Después de que se conociera que Andrea Díaz, coordinadora de la Red de Laicidad de la Universidad de la República (Udelar), fue desvinculada de un curso de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre la temática, sindicatos y organizaciones e instituciones académicas manifestaron preocupación y rechazo por el episodio.
El Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Udelar, donde Díaz es grado 5, cuestionó que la docente haya sido “desvinculada de forma abrupta por mail sin que mediaran otras formas de comunicación” para intentar “zanjar las diferencias que son naturales entre equipos docentes”. Según informó la diaria, Díaz fue desvinculada después de que propuso como pauta para un trabajo práctico que los cursantes redactaran un artículo para presentar en una revista académica de la FHCE.
Desde el Centro de Estudios de Laicidad y Educación (CELE), dependencia del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP a cargo del curso, entendieron que la docente no se adecuó a la propuesta académica de este año. Su director, Pablo Fucé, respondió a la docente que “los trabajos de los cursillistas son para el CELE” y “no para otras instituciones” y consideró inadecuada la pauta de la propuesta. Según explicó Fucé a la diaria, el centro proyecta sacar una revista propia y, además, el tipo de pauta de evaluación propuesto por la docente para una sola clase era similar a la del trabajo final del curso.
Al respecto, el Instituto de Educación planteó que “el intercambio de prácticas de escritura y difusión de conocimientos o resultados de investigación en un mundo global es una de las claves del desarrollo cultural”. En ese sentido, expresaron que “no debe tener otra preocupación que la construcción de una comunidad docente de la mayor calidad académica, más allá de las fronteras institucionales”. Sobre la actitud del director del CELE, señalaron que “lesiona el relacionamiento entre las instituciones públicas de educación superior y a sus docentes”. En ese sentido, expresaron su “rechazo” a la desvinculación de Díaz, ya que “afecta los vínculos de cooperación” de la comunidad académica, y además expresaron la intención de “continuar buscando caminos de entendimiento basados en el diálogo”.
Por su parte, la Red de Laicidad de la Udelar emitió una declaración pública en la que relata lo ocurrido en el marco de la preparación del curso de la ANEP y afirma que el hecho demuestra “una postura intolerante e irrespetuosa” de los responsables del CELE, que resulta “contradictoria con los valores y principios que entraña, por definición, el mismo concepto de laicidad”. Para que se logre el desarrollo de la educación uruguaya, la red reclamó el cumplimiento de “los principios de convivencia respetuosa en el trato entre las instituciones integrantes del sistema de educación nacional”, especialmente entre la ANEP y la Udelar. En ese sentido, la red, que está integrada por especialistas de distintas universidades, destacó la importancia del diálogo institucional “en el debido marco de respeto y apertura a las diferentes perspectivas” y que ello también debe ocurrir en el campo de estudio de la laicidad.
Sindicatos y oposición
Además de la preocupación expresada en Twitter por la Asociación de Docentes de la Udelar, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) también se refirió a lo ocurrido. Según el Sidfe, el episodio se dio en un contexto en el que las autoridades del gobierno “buscan vigilar y castigar a los docentes para lograr su autocensura y sumisión”. “Los sindicatos y sus militantes fueron los primeros en ser juzgados a través del parámetro de la laicidad”, agrega en un comunicado.
Según afirma, el concepto de laicidad que maneja el gobierno “es redefinido para ser presentado como neutral” y, “por el contrario, es usado en función de los fines políticos más espurios”. “Por detrás de esta neutralidad se oculta la intención de construir un único relato sobre la situación del Uruguay. Se quiere instaurar el ‘No hay otra alternativa’ de [la ex primera ministra británica] Margaret Thatcher”.
Al respecto, el Sidfe sostiene que el episodio de la exclusión de Díaz es el “último ejemplo de esta concepción del mundo conservadora y elitista”, ya que ello ocurrió por “no admitir una voz discordante”, según entiende. Además, el sindicato señaló que planteó el tema en una instancia bipartita con el CFE este jueves, pero los consejeros del gobierno “se sorprendieron” de la decisión de Fucé, según afirma el Sidfe. Sobre el CELE, señalan que, si bien “tenía como cometidos la labor de investigación, elaboración y difusión”, “se está convirtiendo en un tribunal (unipersonal) que decide cuál es la opinión válida sobre laicidad”.
Por su parte, el tema también preocupó a legisladores del Frente Amplio (FA), que realizaron un pedido de informes a la ANEP. El pedido, que está firmado por los legisladores Lilián Galán, Gabriela Barreiro, Gonzalo Civila y Daniel Gerhard, consulta sobre la forma de designación en el CELE y sobre distintos aspectos que tienen que ver con su rol, como la injerencia que tiene sobre el armado de los cursos. También interrogan sobre el destino de los trabajos finales de los cursantes y acerca de los motivos y la normativa en la que se basa la desvinculación de Díaz. Entre otros aspectos, los legisladores del FA también consultan a la ANEP sobre el concepto de laicidad que se maneja desde el CELE.