La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y al PIT-CNT para intercambiar sobre el episodio de espionaje en el liceo 41 de Montevideo que se conoció públicamente en febrero de este año y que involucró a un guardia de la custodia presencial y a Alejandro Astesiano. Según explicó a la diaria el presidente de la comisión, el frenteamplista Óscar Amigo (MPP), la comparecencia estaba pendiente desde hacía tiempo y no había podido ser concretada por problemas de agenda.
José Olivera, presidente de Fenapes, al salir de la reunión destacó la “receptividad” de la comisión ante la “preocupación” planteada por el sindicato. Según planteó, los audios que se difundieron públicamente deben “llamar a la reflexión”, por un lado, porque se hablaba de la solicitud de un efectivo policial al exjefe de custodia presidencia para la intervención de teléfonos personales. Al respecto, recordó que ello fue para investigar a un conjunto de docentes y estudiantes a partir de una situación concreta dentro del liceo, que “aparentemente a este actor no le hubiera gustado”. En segundo lugar, el presidente de Fenapes planteó que el hecho de que el policía se refiera a los adolescentes del liceo y de otros “de la periferia” como “descerebrados” representa una “incitación del odio, al desprecio y a la discriminación”.
Finalmente, el sindicalista concluyó que ese episodio dejó en evidencia que “habría una práctica de apariencia delictiva, que no solamente involucraba al seguimiento, la persecución o la solicitud de escucha a los estudiantes y docentes del 41, sino de otros liceos de la periferia, así como de algún otro centro de estudio”, dijo.
Olivera indicó que Fenapes y el PIT-CNT han planteado su preocupación directamente a organismos del Estado con capacidad para investigar e intervenir, y recordó que se reunieron por este tema con el fiscal de Corte, Juan Gómez, con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y con el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Después de ese recorrido, los representantes sindicales concurrieron ante la comisión parlamentaria, donde expresaron que el Codicen actuó con “omisión” ante este caso, por no haber presentado una denuncia penal, ya que “se vulneraron claramente derechos de estudiantes y trabajadores”, según valoró. Olivera recordó que lo único que se hizo desde la ANEP fue consultar al Ministerio del Interior (MI) si la intervención de teléfonos se había concretado, y como le respondieron que no, las autoridades se quedaron conformes con esa respuesta. El presidente de Fenapes completó que el MI “determinó el cese del pase en comisión del funcionario policial que formaba parte de la custodia de Presidencia de la República y que volviera a su lugar de origen, que sería una comisaría, pero no se entró a investigar, no se estableció ningún otro procedimiento disciplinario”, y tampoco quedó claro a qué normativa se apeló para el traslado. En suma, cuestionó que Secundaria tampoco dispuso una intervención en el liceo para atender a la comunidad educativa, que quedó afectada por la situación.
Para el sindicalista, este episodio, al que calificó como “grave”, y otros muestran “una suerte de política institucional que atraviesa distintos organismos del Estado” por la que “no queda muy clara la política concreta de defensa no solamente de los derechos humanos sino también de la protección de los distintos actores del sistema educativo”.
Comparten preocupación
Consultado al respecto, Amigo coincidió en lo preocupante del episodio en el liceo del Cerrito de la Victoria y dijo que ello es independiente de que la intervención de los teléfonos se haya concretado o no. En ese sentido, dijo que la mera transmisión de información entre un efectivo policial y el jefe de la custodia presidencial, quien trabaja en la Torre Ejecutiva, “ya de por sí genera una vulneración de derechos”. En este caso, además, varios de los protagonistas eran menores de edad, que están especialmente protegidos por normativa tanto uruguaya como internacional.
En ese sentido, Amigo valoró que se fue contra la privacidad, contra los derechos de los adolescentes a juntarse “en un contexto seguro”, que se afectan “temas de imagen” y se registró una individualización de las personas que actuaban en colectivo. Por todo ello, el diputado dijo que era pertinente que el tema fuera tratado por la Comisión de Derechos Humanos.
En una línea similar a la de Olivera, el presidente de la comisión contó que en la reunión también se abordó una “situación más general” del vínculo entre los sindicatos y las autoridades de la educación, pero también con los docentes que no están sindicalizados. Según valoró el diputado, dicho clima general “no es el mejor” para “el entendimiento y el diálogo”. Al respecto, agregó que desde Fenapes plantearon que “los docentes sienten desconfianza” de las autoridades hacia su trabajo, sobre todo desde la DGES.
Para hablar tanto de la situación en el liceo 41 como de este clima general, Amigo señaló que llamarán próximamente a las autoridades de ANEP para que expliquen su actuación y respondan a los planteamientos realizados por Fenapes.