“¿Qué otras violaciones de derechos se habrán llevado a cabo hacia compañerxs de la educación que no conocemos? ¿Qué garantías tenemos Ixs estudiantes y docentes de que podemos alzar nuestra voz, si las repercusiones son la persecución de civiles e impunidad hacia quienes practican hechos ilícitos?”, se preguntaron a través de un comunicado los estudiantes del Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ), en el marco de la noticia de que el exjefe de seguridad de Presidencia de la República, Alejandro Astesiano, recibió contactos de docentes y estudiantes del liceo 41 de Montevideo enviados por un policía con el objetivo de intervenir los celulares.
En diálogo con la diaria, Thiago Morales, integrante del GEZ, manifestó que la noticia “movilizó a todos los gremios” que durante enero no estaban “tan activos” porque los liceos estaban cerrados y resaltó “el miedo” que les generó la circunstancia, porque hizo que se cuestionen si la misma situación pudo haber pasado con otros estudiantes y docentes, sobre todo si se consideran las ocupaciones y manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado.
Asimismo, subrayó que la preocupación -más que nada llevada al ámbito de la militancia- se enmarca en “toda la persecución gremial y sindical que hemos estado sufriendo, no solo de Astesiano, sino de las autoridades mismas, que nunca antes ha sido vista”. Por tanto, contó que convocaron a una intergremial con los gremios de Secundaria y posteriormente evaluarán cómo proseguir.
Por otro lado, dijo que si bien algunas autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública repudiaron el hecho, no han mantenido reuniones con las familias de los estudiantes y los involucrados.
“Es inaudita, sobre todo, la abierta falta de respeto y acoso hacia personas menores de edad que ejercen su libertad de expresión. Mediante el presente comunicado nos solidarizamos, visibilizamos y reforzamos la lucha de las familias de dichxs compañerxs, el Colectivo de Familias Organizadas de Liceos Públicos y UTU [Universidad del Trabajo], el Colectivo de ex presas y ex presos políticos adolescentes y Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria], así como toda organización que exprese su repudio ante la situación y reclame las explicaciones correspondientes por parte de las autoridades y una resolución tanto legal como política hacia los responsables”, esbozó el GEZ.
A su vez, el gremio denunció “fervientemente la ilegalidad y violación de derechos humanos y constitucionales que implica compartir los datos personales (nombres y números de teléfono) de dos docentes y doce alumnxs, ya sea si efectivamente se llevó a cabo la intercepción de sus celulares o no”.
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Resolución judicial y política
Días atrás, la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, afirmó en rueda de prensa que la situación con el liceo 41 no aparenta ser un acto ilícito: “Por ahora en lo que se ha recabado no hay hechos de apariencia delictiva”, afianzó.
Sin embargo, Morales lo visualizó como “ilegal y un poco obvio que se están negando los derechos”; “nos parece gravísimo”, dijo, incluso si se considera que un policía y una persona cercana al ámbito de Presidencia “están hablando” de “pinchar teléfonos”, así como el hecho de que el Policía involucrado fue trasladado a la Seccional N° 5, a 350 metros del liceo Zorrilla. “Si un estudiante comete un delito, ¿lo cambian de liceo? Si un vecino comete un delito, ¿lo cambian de barrio?”, cuestionaron los estudiantes en el comunicado.
Por último, Morales recordó que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y que, mientras tanto, ocurren este tipo de “prácticas antidemocráticas”. El integrante del gremio concluyó que además de la necesidad de una resolución judicial, también tiene que haber un rechazo y una resolución a nivel político, para “poder darle un fin” a la situación y “que sea real”.