reconociendo las diferencias en el proceso.

Aún hoy se reconocen deudas con la educación, pues se sostiene que tiene una misión de justicia. Es por ello que se considera necesario desarrollar estrategias que apunten al concepto más amplio de igualdad. Un concepto que incluya a la igualdad de oportunidades, como la cobertura de necesidades afectivas, y también se necesita tener en cuenta los resultados escolares, pues ambos tienen estrecha relación con condiciones y procesos que se dan en la escolarización.

Si nos enfocamos en las políticas de universalización de acceso al conocimiento, veremos que en Uruguay hubo avances, especialmente en el ingreso de los primeros años de escolarización, sin desconocer que en educación media aún son insuficientes. El debate hoy debería centrarse en torno a si alcanza con dicha universalización en el acceso. Creemos que no, que es necesario que el debate esté centrado en la democratización del conocimiento y se comience a transitar ese proceso.

Claramente, se plantea como proceso, pero se entiende necesario avanzar en este. Esto supone que todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos uruguayos logren una educación integral a lo largo de toda la vida.

Para ello es imprescindible que el país piense en la necesidad de invertir en educación de acuerdo a las necesidades: no menos de 6% del Producto Interno Bruto.

Entendemos que los debates en educación deberían estar centrados en dar respuesta a las carencias que sufren los niños de los quintiles más pobres de nuestra sociedad desde antes de ingresar a la escuela: que se inicie el proceso para garantizar la democratización de la educación, donde claramente todos los actores tenemos un papel crucial para jugar.

La educación pública es compromiso de todos, y tenemos el deber de defenderla.