Trabajadores de la educación y estudiantes pidieron más recursos para salarios, infraestructura y creación de cargos

En el marco de la movilización organizada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que realiza un paro de 24 horas este miércoles, las distintas organizaciones de trabajadores y estudiantes que la integran plantearon sus reclamos de cara a la última Rendición de Cuentas del actual período de gobierno. En el acto de la CSEU realizado a mediodía en la puerta de la Torre Ejecutiva, desde el movimiento estudiantil se planteó que los centros de educación media “están sufriendo carencias de todo tipo”, tanto en UTU como en Secundaria.

Bruno Volpi, del movimiento estudiantil de Secundaria, fue el encargado de leer la proclama y denunció que en los centros públicos “no hay presupuesto para personal de servicio suficiente como para mantener los espacios limpios y en condiciones dignas”. En suma, dijo que en algunos centros no hay personal de seguridad, “por lo que no existen garantías ni para funcionarios ni para estudiantes”. Volpi también se refirió a uno de los reclamos que el movimiento estudiantil viene manteniendo con fuerza desde el retorno de la presencialidad plena a liceos y escuelas técnicas: la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios. Según consideran los estudiantes organizados, estos equipos son esenciales para atender la “necesidad de contención y amparo emocional, psicológico y social” por parte de profesionales preparados y especializados en esa tarea.

Al mismo tiempo, el estudiante habló de “una notoria falta de horas de intérpretes de lengua de señas aún por cubrir”, lo que “perjudica enormemente a los estudiantes sordos e hipoacúsicos”. En suma, planteó que muchos estudiantes tienen dificultades para asistir a clases, ya sea por dificultades para costear el transporte, la alimentación, la vestimenta o los materiales de estudio.

El vocero de los estudiantes señaló que el salario de los trabajadores de la educación “no aumenta, pero el trabajo sí”, y planteó que mientras algunas clases están superpobladas en otros centros se encuentran con el cierre de grupos o turnos enteros. Según valoró, si bien las autoridades plantean que esto se debe al flujo de inscripciones, los estudiantes organizados entienden que hay “una clara intencionalidad de recortar cupos para estudiantes y puestos de trabajo para docentes”. La proclama también se refirió a la situación que viven los cursos en el turno nocturno y plantearon que estos “son los más desamparados a la hora de repartir el presupuesto”.

Sobre el caso concreto de UTU, Volpi afirmó que “no se cubren las prácticas reglamentarias para poder culminar las carreras; sin embargo, la marca UTU sigue creciendo y utiliza sus estudiantes como mano de obra no remunerada” y “eligen a dedo a quién postular para posibles trabajos sin realizar concursos”.

Volpi también habló de los centros del Consejo de Formación en Educación, donde también se está implementando una reforma curricular, en la que los estudiantes no han podido incidir, pese a que tendrá efectos negativos en su futuro laboral como docentes, según planteó. Sobre la situación de la Universidad Tecnológica, desde el movimiento estudiantil cuestionaron el cambio de gobernanza en el organismo. El vocero agregó que dicha modificación “busca extinguir los espacios de participación estudiantil y debilitar la autonomía universitaria”, algo que va en contra de la “libertad científica” y es “un retroceso brutal e inédito en la historia de Uruguay y en nuestras tradiciones latinoamericanas”.

El movimiento estudiantil reclama un presupuesto equivalente a 6% del producto interno bruto para la educación y a 1% para investigación, y también se opone a “cualquier forma de violencia dirigida a los estudiantes”. También rechazan el “acoso” y la “humillación en las aulas” y se refirieron a la denuncia de estudiantes a docentes de una UTU en Rivera por xenofobia y racismo. “Dejamos en claro que no nos quedaremos en silencio frente a la persecución gremial, el saqueo de nuestros espacios, la censura de nuestros discursos, ni ante la obstrucción de los espacios de asamblea estudiantil. Denunciamos públicamente estas prácticas injustas y reivindicamos nuestros derechos. Nos negamos a ser silenciados y a permitir que se vulnere nuestra libertad y dignidad como estudiantes”, reivindicó Volpi.

En falta

Marcela Da Col, vicepresidenta de la Federación Nacional de Educación Pública (Fenapes), fue la encargada de hablar en representación de los sindicatos de trabajadores de los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La vocera cuestionó la transformación educativa en el organismo, que, según consideró, tiene como objetivos “la instalación de la lógica privada de la gestión privada sobre la pública; la reestructuración total de los sistemas educativos con una lógica mercantil; y la instrumentación de la educación en un sentido utilitarista y pragmatista en Uruguay”.

Da Col planteó que, con las sucesivas leyes presupuestales y de Rendición de Cuentas del actual gobierno, se “reveló de forma descarnada la cara más dura del ajuste del capital sobre el trabajo”. “En este contexto, la educación atraviesa un recorte que es presupuestal, de derechos y pedagógico”, agregó. Según dijo, la actual transformación educativa “se está implementando en peores condiciones salariales y de infraestructura”, lo que “repercute en un cuerpo docente que se evidencia agotado, enajenado y sujeto al control administrativo que implica el cumplimiento de metas y la sistematización mediante datos”.

Por su parte, la integrante de Fenapes señaló que la plataforma de la CSEU plantea reclamos que tienen que ver con la masa salarial de los trabajadores, pero también con la atención integral de los estudiantes y de los problemas de infraestructura. Para los sindicatos, “es imperiosa la creación de cargos docentes en todo el sistema educativo público” y que, de esa forma, se desarrolle la carrera docente y funcionarial. “Como trabajadores nos importa el aumento salarial, pero más nos importa la atención de inequidades salariales que no pueden bajo ningún concepto seguir siendo postergadas”.

Uno de los reclamos de los sindicatos es que los maestros y talleristas especiales, que actualmente cuentan con 15 horas de trabajo semanales, pasen a tener 20 horas. También reclaman que se retorne a la anualización del pago de las funciones de maestros comunitarios que se eligen año a año, que a partir de 2021 dejaron de cobrar los meses de enero y febrero.

Por su parte, Paola Silva, de la Unión de Funcionarios del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, también se refirió a la necesidad de terminar con inequidades en el sistema educativo, por las que, por ejemplo, una maestra que trabaja en una cárcel “gana menos” que una que lo hace en una escuela. La sindicalista señaló que realizan reclamos que “son totalmente ninguneados por las autoridades del Codicen, que “gastan cientos de miles de pesos en folletería en publicidad televisiva o en cargos de confianza inoperantes, pero no invierte” en políticas como los Centros de Lengua Extranjera, por ejemplo, para “publicitarlos o avisar cuando comienzan los cursos”.

En suma, se refirió al “eterno olvido” de la falta de funcionarios de gestión y servicio en la ANEP, que repercute en la sobrecarga de tareas y, por lo tanto, en que muchos funcionarios se enfermen, además de que no pueden desarrollar una carrera funcional en el organismo. Por su parte, cuestionó la aplicación de “contratos precarios” por parte de la actual administración, en forma paralela al Estatuto del Funcionario No Docente de la ANEP.