La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) advirtió en un comunicado que ha recibido consultas y denuncias de personas en situación de discapacidad al tener problemas para inscribirse o permanecer en el sistema educativo formal.

Según afirma en el comunicado, “se ha constatado la existencia de barreras que impiden acceder a ese derecho”. Mariana Mota, una de las directoras de la INDDHH, explicó a la diaria que no hubo un aumento puntual de las denuncias, sino que es algo que se mantiene constante en el tiempo.

Mota indicó que se centran sobre todo en los casos de niños o jóvenes con discapacidad intelectual, más que en los casos de discapacidad motriz, donde el sistema tiene mayores estrategias para la contención.

Según explicó Mota, en muchos de los casos un estudiante se encuentra inserto en un grupo escolar, “pero cuando cambia la dirección o cambian las maestras, la situación se revé y se les plantea a los padres una atención más limitada, con menos tiempo, incluso les han planteado ir a otro centro educativo. Eso genera una inestabilidad en el seguimiento de la atención de estas personas con discapacidad”.

Mota indicó que en algunos casos han podido abordar la situación desde la INDDHH: “Se ha logrado establecer que esos niños tienen que seguir; se logra abrir el diálogo con el centro educativo a ver cómo se resuelve, pero es una situación latente que se repite”. En su opinión, muchas veces la integración de las personas en situación de discapacidad recae en la voluntad de los padres o la disposición de los directores de los centros educativos y no en una política pública que se cumpla en todo el país.

En esta línea, Mota remarcó que “la cuestión no ha sido abordada como una política pública del punto de vista educativo. Las personas en situación de discapacidad intelectual deberían tener la posibilidad de ser incluidas en un sistema educativo, siempre de acuerdo a sus posibilidades, alentando a que puedan rendir de forma máxima, con un acompañamiento y adecuaciones curriculares”.

Protocolo para las situaciones de discriminación

La INDDHH conformó el Grupo de trabajo Discapacidad y Educación, junto con organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado, con el objetivo de generar estrategias para visibilizar y solucionar este tipo de denuncias.

María Josefina Pla es la directora de la INDDHH que participa en este grupo, y según explicó a la diaria, el objetivo es que todos los estudiantes “puedan encontrar ese lugar y que puedan mantenerlo. Entendemos que es un tema muy personalizado, que es difícil decretar algo en común, pero es necesario apuntar a que todos sean recibidos y que toda la clase se vea enriquecida por la participación de todos”.

Según comentó Pla, el protocolo “guía para las situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito educativo” estará terminado a fines de enero y habrá una firma de acuerdo entre todas las instituciones que están trabajando en él. Por el momento el grupo se conforma con representantes de la INDDHH, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la UNESCO, la Universidad de la República y los colegios privados.

Asimismo, Pla adelantó que se reforzará ese protocolo con una campaña de difusión y comunicación. Con eso buscan “empoderar a los padres; queremos que los adultos sepan que sus niños tienen derecho a la educación y que se deben hacer los ajustes adecuados”. Además, también tienen el objetivo puesto en “fortalecer la capacitación de todos los actores del sistema educativo, porque los padres no tienen que hacer todo”.

Con estas acciones buscan que se cumpla el derecho a la educación para todas las personas, sin discriminación, algo incorporado en el primer artículo de la Ley General de Educación. La INDDHH expresa en el comunicado que la protección y exigibilidad de este derecho “es un compromiso que asumimos para acompañar a las familias, recibir sus preocupaciones o denuncias, en especial en este contexto de pandemia”.

Además, la INDDHH “insta al Estado uruguayo a que continúe realizando los mayores esfuerzos para dar cumplimiento a las Recomendaciones Finales realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2016)”.

Entre las principales recomendaciones está “la implementación de un plan con una hoja de ruta para una transición hacia la educación inclusiva de calidad, con capacitación de docentes y disponiendo de los apoyos necesarios”. Asimismo, recomienda “que se lleven a cabo campañas de toma de conciencia dirigidas a la sociedad en general, las escuelas y las familias de personas con discapacidad, con el fin de promover la educación inclusiva y de calidad”.