Jerarca del MEC afirma que artículos para fortalecer y dar carácter universitario a la formación docente permiten superar “bloqueo”, pero colectivos docentes los rechazan

El fracaso a la hora de crear una universidad de la educación, a partir de la falta de acuerdo político sobre su formato, llevó al actual gobierno, mediante la ley de urgente consideración (LUC), a disponer que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), asesorado por un consejo consultivo no vinculante, pueda otorgar carácter universitario a carreras de formación de educadores, se dicten o no en instituciones universitarias. La reglamentación del artículo 198 de la LUC se concretó en diciembre del año pasado mediante el Decreto 358, que define la integración del consejo consultivo: tres designados por el Poder Ejecutivo y un cargo para las universidades privadas, otro para la Universidad de la República (Udelar) y otro para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Según la LUC, el consejo funcionará con “autonomía técnica” y estará integrado por personas que, “por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. Esta propuesta no cayó bien en los sindicatos de la educación, que entienden que viola la autonomía de ANEP, algo que ha negado el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva.

El director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, señaló a la diaria que ante el “bloqueo político” de la creación de una universidad de educación, el gobierno encontró esa solución para que los docentes logren “una mayor jerarquización académica y que puedan complementar todas las buenas actividades que vienen haciendo con nuevos saberes, como habilidades socioemocionales, educación inclusiva, segundas lenguas, con una mayor fortaleza”, además de la investigación, necesaria para una carrera universitaria, según consideró.

El mecanismo elegido para validar la titulación de los docentes como universitaria se basa en los antecedentes generados durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), cuando se permitió que, por medio del MEC, la educación militar y policial acreditaran sus planes de estudios como terciarios: “Encontramos que es una solución que permite con inmediatez lograr que todo el acumulado y todo el trabajo que vienen realizando los docentes hace mucho tiempo se adquiera en el corto plazo con carácter universitario”.

Por autonomía y cogobierno

Entre los sindicatos de la educación y distintos colectivos de la formación docente existe rechazo a las modificaciones que plantea la LUC en esta área. De hecho, el nuevo escenario llevó a que este año se conformara un movimiento “en defensa de la formación universitaria pública de docentes”. En el marco de una actividad organizada el viernes por ese colectivo, Mauricio Langón profesor de Filosofía e integrante del Grupo de Reflexión en Educación, dijo que la alternativa planteada por el actual gobierno es “funesta”. Según fundamentó, “desmembra la unidad de la formación pública del país, la pone en el mismo plano que la educación no laica y no gratuita”, y “renuncia a una educación pública nacional de igual calidad para todo el país” que sea gratuita y autónoma. Según aventuró, la formación docente se regirá por “un espacio de libre oferta de servicios” en el que el Estado no asumirá “la garantía del derecho a una educación de alta calidad para todos y todas”.

En una línea similar, Silvia Adano, que integra la mesa del colectivo en representación de la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación (CFE), dijo a la diaria que los formadores de formadores están preocupados porque entienden que el camino que transita el gobierno implica el “abandono” de la creación de una institución universitaria, prevista en la Ley General de Educación de 2008. Adano planteó que, aunque el CFE solicite la acreditación universitaria de todas sus carreras, no es seguro que el consejo consultivo las otorgue en su totalidad, lo que puede implicar que “se desarme” el trabajo acumulado del organismo en los últimos años.

Si bien la posibilidad de tener un reconocimiento universitario de la titulación coloca a la formación docente más cerca de su reclamo histórico de acceder a dicho nivel, para Adano es algo secundario al lado del “desmembre” que se producirá si el gobierno sigue adelante con su plan. Si bien admitió que la formación en educación puede ser mejorada, estimó que con este proceso se va camino a “empeorarla”.

Adano apuntó contra el artículo 171 de la LUC, que habla de la creación de un programa de fortalecimiento de la formación en educación en el ámbito del MEC. Según dijo, ese plan aún no se ha hecho público, pero sí empezaron algunas acciones en ese sentido, como el seminario Nuevos Rumbos (ver recuadro).

Adano cuestionó que el mencionado artículo de la LUC habla de “promover y apoyar el desarrollo de programas universitarios de formación en educación”, pero no menciona que deban ser públicos. “Parece que la palabra ‘público’ empezó a desaparecer de la Ley 19.889”, ironizó. Según la integrante de la ATD, eso permite que los dineros del Estado se dirijan a fortalecer carreras de formación docente del sector privado, al igual que ocurre con el sistema de becas que también crea la LUC. “No es que no queramos la educación privada, esto es una república que acepta la formación privada, pero no aceptamos esa privatización escondida, porque ese artículo indica que los dineros públicos van a estar dirigidos a fomentar otro tipo de formación” que no es la pública, advirtió.

Por su parte, Oruam Barboza, otro integrante del colectivo, planteó a la diaria que las reformas del gobierno se encuadran en una “filosofía de mercado”, que “es el corazón mismo del sistema capitalista”. Según añadió, se basa en “la convicción de que la calidad de los productos que van al mercado depende de la competencia entre instituciones” y, aplicado al caso de la formación docente, se piensa que la competencia entre carreras e instituciones va a mejorar la calidad de la oferta educativa. Barboza entendió que es algo similar a lo que se hizo en Chile “con la aplicación de los principios neoliberales a la educación”. Al respecto, planteó que la experiencia en ese país muestra que ocurrió el efecto contrario al deseado, ya que dejar la educación librada a la competencia “generó discriminación, segregación y exclusión de sectores cada vez más amplios de la población, porque la competencia nunca es igualitaria para todos”.

Desde la Udelar

Por otra parte, el consejero por el orden docente de la Udelar, Gregory Randall, señaló a la diaria que si la formación docente se queda de una “manera muy importante” en el sistema privado, se está poniendo el futuro de la educación pública “en manos” de ese sector. Si bien valoró que el actual gobierno hace “un nuevo esfuerzo” por dotarla de carácter universitario, este conlleva “grandes peligros” y uno de ellos es que “se desvíe el eje desde lo público hacia lo privado”. Analizó que otro riesgo es que la formación universitaria se reduzca a dar una “etiqueta” a “cierta formación” y que se excluya la posibilidad de “que los docentes vivan la vida universitaria, que es fundamental”.

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar ha elaborado varios informes sobre la formación docente que fueron elevados al MEC. Además, en ese marco se creó un grupo de trabajo integrado por el rector, Rodrigo Arim; el prorrector de Enseñanza, Juan Cristina; la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Frega; Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar; la decana de Facultad de Ciencias, Mónica Marín, y tres delegados del orden docente: Pablo Martinis, José Passarini y Juan Carlos Valle Lisboa.

Uno de los documentos elaborados por el grupo de trabajo expone que Uruguay está “en una situación de debilidad y/o desventaja” en comparación con otros países porque su formación docente no cuenta con carácter universitario. Según se plantea, en el plano internacional existen “currículos de entre dos y seis años de duración”, que ofrecen distintos tipos de instituciones: “Universidades pedagógicas, institutos pedagógicos, escuelas normales o universidades públicas nacionales generales”.

Más allá de lo que ocurra en el grado, el documento plantea que en la actualidad no es viable “pensar una formación docente de calidad sin pensar en posibilidades de formación de posgrado”, lo que también posibilitaría “concebir y diseñar una carrera docente basada en aspectos académicos y de desarrollo profesional docente”. En ese sentido, proponen generar caminos “para quienes ya tienen títulos emitidos previamente, que deben contar con posibilidades de acreditarlos para no quedar excluidos respecto de futuras generaciones”.

Hacia la acreditación

El consejo consultivo creado por la LUC está habilitado a recibir solicitudes de acreditación de carreras a partir del próximo enero. Se espera que durante 2022 transcurra el proceso de análisis de las carreras y que en 2023 ya puedan estar funcionando. Ante los cuestionamientos de los sindicatos y colectivos docentes, Baroni contestó que cuando en 2018 se planteó este mismo sistema para las carreras militares y policiales no hubo quejas. “¿Por qué ahora, cuando estamos aplicando este mismo mecanismo para otras instituciones, los mismos que promovieron la ley de educación militar y policial critican este procedimiento? Fueron ellos los que lo crearon y nosotros simplemente lo adaptamos”, expresó, en alusión a lo ocurrido durante el último gobierno del FA.

Para el director de Educación, los cuestionamientos se tratan de “oportunismo político”, y, si “realmente” había un interés en la creación de una universidad de educación, “hubiese sido bueno sentarse a negociar con la oposición para que sea posible”. “En definitiva, el objetivo es tener docentes de carácter universitario. Durante mucho tiempo, con mayorías parlamentarias y gozando de una alta popularidad, no llevaron adelante esos cambios; entonces, entiendo que se puedan oponer, pero ahora es la oportunidad de este gobierno de cumplir con un reclamo histórico que tiene el colectivo docente”, planteó el jerarca.

Además, dijo que con el sistema actual es la propia ANEP ‒que tiene a cargo más de 98% de la oferta de formación en educación‒ la que define las características de las diferentes carreras de formación docente que quieran impartir las universidades privadas. Según entendió, ello lleva a que las propuestas tengan que ser “un calco” de las del CFE, “cuando en realidad la esencia del proceso universitario es que haya diversidad de formación, de escuelas de pensamiento y en la investigación”.

Si bien dijo que no cree que los artículos sean derogados, Baroni aseguró que si llegara a suceder habrá que “sentarse y repensar” qué otros caminos pueden transitarse para lograr una formación docente universitaria, pero “probablemente” se vuelva al punto de “bloqueo” por el cual no fue posible que eso ocurriera durante los últimos 15 años. “Si realmente los opositores a este proceso tienen una mejor solución, los escuchamos; de momento tuvieron 15 años y no lo llevaron adelante”, cuestionó. Por su parte, indicó que “las voces de algunos actores del CFE” que han planteado críticas “son bastante minoritarias” y “no están teniendo en cuenta que lo importante es llegar al objetivo de tener un nivel universitario y después acumular lo suficiente para poder repensar el sistema educativo en general”. “Si uno quiere plantear reformas educativas pero no arranca por la formación docente, muchos de los caminos no se pueden llevar adelante”, concluyó.

la diaria intentó comunicarse con autoridades del CFE designadas por el gobierno para consultarles sobre su opinión respecto de los mencionados artículos, pero no obtuvo respuesta.

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