Un “presupuesto digno”, “una educación integral” para “una verdadera transformación democrática” y el rechazo a la “persecución sindical”. Esos son los ejes del paro y la marcha nacional que llevarán adelante este miércoles los sindicatos de trabajadores y gremios estudiantiles de la educación. De cara a una nueva Rendición de Cuentas, en la que, según se ha anunciado, la educación será prioridad para el Poder Ejecutivo, los sindicatos insistirán con el histórico reclamo de 6% del producto interno bruto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC), más 1% para las actividades de investigación.
Antes de la marcha educativa nacional, diversos sindicatos iniciaron una “gira” por todo el país para explicar los “recortes” en la educación que, según estiman, son de 80 millones de dólares en la ANEP, lo que se traduce en pérdida de horas y cargos, por ejemplo. Los sindicatos vinculan este ajuste a la regla fiscal que creó la ley de urgente consideración, que fue ratificada en referéndum el 27 de marzo. Mucho de ese ajuste se traduce en la pérdida del salario real que sufrieron los trabajadores de la educación en los últimos dos años.
Si bien se intentó llegar a un acuerdo en la negociación colectiva a fines de mayo, no se concretó porque el incremento propuesto por el gobierno era menor a la pérdida salarial. Por un lado, desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se planteó que se perdió casi 8%, mientras que las autoridades aseguraban que fue sólo de 3%. A pocos días de que la ANEP entregue su proyecto de Rendición de Cuentas para este año, en el que expondrá cuánto dinero necesita y para qué, los docentes sindicalizados exigen recuperar el salario perdido, que, según sus cálculos, equivale a 18 días de trabajo anuales. Además, piden que a la reforma educativa que impulsa el organismo se destinen recursos “extra”.
La marcha saldrá a las 10.00 de la explanada de la Universidad de la República (Udelar), pasará por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ANEP, y llegará a la Torre Ejecutiva. El paro será de 24 horas y, además de a la ANEP, abarca a la Udelar, ya que sus sindicatos de docentes y de funcionarios administrativos, técnicos y de servicio son parte de la convocatoria, igual que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Por su parte, en el sector privado tampoco habrá clases mañana. Además de que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada convoca y adhiere al paro, ese día es feriado en el sector, ya que se celebra el Día del Trabajador de la Educación Privada.
Lo “inconcebible”
La vicepresidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Marcela Da Col, dijo a la diaria que el objetivo de la marcha es visibilizar la situación que “está padeciendo la educación, en especial la educación pública estatal, en vísperas de la Rendición de Cuentas”.
Para la sindicalista, es “inconcebible” que la decisión del gobierno de “recortar presupuesto” del Estado “haya incluido, a sabiendas, afectar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y, peor aún, que tal decisión se haya mantenido incambiada tras dos años de pandemia”. En los hechos, sostuvo, el “ahorro” derivó en “recorte de cargos, horas de apoyo, actividades extracurriculares y partidas”. Da Col planteó que como resultado de ese ajuste “se han superpoblado grupos, se pierde el apoyo pedagógico que brindan maestros comunitarios y profesores orientadores, se limita el acceso a actividades recreativas y se degrada la calidad en la alimentación, condenando al hambre a cientos de niñas, niños y jóvenes en el actual contexto de crisis”.
Según apuntó, esto último es “especialmente dramático”, puesto que muchas familias están “imposibilitadas” de mantener un ingreso “estable y digno” que “asegure la comida diaria”. “Este brutal recorte presupuestal es acompañado por una profunda reforma educativa. Decimos ‘profunda’ porque rompe con la rica historia de nuestro sistema educativo e inicia el camino de la mercantilización, al permitir que organismos de préstamos internacionales digan qué enseñar y cómo”, fustigó la dirigente de Fenapes.
Da Col indicó que los “promocionados” préstamos para la educación “no son otra cosa que la sujeción de la enseñanza a condiciones establecidas por estos organismos, cuyo único objetivo es obtener capital humano en detrimento de los saberes humanísticos, esos que nos transmiten el acervo cultural y nos permiten comprender el mundo”.
En la misma línea, el presidente del Sindicato de Docentes de Formación Docente (Sidfe), Líber Romero, indicó que el gobierno inició la gestión con un “recorte brutal del presupuesto”, que implicó la eliminación de “miles de horas docentes que afectaron a los programas y a las instituciones que atienden a los sectores más vulnerables”.
En el caso de las carreras del Consejo de Formación en Educación, sostuvo que la superpoblación de los grupos “es su efecto más directo” y pasó “desapercibida por la pandemia y las clases virtuales”. “El retorno a la presencialidad también mostró importantes deficiencias edilicias, que –sin ser nuevas– se agravaron por falta de inversión y previsión. Mientras esto sucede puertas adentro de los institutos, las autoridades se dedican a blanquear las fachadas”, apuntó, en diálogo con la diaria.
En suma, Romero consideró que las actuales autoridades de la ANEP “no se interesan por los estudiantes, a quienes censuran cuando sus opiniones expresan discrepancias”. “En el discurso oficial los sindicatos somos responsables de las pérdidas de clase por nuestras movilizaciones, mientras que la ANEP retiene miles de horas docentes que no son puestas a elección”, agregó.
Asimismo, el sindicalista indicó que se pretende que los docentes sigan trabajando “sin decir nada, obedientes al nuevo modelo de gobernanza”, que despliega un conjunto de acciones para provocar “miedo y apatía”. “La persecución de militantes sindicales o el intento de instalación de tribunales inquisitoriales bajo el lema de la defensa de la laicidad son un ejemplo”, indicó el dirigente del Sidfe.
A su vez, dijo que hay un “accionar antisindical” que se lleva adelante al tiempo que se busca avanzar en la transformación educativa, que tiene como base el aprendizaje por competencias en “detrimento de lo disciplinar”. El Marco Curricular Nacional, que sienta las bases para esta reforma, fue rechazada por las asambleas técnico docentes (ATD) de los distintos subsistemas. Romero expresó que además de los aspectos técnico-pedagógicos, los docentes “han cuestionado las formas en que se realizan las consultas, que niegan la participación real de profesores y estudiantes en dicha propuesta”.
Persecución y privatización
Da Col dijo que los sindicatos de la enseñanza están siendo “abiertamente atacados, con mecanismos que van desde la constante campaña de desprestigio a la amenaza de esencialidad y hasta la constitución de una comisión investigadora parlamentaria”, cuyas conclusiones serán tratadas por la Cámara de Diputados este miércoles. La integrante de Fenapes sostuvo que, dada la “falta de argumentos, las autoridades de la educación han elegido el camino de denostar a los docentes que se oponen a su reforma”.
Por su parte, Romero dijo que en formación en educación, el proceso de “privatización y pérdida de autonomía” se “reafirmó” con la resolución de acreditación universitaria realizada por el Ministerio de Educación y Cultura. “El establecimiento del carácter universitario de esos títulos constituye una solución vacía, que niega la posibilidad de establecer realmente una Universidad de la Educación pública, autónoma y cogobernada”, fustigó.
Para el profesor, el carácter universitario en la formación en educación “no puede ser una mera acreditación”, sino que necesitaría una “transformación institucional” en la estructura de grados docentes, en el desarrollo de las dimensiones de docencia, investigación y extensión, en la conformación de los programa de estudios, en las formas de evaluación y en el seguimiento con la “participación real” de los “distintos órdenes de la comunidad educativa”.
La ausencia
Luego de que la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde planteara decretar la esencialidad en los comedores escolares este miércoles, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) consideró mediante un comunicado que Uruguay se encuentra atravesando “una crisis económica en la que los sectores más vulnerables son los desfavorecidos”.
“La pobreza sigue en aumento y sabemos que muchos de nuestras niñas y niños sólo están recibiendo alimentación del centro escolar”, sostuvieron, y agregaron que el gasto en alimentación y su ejecución en 2020 muestran “un recorte en alimentación de 200 millones de pesos” y la “ausencia” de balances públicos sobre lo ocurrido en 2021 les hace pensar que “haya seguido descendiendo”.
En ese sentido, indicaron que entienden “fundamental” atender el día del paro nacional un “sistema de emergencia” de reparto de viandas por sedes territoriales. “Somos especialmente sensibles a la situación que atraviesa nuestra infancia, por eso reivindicamos la necesidad de atender su alimentación no un día sino todos”, señalaron.
Por el proyecto de resolución planteado por la legisladora, la oposición y los gremios calificaron la idea como “oportunista” y “abusiva”.
Tras la decisión de la FUM de brindar viandas por sedes territoriales, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, expresó que “primó la cordura” e indicó que “hay que valorar” que el sindicato haya “rediscutido internamente” para que haya un “cambio de posición sobre negarse a hacer guardias gremiales”. “Me preocupaba muchísimo que por un paro por las dudas dejaran a 32.000 gurises sin comida; hay que valorar ese cambio de posición, me parece que va en sentido de lo lógico y de pensar en los más vulnerables”, opinó.
Sin discusión
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas solicitó al director del centro asistencial, Álvaro Villar, un presupuesto para personal en salas nuevas del octavo piso y para financiar 100% de la cuota de alimentación de los trabajadores suplentes, de forma de “poder lograr equiparación salarial y toma de beneficios”, algo que ya fue acordado.
En un comunicado, la UTHC sostuvo que el gobierno “alardea sobre un ‘nuevo hospital’ de cara a 2030, como si ellos no fueran parte del problema”. En ese marco, dijeron que los cambios “vienen con reestructuras de áreas y planteos de que sobra personal o está mal distribuido, pero sin discutirlo con el sindicato, obviando la negociación colectiva”.
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