La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) se pronunció respecto de la política educativa del gobierno, y en particular sobre la reforma que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En un comunicado, el sindicato afirma que la educación uruguaya tiene problemas en “diferentes planos”, como la cobertura, la calidad, los logros, las transiciones, a nivel institucional, de la profesionalización docente y de la inversión presupuestal.

Al respecto, sostiene que algunos de esos problemas tienen origen en “el proceso histórico” del sistema educativo, pero “otros están relacionados con las dinámicas de la sociedad actual”, que está marcada por “la precarización general de la vida y la fragmentación y desigualdad social”. Según complementa el sindicato, ello “impacta fuertemente en el sistema educativo”, donde se hace visible, pero transformar la “compleja situación de conjunto” va más allá de las posibilidades de la educación, aunque para lograr cambios se necesite de ella.

ADUR considera que a nivel educativo “se requieren buenos diagnósticos, buenos planes, amplios acuerdos, organización y apoyos adecuados”, pero observa con preocupación que, en lugar de ello, “abundan las simplificaciones y los reduccionismos interesados”. El sindicato cuestiona que, en vez de generar políticas interinstitucionales, se instale la idea de que “no hay nada por cambiar a nivel económico y social” y que prime “la improvisación”. En suma, cuestiona que en vez de apostar por “amplios acuerdos” se esté dando un “autoritarismo tecnocrático” y un “ajuste sin precedentes”, que en la ANEP alcanza los 120 millones de dólares y en el caso de la Universidad de la República (Udelar) a un monto equivalente a 5% de su presupuesto. “La altanería de los discursos reformistas contrasta con esta dura realidad de desinversión sostenida”, critica el sindicato.

El sindicato docente sostiene que actualmente en Uruguay hay “usos político-electorales” de los problemas de la educación, que “minan las posibilidades de comprensión y acuerdos”. Además, afirman que esta situación “se agrava con la eliminación o vaciamiento de espacios de participación, la exclusión de la perspectiva de los docentes, la limitación de los espacios de participación estudiantil y social, y la falta de puentes que conecten los conocimientos académicos con los profesionales y las instancias de toma de decisión”. Al respecto, complementan que la idea de “la crisis de la educación” se viene sosteniendo desde “mucho antes” y “se instaló una realidad según la cual todo era homogéneamente un desastre y los culpables eran los educadores”. ADUR entiende que ello allana el terreno “para el autoritarismo y las perspectivas privatizadoras”.

La transformación en curso

Al referirse a la llamada “transformación educativa” de ANEP, el sindicato sostiene que “más allá de la campaña de marketing que la rodea”, la propuesta “elimina disciplinas, vacía o reduce contenidos y, por ende, le quita complejidad, densidad y nivel a la formación académica”. En ese sentido, sostiene que la reducción de contenidos “no tiene fundamentos académicos” y tiene un “claro sesgo ideológico”, lo que ADUR ilustra con los cambios propuestos por el Consejo Directivo Central de la ANEP en la enseñanza de la Historia, aspecto que “pone en cuestión el carácter fundado, plural y democrático del concepto de laicidad”, según entiende.

Según sostiene ADUR, la reforma que lleva adelante la ANEP se sostiene en una “concepción educativa que desconoce las ricas tradiciones pedagógicas del Uruguay” y considera a los estudiantes únicamente desde una dimensión económica, que apunta a su adaptación al mercado y es “promovida globalmente por organismos internacionales de crédito”. En otro plano, el sindicato entiende que la reforma no apunta a la profesionalización docente sino que, por el contrario, “se precarizan las condiciones laborales y se contribuye al deterioro y desprestigio de la figura docente”.

ADUR le dedica un apartado a los cambios propuestos para la formación de educadores, ámbito en el que entienden que se aplicarán políticas que tendrán “efectos muy negativos”. En ese campo apuntan contra los cambios establecidos en la ley de urgente consideración y una serie de decretos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para reglamentarlos. Según afirman los docentes universitarios, mediante esta política se suplanta “la planificación de política educativa de largo plazo basada en la institucionalidad educativa pública del país, por una tendencia hacia la competencia de prestadores públicos y privados gestionada desde el MEC”. ADUR entiende que estos cambios generarán “una mayor privatización y fragmentación del sistema, una situación caótica en el área, y una pérdida de soberanía y de garantías académicas” en la formación docente.

El sindicato plantea que “muchas de estas decisiones han sido adoptadas de forma improvisada y poco rigurosa” por el Consejo de Formación en Educación, y que una muestra de ello son los “documentos que contienen pasajes plagiados de materiales provenientes de otros países de la región”. Respecto de la política en esta área, concluye que “en lugar de construir una Universidad de la Educación” que garantice el carácter universitario de esa formación, se opta por “otorgar a través de un trámite burocrático certificaciones de carácter individual y contenido vacío”, lo que da “ventajas comparativas a las instituciones privadas”.

A nivel sistémico

El sindicato docente también se refiere a políticas aplicadas por el gobierno en materia universitaria, área en la que lamentan la supresión del “cogobierno y la autonomía fáctica de la UTEC [Universidad Tecnológica]”, que “profundiza el camino autoritario” de las políticas, según afirman los docentes. “A esto se suma una política de hostilidad y congelamiento presupuestal de la Udelar, al mismo tiempo que la matrícula de dicha institución creció casi 20 puntos en 2021”, agrega ADUR.

Sobre los impactos que ello tendrá en la Udelar, avizoran “un deterioro en las condiciones de estudio y trabajo”, así como la afectación del desarrollo edilicio y del desarrollo de nuevas carreras. En suma, consideran que “consolida una situación salarial muy negativa, que atenta contra la consolidación de equipos y alimenta la llamada ‘fuga de cerebros’ hacia otros países”. “En lugar de fortalecer el sistema universitario de educación pública y articularlo de modo tal que pueda hacer frente a los desafíos del presente y el futuro, las políticas actuales lo achican, fragmentan, desfinancian y reducen en autonomía y capacidad de desarrollo de largo plazo”, concluyen.

En síntesis, el sindicato docente afirma que la actual política educativa “impactará negativamente en las trayectorias educativas y en el tránsito hacia la formación terciaria y universitaria”. Además, entienden que “causará un deterioro en la calidad y el carácter público de la educación, profundizando las desigualdades ya existentes”.