Los representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) volvieron a insistir este martes en que se revise la decisión de que el 22 de abril regresen las clases presenciales en 973 escuelas rurales del país, en una reunión que tuvieron con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En particular la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP) ha planteado que no están dadas las condiciones para movilizar a unos 1.500 docentes y 13.500 estudiantes. Elbia Pereira, secretaria general de la FUM-TEP, aseguró que “se toma a las escuelas rurales públicas como si fueran uniformes; no se considera la movilidad de la población que implica, muchos de ellos en transporte colectivo, y que hay una gran cantidad de escuelas que no tienen auxiliar de servicio, por lo que no se garantiza la higiene adecuada en un contexto de contagio del virus”.

La reunión de este martes con el Codicen fue “en buenos términos, de diálogo e intercambio en la búsqueda de construcciones”, comentó la docente, que de todas maneras aseguró que le manifestaron también la molestia porque el tema no fuera tratado, antes de los anuncios, en una comisión bipartita.

Según Pereira, el Codicen “reconoce y comparte con nosotros estas características de las escuelas rurales”. Además, el organismo informó que ante un planteo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) sobre cuáles serían las condiciones para retomar las clases, se trabajó en conjunto con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) en una propuesta que surgió “de una definición del Poder Ejecutivo de comenzar por las escuelas rurales”. Por eso, el planteo de revisar la decisión se volverá a discutir este miércoles a las 13.30, en una reunión entre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, las autoridades del Sinae (que dependen de Presidencia), el Codicen y una delegación del PIT-CNT, integrada por José Olivera y Pereira por la CSEU. Para el encuentro se contará con un relevamiento que está haciendo el CEIP sobre las condiciones de cada una de las 973 escuelas rurales.

Pereira manifestó que no plantearon alternativas de retorno a las clases presenciales, pero sostuvo que si los convocan podrían proponerlas. “Si no hay un ámbito con los actores que debieran estar, es decir, los trabajadores, no estamos dispuestos a trabajar. Queremos estar en las decisiones”, afirmó la dirigente sindical, que manifestó que “cree en la buena fe” para encontrar un acuerdo.

En paralelo, la FUM-TEP, la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy) y la Federación Médica del Interior (Femi) solicitaron una reunión a Presidencia de la República para tratar este tema. El día que se retomen las clases, algunas medidas de seguridad podrían ser que los docentes y funcionarios que vayan a las escuelas se movilicen en transporte de ANEP y que, si viven en ciudades con presencia del virus, sean testeados.

Pereira insistió en que es necesario tener en cuenta la “imposibilidad del distanciamiento social entre los niños y su maestro”, y pidió que se valore que los maestros “pertenecen a las comunidades, que las van a estar viendo como posibles enemigos, como vectores de transmisión: en localidades donde no está el virus esto puede generar lo que pasó en los balnearios, con el agravante de que la escuela pública es el centro identitario de las comunidades rurales”.