Este martes y sobre la hora de inicio, la dirección del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar) en Rocha decidió no permitir una charla a favor del Sí para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), pese a que ya había sido coordinada semanas antes. Esto se dio luego de que Alejo Umpiérrez, intendente rochense y coordinador de la campaña por el No por el Partido Nacional, le enviara una carta al rector Rodrigo Arim pidiendo que no se haga el conversatorio porque violaría la laicidad. La posible violación de la laicidad fue negada por los organizadores de la actividad, a cargo de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR).

En diálogo con la diaria, el secretario general de ADUR, Agustín Cano, sostuvo que a las 17.00, hora en que la actividad iba a comenzar, por teléfono recibieron la desautorización del director del centro, Javier Vitancurt, que como informó la diaria ayer, había sido contactado previamente por el intendente para evitar que la charla se dé dentro del local universitario.

Tras una breve conferencia de prensa, se reunieron ADUR Central y la Mesa Directiva de ADUR-CURE en el propio local universitario para analizar la decisión de la dirección del centro educativo. El sindicato decidió sustituir la actividad inicialmente planificada por una reunión abierta entre sus directivos a nivel central y en el este, que tuvo dos puntos en el orden del día. Por un lado, se abordó la “preocupación por las amenazas a la libertad de expresión en nuestro país”, en particular en el contexto de la campaña rumbo al referéndum; y, por otro, realizaron un informe sobre las razones por las que llaman a votar Sí el 27 de marzo. De dicha reunión participaron las personas interesadas en asistir a la charla, que ya habían llegado al local universitario, y se las invitó a que se quedaran: “Nuestro trabajo consiste en que más personas lleguen a la Universidad, de sacarlos se ocupan otros”, comentó Cano.

En tanto, para el dirigente de ADUR, la “presión” de Umpiérrez fue “ostensible” y “muy fuerte”. “Esto se suma a un clima que nos preocupa mucho, nos alarma, que es un clima de amenazas a la libertad de expresión y persecución a los docentes”, indicó, y aludió a la situación de los profesores de San José, sobre la que ayer se conoció que seis de los 14 sumariados fueron sancionados con una nueva separación del cargo, esta vez con retención de todo el sueldo.

A principios de este mes, tras el desalojo a docentes sindicalizados en la Asociación de Funcionarios de UTU que ocuparon un centro educativo a raíz de “recortes” en las horas docentes y en los grupos para estudiantes, ADUR aseguró que “es muy triste” que los centros educativos públicos se hayan vuelto, “cada vez con más frecuencia, lugares hostiles para las y los educadores que allí trabajan”.

En ese sentido, señalaron en un comunicado que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, “muchas veces con participación o apoyo del MEC [Ministerio de Educación y Cultura] o de actores parlamentarios, han transformado a las instituciones educativas en lugares de miedo, vigilancia, sospecha y persecución”. Es por eso que, para ADUR, el ejercicio de la libertad sindical “está amenazado” y la libertad de cátedra “en entredicho”.

En ese marco, Cano señaló que “hay un clima de censura que lleva a posiciones de autocensura”, porque “la gente tiene miedo”: “Hoy los educadores tienen miedo porque hay, como en otras épocas, personas dedicadas a vigilar y perseguir docentes desde el Parlamento y desde el ministerio”, expresó.

La carta

Según Umpiérrez, la convocatoria de ADUR en el local del CURE en Rocha era “inoportuna”, porque no existía la posibilidad de que otros docentes puedan exponer “puntos de vista diferentes”, algo que le generaba “preocupación”. “La laicidad es un valor a preservar como sostén fundamental de la educación”, había escrito, y agregaba que este tipo de convocatorias “violentan claramente” los fines de la Udelar, establecidos en el artículo 2 de su Ley Orgánica.

“No se trata de negarles la posibilidad de opinar, sino de hacerlo donde corresponde, y ese sitio no son claramente las instalaciones universitarias, que no son propiedad de los docentes, sino el lugar donde desempeñan su trabajo”, expuso.

Asimismo, en la carta enviada a Arim el intendente rochense consideró que la realización de la actividad también era “inconveniente por omisión, ya que las autoridades universitarias tienen el poder-deber de cumplir con la Constitución y las leyes de la República”.

“Quienes están al frente de las instituciones públicas tienen la obligación de ajustar sus conductas a los mandatos legales, en el entendido de que somos hijos de esa casa mayor, así como miles de adherentes del No a la derogación de la LUC; entendemos que sería pertinente desde nuestra Udelar promover el debate profundo y concienzudo de la norma cuestionada a través de diferentes instancias o paneles”, fustigó.