Una vez más, un recurso de inconstitucionalidad será presentado por trabajadores y estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) ante la Ley 20.125, que, entre otros puntos, elimina el cogobierno de la UTEC, modificación rechazada por colectivos de docentes, estudiantes y funcionarios de sea universidad.

Este segundo recurso de inconstitucionalidad se refiere a la nueva ley, que sustituyó a la anterior, aprobada (y ya derogada) por el propio gobierno (la 20.096). En la sede del PIT-CNT, este viernes distintos representantes de los colectivos de la institución y la educación anunciaron la presentación del recurso y las justificaciones: el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC (Situtec), Marcelo Ubal, el abogado del sindicato, Michael Dicmarch, el secretario de la Asociación de Estudiantes, Shanti Benvenuto, y el coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), José Olivera.

La apertura estuvo a cargo de Olivera, quien aseguró que la nueva ley preveía “subsanar” el “atropello” que significa la eliminación del cogobierno, propuesto también en la ley anterior. Sin embargo, la actual “sigue teniendo los mismos vicios de forma y contenido”, por lo que es necesaria la presentación del recurso para “seguir batallando por la férrea defensa del cogobierno”. “Abrazamos la importancia de la creación de la UTEC, siempre convencidos de que debe ser autónoma y cogobernada para contribuir al desarrollo integral de nuestro país, particularmente en el interior profundo”, sentenció, y reafirmó el apoyo de la CSEU a los trabajadores y estudiantes que presentarán el recurso de inconstitucionalidad.

Dicmarch explicó, en concreto, qué argumentos los amparan para defender la inconstitucionalidad de la ley. En primer lugar, señaló que en la Constitución de la República se establece que a la hora de aprobar una normativa referida a un ente autónomo, las autoridades de la institución deben ser convocadas por el Parlamento.

Sin embargo, aseguró que “la dirección de la UTEC no fue convocada” para dar su opinión sobre el segundo proyecto, que fue idéntico al anterior, y “no fueron citados en tiempo y forma los distintos gremios y actores partícipes”. Especificó que se los llamó el mismo día en que la ley se iba a votar, “supuestamente por una descoordinación con la Comisión de Educación y Cultura”, lo que, para el abogado, demuestra “la desprolijidad” a la hora de tratar el tema.

En segundo lugar, manifestó que también es violatorio de la Constitución presentar dos proyectos de ley “con el mismo contenido y forma en la misma legislatura”. “Si hay alguno que naufraga o incumple ciertos requisitos, no se puede volver a presentar, que fue lo que pasó, y es una arbitrariedad del Parlamento uruguayo”, esgrimió.

El tercer y último argumento que presentarán para justificar la inconstitucionalidad es que la ley “no respeta la especialización, contenido, grado, fuerza y autonomía que la Constitución” le da al ente.

Para Dicmarch, en resumen, la normativa actual “afecta el derecho a la educación y sobre todo al ente autónomo de enseñanza”. Recordó, además, que la ley aprobada anteriormente fue votada sin las mayorías necesarias, lo que consideró “una grave omisión y desprolijidad absoluta a la democracia, al Estado uruguayo y a la institución”.

Cuatro meses después, dijo, presentaron “otro proyecto de ley con los mismos errores de forma y contenido, amparándose en sus mayorías parlamentarias, pero avasallando la normativa, los derechos y la Constitución, y eso venimos a defender”, puntualizó.

Otros “incumplimientos”

Ubal afirmó que, más allá de la inconstitucionalidad, en UTEC existe un “sistemático incumplimiento de las leyes”. En ese marco, aseguró que en la práctica no se cumple el establecimiento de que los directores tienen que ser seleccionados por oposición y méritos, ni tampoco “las normas laborales”. Narró que dos compañeras “están a punto” de ser despedidas sin antes haber pasado por un sistema de evaluación que ponga en cuestión si continuar o no con sus contratos. “Es un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos”, y se trata de trabajadoras “despedidas en forma irregular”, esgrimió.

Por otro lado, se detuvo en “dos problemas centrales” que tiene la institución y que, asegura, no son abordados por las autoridades. Señaló que hay un “80% de rezago de los estudiantes” y que, por lo tanto, la UTEC necesita “un sistema integral de becas para alimentación, estadía y transporte”, que “no está contemplado en el Presupuesto”.

Asimismo, afirmó que 65% de los docentes de la institución no tienen posgrados. Para Ubal, eso implica que “no están actualizados en las ramas de conocimiento que están enseñando” y “es un problema en la calidad de enseñanza y en la investigación”. En este contexto, reafirmó la preocupación transversal a los distintos puntos: “Necesitamos cogobierno” para poder atender las problemáticas internas de la institución.