A casi dos semanas de que se conociera que un policía de la custodia de Presidencia de la República pidió la intervención de teléfonos de estudiantes y docentes del liceo 41 de Montevideo, las familias y los profesores sindicalizados siguen disconformes con la respuesta recibida por las autoridades de gobierno.

Este martes, representantes del PIT-CNT y de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) se reunieron con los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Según dijo a la diaria Camila Menchaca, de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, en esa reunión las autoridades contaron que solicitaron un informe al Ministerio del Interior y también al referente en temas de seguridad de la ANEP.

La integrante de ADES Montevideo dijo que, según lo informado en la reunión, se confirmó que el policía Marcelo Fránquez pasó los contactos de los estudiantes y docentes a Alejandro Astesiano, pero la información que manejan es que la intervención de los teléfonos no se concretó. Al mismo tiempo, planteó que las autoridades políticas en el Codicen descartaron la participación de funcionarios de la ANEP en el episodio.

En esa línea, el integrante del Codicen Juan Gabito dijo a la diaria que, de acuerdo a la información con la que cuentan, “quedó claro que el origen fue un problema entre alumnos”. “Temiendo que a su hijo le hicieran bullying, el padre de un alumno le pide a ese policía -que no tiene nada que ver con el liceo ni con la custodia policial del liceo- que le hable a Astesiano”, dijo Gabito. Si bien dijo que rechaza la situación y que lo exhibido en los audios es “reprobable”, aseguró que “no es un hecho atribuible al funcionamiento institucional” y la responsabilidad de la ANEP “quedó deslindada”.

Además, planteó que la comunicación entre Fránquez y Astesiano fue en abril del año pasado, hasta que se conocieron los audios no hubo “ninguna repercusión en el funcionamiento del liceo”. “Más cosas que esas no podemos hacer, porque otra cosa implicaría legislar sobre el uso del Whatsapp, por ejemplo”, valoró Gabito, y agregó que no se puede “matar al instrumento” sino “penalizar su uso indebido”, algo que espera que haga la Justicia.

Insatisfechos

Menchaca planteó que, si bien a ADES Montevideo y a Fenapes le genera “seguridad” que la filtración de teléfonos no haya salido desde el centro educativo y que la intervención no se haya concretado, no coinciden con las autoridades políticas del Codicen, que entienden que es un tema “laudado”. La docente sostuvo que es necesario generar un “plan de vuelta a clases” en el centro educativo y que ello quedó claro después de una reunión que los sindicatos y los delegados docentes en el Codicen mantuvieron este jueves con las familias del liceo 41, de la que también participaron tres inspectoras de Secundaria.

La integrante de ADES Montevideo dijo que las inspectoras entendieron que Secundaria actuó correctamente, ya que se activó un expediente cuando llegó una carta de las familias del centro educativo. En cambio, Menchaca sostuvo que ello ocurrió varios días después de que se conociera el hecho públicamente y que el organismo debió haber intervenido de oficio, ya que la situación generó mucha incertidumbre y ansiedad entre los estudiantes.

La sindicalista contó que “las familias están muy firmes en querer saber qué pasó y encontrar responsabilidades” sobre cómo integrantes de la custodia presidencial manejaron información personal de adolescentes y profesores. Menchaca contó que las familias de los estudiantes de tercer año manifestaron que “sienten mucho miedo” y desde el sindicato pretenden que se pueda “recomponer el clima institucional” en el liceo. Hasta el momento, todos los estudiantes de tercer año sienten que “están bajo sospecha” y “dudan” de si se puede confiar en la institución educativa, planteó Menchaca. En ese contexto, sostuvo que es especialmente preocupante que ninguna autoridad designada políticamente en la ANEP se haya puesto en contacto con el liceo.

El movimiento sindical evaluará los pasos a seguir y también reclama una respuesta de la Justicia. Si bien Gabriela Fossatti, la fiscal que investiga el “Caso Astesiano”, manifestó que hasta el momento no surgen hechos de apariencia delictiva en la situación del liceo 41, Menchaca planteó que con esa afirmación se refirió solamente a Astesiano. En ese sentido, recordó que Fránquez fue removido de la custodia presidencial y trasladado a su antigua función y que “por algo fue removido” y debería tener alguna sanción. Al respecto, reclamó que se les brinde apoyo y asesoramiento a las familias para que también puedan evaluar pasos a seguir a nivel judicial.

En una línea similar, Julián Mazzoni, uno de los representantes docente en el Codicen, dijo a la diaria que en el liceo 41 se dio “una situación de quiebre” a nivel de la confianza de los estudiantes y las familias y que es necesario que se brinden mecanismos de contención y se esclarezca quiénes manejaron la información personal de estudiantes y docentes. En suma, señaló que las familias plantearon a los consejeros docentes que pretenden tener una reunión con el Codicen en pleno y ambos quedaron en realizar gestiones para que ello suceda.