El próximo lunes 5 de abril terminan las vacaciones y vuelven las clases, aunque no las presenciales. A diferencia del año pasado, cuando la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) suspendió la presencialidad y también la obligatoriedad, este año el nuevo protocolo incorporó la obligatoriedad.

Si bien se había suspendido la obligatoriedad en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de marzo, la vigencia de la medida fue hasta el 26 de marzo, apuntó el presidente de la ANEP, Robert Silva, por lo que desde la próxima semana la educación vuelve a ser obligatoria, aunque la presencialidad esté suspendida.

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) se manifestó este miércoles “de acuerdo” con la suspensión de la presencialidad en todos los centros educativos del país, debido a la situación sanitaria y “tomando en cuenta los informes de las gremiales médicas y las posiciones de varias de nuestras filiales”.

En un comunicado público, reclama que los directores y auxiliares de servicio “no deben ser convocados a partir del 5 de abril a concurrir a los centros educativos en forma presencial, ya que el vínculo con la comunidad, con docentes y funcionarios, en estas circunstancias, se puede cumplir desde la virtualidad”. Por eso exige al Consejo Directivo Central de la ANEP que se “concrete una instancia de diálogo y negociación”, como se ha solicitado en varias oportunidades.

Por su parte, las organizaciones que nuclean a docentes de educación media plantearon las dificultades que existen para mantener las clases virtuales. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) consideró que existe una “improvisación absoluta” en este tema. “ANEP propone virtualidad obligatoria, una nueva medida contra los más pobres. Basta de atentar contra el derecho a la educación y convoquen a las organizaciones representativas de los trabajadores a un verdadero diálogo”, escribió la federación en su cuenta de Twitter.

La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), en la misma línea, manifestó su rechazo a la medida: “No todos tenemos los recursos para las clases virtuales, además bajos salarios, muchos con pocas horas elegidas, adscriptos sin cargos, educadores con mitad de horas respecto al 2020. Es imposible hacer obligatoria la virtualidad”, opinó el gremio en la red social.

Este viernes, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) sostuvo en un comunicado que las decisiones adoptadas por los jerarcas de la educación “evidencian improvisación” y “afectan el derecho a la educación, en especial a los sectores más pobres de nuestra sociedad”. “Ejemplo de ello es haber establecido la no obligatoriedad de asistir a clase, y ahora, la obligatoriedad de participar de la virtualidad sin garantizar las condiciones que lo posibilite y no contradiga el principio de gratuidad; no haber previsto en tiempo y forma la alimentación escolar desde el día uno en que se determinó la suspensión de la presencialidad; imponer la asistencia a los centros educativos a equipos directivos y otros funcionarios, muchos de los cuales deben trasladarse incluso en transporte interdepartamental, cuando lo que se busca es reducir la movilidad”, enumeran los sindicatos.

Finalmente, reclaman la instalación de ámbitos de diálogo y cuestionan que, “en momentos donde la situación sanitaria se agrava, los jerarcas de la educación generen desde las redes sociales y los medios de comunicación la confrontación y el ataque a los trabajadores del sector y sus organizaciones representativas”. La CSEU nuclea a AFUTU, Fenapes y FUM-TEP, entre otros sindicatos.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini recordó que en 2020 planteó una minuta en el Parlamento para que se pudiera asegurar el acceso a internet a docentes y estudiantes, y afirmó que “la obligatoriedad va de la mano de la gratuidad, o no existe”. El tuit provocó un intercambio con el director de Educación, Gonzalo Baroni, que recordó que desde 2020 existe el Plan ANEP de Antel para docentes, por el cual se recargan gratuitamente 40 gigas por mes a los usuarios, y mencionó que las videoconferencias de CREA, la plataforma de Plan Ceibal, no consumen internet, aunque se requiere tener saldo para tener acceso.

Para una parte de los estudiantes, dijo Baroni, “falta mejorar para que sea 100% gratuito, pero no se está lejos”. Sabini replicó que el contrato no se puede cambiar hasta que expire el vigente, que se requieren datos para acceder a las plataformas gratuitas y que no alcanzan los 40 gigas para los docentes. “Estamos hablando de asegurar datos para todos, familia y docentes”, afirmó.

El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, en tanto, reclamó que las autoridades informen “de forma urgente y completa” tanto a docentes como a estudiantes las maneras en las que se pueden conectar a las plataformas virtuales, a la vez que exhortó a “realizar todas las gestiones necesarias para asegurar conexión universal para la educación”.

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