Directores y responsables legales de los centros de primera infancia se han reunido con autoridades del gobierno en las últimas semanas, preocupados por la situación económica de los mejor conocidos como jardines de infantes de todo el país, y por el crecimiento de la informalidad en el sector. Según confirmó el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, a la diaria, en el área de Primera Infancia “se están empezando a recibir denuncias de cuidados informales”. “Han aumentado los cuidados informales por razones que lamentablemente suceden: muchos trabajadores retornan a trabajar y tienen niños que en algún lado tienen que estar en esas horas”, comentó, y mencionó que algunos de estos cuidados “son remunerados y otros no, pero son igual de peligrosos”.
Andrea Acosta, responsable legal de un centro e integrante de un colectivo de directores de centros de primera infancia que ha mantenido contactos y reuniones con la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Secretaría Nacional de Cuidados, informó que hay 349 centros habilitados en el país, que reúnen a cerca de 3.600 trabajadores y unos 16.000 niños de hasta cinco años de edad.
Acosta señaló que como hay muchos padres “que siguieron trabajando o que ahora empezaron a trabajar, se están abriendo lugares informales: la señora que cuida en la casa y de repente tiene cuatro o cinco chiquilines. Es un trabajo informal, sin preparación como nos piden a nosotros, y como les pagan menos estamos en peligro nosotros de perder la fuente laboral”.
La educadora explicó que los centros atienden familias de sectores afectados por la situación económica, que “en algunos casos, con mucha dificultad, nos han abonado la mitad de la cuota, pero muchos no pueden pagar”, por lo que para la mayoría de los centros se está haciendo imposible cubrir los costos. Acosta señaló que en Tacuarembó y Maldonado hubo algunos que ya cerraron, y estima que “si no reinicia pronto la actividad, otros centros van a cerrar porque no se puede pagar el alquiler”. Los centros ya elevaron una propuesta con medidas de seguridad al MEC, “y esperamos que nos convoquen para ver cuándo abrir”, señaló.
Situación laboral
Además de las dificultades económicas de los centros por la falta de pago de las cuotas, a la situación laboral de la educación privada en general se suma que es un sector en el que es difícil aplicar el beneficio del seguro de paro, debido a dos restricciones del subsidio: no pueden acceder quienes tienen otro empleo público (algo muy usual entre los trabajadores de la educación), y los trabajadores deben tener un mínimo de seis meses o 150 jornales de trabajo. Según explicó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Summaruga, hasta este martes había unos 5.500 trabajadores afiliados en el seguro de paro: durante todo marzo fueron 2.700 los trabajadores enviados al subsidio por desempleo, mientras que sólo en el primer día de abril la cifra llegó a 740, tanto de colegios como de centros de primera infancia. “Este comportamiento se va a replicar en mayo, va a ser mayor la cantidad de envíos”, evaluó.
En una reunión que mantuvieron el 3 de abril con el MTSS, el Sintep y las asociaciones de colegios privados plantearon al gobierno el problema jurídico en relación con el subsidio por desempleo, e incluso se presentaron alternativas para su modificación. Según Sommaruga, la normativa “faculta al MTSS a establecer regímenes especiales para circunstancias especiales”, cambios que se pueden adoptar por decreto, como fue la creación del seguro de paro parcial. Según el dirigente, la reunión “fue positiva”, pero desde entonces “no hemos tenido ninguna señal del MTSS para encarar esa situación. Mientras más tiempo se demora en encontrar la solución, más angustia y más inestabilidad se genera”, apuntó.
Baroni señaló que la solución jurídica para lograr esa modificación al régimen del seguro de desempleo se está trabajando junto con el MTSS, en el entendido de que “el sector educativo es el más perjudicado”, pero advirtió que “lleva tiempo, porque son modificaciones transitorias importantes”.
Reapertura
Baroni reconoció que es “una posibilidad cierta” la reapertura de los centros de primera infancia en el marco las fases de retorno a la actividad que está manejando el gobierno: “Son una prioridad en esta discusión, pero hay un tema sanitario que es prioritario, lo que justamente estamos evaluando que va acompañado por temas sociales, como la informalidad”. El director de Educación dijo que es “más que entendible la preocupación por el cierre de los centros, que además si cierran generan otros problemas en general para atender esa demanda”, y aseguró que están en consulta “con todos los actores educativos, analizando propuestas de salida y planteos sanitarios”. Sin mencionar plazos, aseguró que el retorno será “progresivo” y con “protocolos sanitarios validados por el Ministerio de Salud Pública”.
Al respecto, Sommaruga señaló que los trabajadores “tenemos una voluntad inmediata de reintegro, porque es donde la relación pedagógica se da”, pero aseguró que “quien tiene que dar la orden es la autoridad sanitaria, no las necesidades empresariales, que las entiendo, pero no es el momento de anteponer la economía a la salud”.