Autoridades y sindicatos buscan soluciones ante crecientes episodios de violencia que involucran a centros educativos

Hurtos, rapiñas y peleas que ocurren dentro y fuera de los centros educativos e incluso tiroteos en sus afueras se traducen en trabajadores y familias con miedo, que incluso lleva a que muchos niños y adolescentes falten a estudiar. Algunos hechos son producto del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, pero también hay otros que se generan a partir del relacionamiento entre integrantes de la comunidad educativa. Si bien todo indicaba que después de lo peor de la pandemia de la covid-19 este año tendería a la normalidad en la educación, estas situaciones de violencia se viven cada vez con más frecuencia en muchas escuelas y liceos uruguayos, y hacen que los docentes se sientan desbordados y con pocas herramientas para actuar.

Ya el año pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prendió las alarmas y contrató a un excomisario para delinear una estrategia de seguridad en algunos centros educativos, en especial, en los que estos problemas se repiten con más frecuencia, además de lograr una mejor coordinación con el Ministerio del Interior (MI).

Según un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) publicado este año, cuatro de cada diez directores de centros educativos ven “probable o muy probable” que ocurran actos de vandalismo y peleas entre vecinos en el entorno del centro. En tanto, tres de cada diez ven posible que haya peleas con armas y la misma proporción considera que alguien puede resultar gravemente herido o muerto. En cuanto a los robos, la percepción aumenta, ya que 60% de los directores consultados creen que es “probable o muy probable” que ocurra eso en el centro del que son parte.

Con relación a la percepción sobre la violencia barrial y en los centros educativos, para los directores es menos factible que ocurra, “a medida que se pasa de los contextos más desfavorables a los más favorables”, según el estudio. A su vez, se apunta que resulta “mayor en las escuelas Aprender, seguidas por las de Tiempo Completo y, en menor medida, por las urbanas comunes, de práctica y privadas”. Además, la percepción es peor en Montevideo en comparación con el interior.

Alrededor

A causa de la creciente violencia registrada en los centros educativos, hace casi tres semanas el MI se reunió con integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. Santiago González, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del ministerio, dijo a la diaria que desde el inicio del gobierno se amplió el patrullaje policial en los alrededores de algunos centros educativos, particularmente en Montevideo.

González reconoció que este año surgieron “algunos inconvenientes” en distintos lugares, pero sostuvo que “cada caso es distinto”. Por ejemplo, recordó que en un liceo hurtaron a tres estudiantes dentro del local. En ese episodio, los delincuentes ingresaron por el muro trasero del centro. En tanto, en Delta de Tigre, una clase de gimnasia empezó en el frente del liceo y terminó en una cuneta, a raíz de que el profesor y los alumnos escucharon disparos y fue el primer espacio que encontraron para resguardarse. Además, González dijo que en las afueras de ese centro educativo trabajadores y alumnos sufrieron “algunos hurtos”. “En algunos lugares ponemos una presencia especial para que la comunidad educativa se sienta segura. Estamos reforzando las distintas zonas”, explicó.

Según el jerarca, hay una presencia “permanente” de los agentes para “asegurarles” a los padres, estudiantes y a los trabajadores de los centros de enseñanza la “tranquilidad” en el ingreso y la salida de la institución.

Cada escuela, liceo o UTU tiene un sistema de seguridad distinto. Por ejemplo, para la noche “solamente hay alguna alarma o alguna empresa de seguridad” privada, como también hay guardias de 222 contratados, especialmente en lugares “un poco más complejos”, detalló. “Lo que estamos haciendo es coordinar, ver los lugares, estar en comunicación permanente”, sostuvo González.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana afirmó que la idea es hacer un “protocolo nuevo” por el que la directora del centro “pueda llamar”, tanto a la policía como “a cualquiera de nosotros”, para “estar presentes y solucionar los problemas”. “No es algo novedoso, a veces la docente, la adscripta o la directora se entera antes que el comisario de lo que puede llegar a pasar en un barrio”, expresó, y agregó que eso “hay que hacerlo llegar” a los jerarcas policiales de la zona. En suma, insistió en que hay que estar “permanentemente en contacto para asegurar el centro educativo”.

Para González, esto es “fundamental”, porque en las aulas se da la “posibilidad real” para que los jóvenes “puedan salir”. “En todos los barrios, sea donde sea, es a través de la educación, como también de valores y otra cantidad de cosas, pero arranca teniendo una cadena educativa desde el centro Caif hasta la UTU o la Universidad de la República, donde puedan ingresar, estar y salir con total tranquilidad. En eso estamos”, expresó.

El jerarca aseguró que cada vez que desde el MI fueron advertidos por los distintos centros educativos se ha puesto algún tipo de operativo y la situación “se ha tranquilizado”. No obstante, admitió que no se puede estar las 12 horas en las que hay actividad en la escuela o liceo: “Nadie nos pide eso, lo que sí se pide es que haya una presencia en los liceos y en las escuelas más complicadas en la entrada y la salida, que nos vean, que estén en la parada, cosas normales”.

Por su parte, consultado sobre las acciones que la ANEP articula con el MI, el consejero de la ANEP Juan Gabito señaló que “permanentemente” hay reuniones entre ambos organismos. No obstante, señaló que el liceo de Delta del Tigre, en el que en las últimas semanas se reportaron hechos de violencia, se encuentra a media cuadra de la comisaría. “Más cerca no puede estar”, sostuvo, en diálogo con la diaria.

El consejero señaló que “la situación social no es ignorada por el MI”, pero desde ANEP no se puede apelar más que a contratar un servicio de guardia adicional para reforzar la seguridad. En suma, Gabito sostuvo que desde el ministerio se pueden tomar otro tipo de acciones, como las que se tomaron en el caso de Delta El Tigre, donde se acordó la realización de rondas de patrullaje a la entrada y salida de cada turno, que es cuando hay más movimiento de personas.

Lo complejo

En tanto, el consejero de ANEP electo por los docentes, Julián Mazzoni, sostuvo que la inseguridad en los centros educativos lo tiene “muy preocupado”, porque hay “situaciones extremas”. En conversación con la diaria, sostuvo que si no se toman medidas “rápidamente”, puede haber “peores consecuencias”. Para Mazzoni, deberían implementarse medidas “más importantes”, como contar con equipos multidisciplinarios en las instituciones y coordinar de “mejor” forma con el MI sobre las necesidades de los centros para “asegurar que sus estudiantes puedan concurrir lo mejor posible, con seguridad”. “Por lo que sabemos, hay muchas situaciones complejas”, consideró, y se refirió al episodio de meses atrás en la UTU del Cerro, donde la policía persiguió a un adolescente que estaba conduciendo una moto robada, según afirmó González. La “característica” distintiva que tuvo esa intervención fue la posición que asumió la policía que, según el consejero electo por los docentes, generó una “situación de tensión” en el centro educativo.

Tal como estableció el jueves la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Mazzoni dijo que hay una “escalada de hechos violentos”, sobre todo en instituciones de primaria y secundaria. Ese día, el sindicato de maestras convocó a una conferencia de prensa después de que una bala perdida ingresara a un salón de la escuela 92, en el barrio Lavalleja, y a la vez, se registrara un tiroteo en el marco de un procedimiento policial en otro local escolar en Manga. Soledad Moraes, secretaria general del sindicato, explicó que “el tema de la inseguridad viene preocupando” y recordó que semanas atrás se reunieron con autoridades del MI para plantear esa preocupación por estos episodios, pero también para reclamar participación en la búsqueda de soluciones.

Por su parte, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, indicó que todavía no se ven los resultados de las respuestas anunciadas por el MI, que se comprometió a hacer un mayor patrullaje en algunas escuelas de la capital. “Estos hechos de violencia que ocurren en los barrios deben tener una respuesta clara del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de generar tranquilidad y seguridad en la población”, dijo, y consideró que los procedimientos policiales cerca de las escuelas en los horarios en los que hay niños y maestras en su interior “son evitables”.

Junto con Daysi Iglesias, la otra representante docente en el Codicen, Mazzoni estuvo en las dos escuelas y propusieron a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria que al día siguiente de los tiroteos fueran equipos multidisciplinarios para atender a los niños y a los docentes. Sin embargo, ello sólo ocurrió en la escuela del barrio Lavalleja, según supo la diaria.

Por su lado, al ser consultado por la prensa, el presidente del Codicen, Robert Silva, sostuvo el martes que se está “dotando” a los centros educativos de seguridad, pero aseguró que estos espacios “no se tienen que transformar en edificios aislados de la sociedad”. Según entendió el jerarca, los centros tienen que “atender” e “interactuar” con la comunidad y, para eso, deben recibir “herramientas para que se adopten las decisiones y se protejan en lo que haya que proteger, pero no podemos poner murallas”, en referencia a que “no deben estar aislados de lo que pasa en la sociedad”.

Abordaje a través de la mediación

Varios de los colectivos docentes que han sido víctimas de episodios de violencia han planteado que están repercutiendo en las trayectorias educativas de los estudiantes, que muchas veces dejan de concurrir a clases por miedo a ser robados o atacados. Al respecto, la maestra y licenciada en Filosofía Leticia Terán sostuvo que todas las corrientes pedagógicas están de acuerdo con que el lugar donde se desarrollan los aprendizajes incide directamente en el nivel de los aprendizajes de los estudiantes. “Si estoy en un ambiente altamente agresivo, la construcción de conocimiento va a quedar influenciada por esa violencia”, manifestó.

Terán es parte del colectivo Unir, que realiza instancias de formación y brinda asesoramiento a instituciones educativas sobre el abordaje y la resolución armónica de conflictos a partir de la mediación. Según contó la profesional, el vínculo con la comunidad está entre las principales preocupaciones de los docentes con los que trabajan. En ese sentido, consideró que maestros y profesores están “pegando la vuelta de un momento en el que se quiso trancar la escuela para proteger y dar seguridad” hacia concepciones que sostienen que “no se puede trabajar encerrados y es necesario dialogar con la comunidad”. Por su parte, agregó que si bien es necesario que los centros educativos trabajen en red con personas de otras instituciones del Estado y organizaciones sociales, esto “no es suficiente”. “Hay que dialogar con la gente, con el padre, la abuela, el tío, el tutor. La familia necesita poder entrar y reaprender cómo hacer esa entrada a la institución de manera cordial, respetuosa, ordenada”, señaló, y destacó el vínculo que cumple la comunicación en este proceso.

El colectivo Unir parte de una concepción que entiende al conflicto “como algo inherente”. “No trabajamos para evitarlo o negarlo, por el contrario, partimos de la idea de que el ámbito educativo es un terreno fértil donde se puede trabajar para una ciudadanía que convive de una manera no violenta”, explicó Terán. En suma, se propone el abordaje de los conflictos a partir de tres ejes. Se comienza por aprender a conceptualizarlos, diferenciarlos y entender por qué suceden, para luego intervenir sobre el conflicto en cuestión, a partir de herramientas y estrategias adecuadas que permitan una resolución pacífica.

La propuesta se basa en el marco conceptual de la filosofía de la mediación, que, según Terán, “es conciliadora y produce una mejor convivencia”, ya que se basa en la participación de los actores involucrados. Por ejemplo, en el caso de los centros educativos, se trabaja con los estudiantes para que desarrollen sus propias estrategias para la resolución de conflictos.

Políticas en territorio

Mauricio Guarinoni, exdirector de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), coincidió con que la violencia en los centros educativos ha venido “en aumento”. Según dijo a la diaria, ello “tiene que ver con múltiples factores, pero, sin duda, a mayor exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, esto se agrava”. En ese sentido, destacó el rol que ejercían los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) en los microterritorios. El objetivo que tenían los Socat era promover el desarrollo comunitario y las redes de protección local en zonas de alta vulnerabilidad social.

El actual diputado suplente frenteamplista informó que el trabajo de los Socat en los territorios con “mayores situaciones de vulneración” era “fundamental”. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou “de un día para el otro” borró 18 años de trayectoria de la sociedad civil organizada en “esas pequeñas comunidades, donde además tenía una legitimidad muy importante”. Si bien el cierre del programa se concretó el 28 de octubre, la senadora nacionalista Graciela Bianchi posteó esta semana en Twitter que los Socat “van a ser sustituidos” por técnicos que “van a actuar en forma directa sobre el territorio” y que dependerán del director departamental del Mides, lo que “implicará más horas por técnico en territorio”. Sin embargo, no indicó cuándo empezarán a ejercer su labor.

Martín Lema, titular de la secretaría de Estado, sostuvo el año pasado que a los Socat se los “dejó de lado” porque, “desde el punto de vista territorial”, consideraban que había “programas mejores”. A modo de ejemplo, la apuesta del Mides es que se dupliquen las horas de un técnico: “Un equipo técnico Socat atiende diez horas a la semana, nosotros aspiramos a duplicar las horas en un solo técnico. Entonces, claramente, hay una apuesta al fortalecimiento de las políticas sociales”, se justificó.

Guarinoni recordó que con este programa se buscaban soluciones para tratar de evitar, por ejemplo, situaciones de violencia o “poder tratar” esas situaciones que existían dentro de los hogares, “porque ningún niño es violento de por sí”. “Un niño que ejerce violencia hacia otros compañeros dentro de una institución educativa o hacia los profesores muchas veces es lo que aprende en el lugar donde viven en su casa”, apuntó.

En ese marco, aseguró que los Socat tenían una “altísima relevancia” y “muy buenos” indicadores en torno a “mejorar” los bienes de confort de las familias, como también la “asistencia en situaciones de vulneración de derechos y el rezago educativo”. “Era un ganar-ganar para el Estado, para las redes de contención, pero todo eso se perdió”, lamentó.

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