El presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para los próximos cinco años se debate a la interna del sistema y en diálogo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El miércoles la OPP entregará oficialmente las líneas presupuestales que proyecta para la ANEP y a partir de entonces comenzará un trabajo con los consejos desconcentrados, la dirección sectorial de planificación educativa y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) para definir prioridades.

La primera línea que bajó el Ministerio de Economía y Finanzas es la del Decreto 90/20 que impone una reducción de 15% en el gasto de la administración pública. La ANEP todavía no tiene definido qué va a hacer con esa exhortación; sin embargo, para los consejeros representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) no se puede aplicar en este ámbito. “No es una reducción que se pueda hacer en la ANEP”, opinó Juan Pérez y con él coincidió Óscar Pedrozo.

Pérez agregó que no tiene “claro” si la ANEP va a ir por un camino de recortes. “Hasta donde yo entiendo, se trabaja sobre una línea de redistribución del gasto, no de reducción”, dijo. Esto permitiría mantener algunos de los proyectos que ya están en marcha y proyectar otros, pero “todo dependerá de lo que diga la OPP, porque es con eso que vamos a trabajar”, afirmó por su parte Pedrozo.

Actualmente los salarios se llevan 91% del presupuesto de la ANEP, según detalló Pérez. Esto a su entender implica necesariamente un aumento del presupuesto para los próximos años. “Si se piensa generar cambios en la política educativa es necesario tener más margen que el que tenemos ahora”, dijo.

Son varias las áreas en que al Codicen le parece oportuno invertir. Aunque no estén definidas formalmente Pedrozo adelantó que “las líneas de trabajo pedagógico, la formación docente, el fortalecimiento de la educación media y nuevas estructuras” serán algunos de los focos con que se empezará a mirar las cifras.

Asimismo, está sobre la mesa la posibilidad constitucional de que el Codicen presente en el Parlamento un presupuesto propio, que complemente al del Poder Ejecutivo, para que los legisladores tengan otra visión de los problemas y proyecciones de la ANEP. Según indicó Pérez, esa opción todavía no se discutió a la interna del Codicen, pero se definirá en las próximas semanas.

PPP en la mira

Uno de los puntos relacionados con el presupuesto que está en cuestión es la concreción de los proyectos de participación público-privado (PPP) a los que se había comprometido la administración anterior. Tanto la primera como la segunda etapa ya tienen su contrato firmado. La tercera etapa, que implica 27 centros CAIF y 15 escuelas, tiene un adjudicatario designado provisoriamente, mientras que la cuarta etapa, con 42 liceos y 16 centros de UTU, aún está en proceso de evaluación de postulantes.

Estos contratos de PPP suponen que el adjudicatario queda encargado de la construcción del edificio, de su equipamiento y de determinados servicios una vez que esté operativa la obra. Esto incluye el mantenimiento general, el reemplazo de daños, la reposición de equipamientos y la limpieza. A cambio, la ANEP paga mensualmente al contratista por disponibilidad desde que se entrega la obra y por 22 años. Luego de ese plazo, la obra queda en manos de la ANEP.

Según explicó Pedrozo, la continuidad de las etapas de proyectos de PPP está sujeta a las “definiciones de la OPP”. Afirmó que con esas definiciones se establecerán prioridades en las obras, aunque adelantó que se concentrarán “en lo que hace a las obras de mantenimiento” y “aquellas que realmente responden a necesidades”. El consejero aseguró que “no se descartan las obras de PPP, pero sí se tendrá que analizar la modalidad, porque tal vez se puedan financiar con presupuesto de la ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo que no implica un pago constante por 22 años”.

Pedrozo dijo que “hay que priorizar cuáles sirven”, y que aunque “no se descartan las PPP, cada consejo debe tener en cuenta la realidad del momento”. Agregó, a modo de ejemplo: “Estamos abriendo algunos jardines en los que tenemos menos grupos, por lo tanto, algunas partes están vacías, aunque, claro, eso no significa que no se llenen en los próximos años”.

Sobre este punto, el consejero de Primaria Pablo Caggiani afirmó que “los 50 jardines que quedaron en ejecución tienen un estudio previo sobre dónde ubicarlos en base al censo y la baja en la natalidad de los diferentes barrios”. Además, dijo Caggiani, “en los últimos 30 años la política educativa fue la de aumentar el tiempo pedagógico, con estos jardines”, y agregó: “Vamos a poder sacar grupos que antes estaban en las escuelas para que, justamente, las escuelas puedan aumentar su tiempo de trabajo”, aunque esto viene condicionado por la aprobación de un aumento en el presupuesto que permita pagar los nuevos cargos docentes y no docentes para abrir esos grupos.

Sobre los jardines, Caggiani apuntó que se crearon con el objetivo de llegar a universalizar el nivel 3, que actualmente ronda el 80% de cobertura, aproximadamente; el objetivo con estas obras es que puedan albergar a los niños de tres años que todavía no llegan a la educación formal pública.