La maestra y la directora de la escuela 35 que habían sido sumariadas con retención de haberes y separación del cargo volvieron a sus funciones esta semana, mientras transcurre la investigación.

La decisión de dejar sin efecto las medidas cautelares fue tomada por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) luego de que la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública solicitara la revisión, ya que consideraron que la medida fue “desmedida”, “extemporánea” y que estaba “afectando la institución educativa”.

Sin embargo, los padres y madres de los alumnos de la escuela continúan preocupados por lo que pueda ocurrir en la continuación del sumario, que podría traer sanciones para la maestra a cargo de uno de los primeros años. Además de llevar a cabo una reunión con integrantes de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay y las Familias Organizadas de la Escuela Pública, enviaron una carta con 180 firmas a la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras.

En la misiva, a la que accedió la diaria, manifestaron que la medida de separación del cargo implica que la DGEIP considera que los alumnos “están expuestos a un riesgo grave al compartir el aula con las docentes implicadas”, cuando desde “hace cinco meses que iniciaron los cursos y no ha habido una sola situación anómala dentro del aula”. Contrariamente, afianzaron que “el trato y desempeño han sido excelentes, tanto con nosotros como con nuestros hijos”.

Destacaron, en esa línea, que la maestra sumariada había solicitado ser trasladada a otra escuela a principios de año, pero fue retenida “porque su propuesta y modalidad se alinean perfectamente con la ‘transformación educativa’ en curso”. A su vez, resaltaron que “es una persona dedicada que se involucra también en las situaciones particulares de sus alumnos, logrando incorporar la participación de especialistas, y da seguimiento al avance de cada uno”. En conclusión, sentenciaron que la resolución de Primaria no “ha tomado en cuenta su trayectoria”.

En ese marco es que los padres y madres hicieron énfasis en que la DGEIP tampoco ha considerado “adecuadamente el perjuicio para nuestros hijos que la separación del cargo implica; la discontinuidad en el proceso educativo, la pérdida de los afectos y confianza construidos, la angustia por la pérdida de su referente”.

Para las familias, antes de haber tomado la decisión de establecer las medidas cautelares a la maestra y la directora, se los debió “convocar y escuchar”, sobre todo si se considera que por “muchos años” se buscó una directora efectiva y, finalmente, “se había logrado, y comenzaba a dar resultados”.

La escuela 35 es de tiempo completo; por esa razón, subrayaron que la elaboración de la alimentación es uno de los ejes del funcionamiento que “no admite discontinuidades” y que, por tanto, “no es posible trasladar todas esas responsabilidades a los funcionarios que aún permanecen en ella”.

En ese contexto, los referentes de los alumnos de la escuela emitieron tres solicitudes a De las Heras que aún aguardan respuesta: “Una notificación formal de lo que está sucediendo”, que implica “tener conocimiento de cómo abordarán este cambio en los niños y cómo se les notificará”; una reunión en la escuela “de carácter urgente” con la inspectora zonal; “y que antes de determinar acciones a futuro al menos, se nos escuche”.