Desde mayo de 2022 familias y trabajadores del centro La Pascua, de La Cruz de Carrasco, reclamaban a la iglesia católica de Montevideo la renovación del comodato del predio para evitar que el proyecto tuviera que ser trasladado. Si bien luego de la recolección de miles de firmas lograron correr sucesivas veces la fecha en la que debían abandonar el lugar, donde funcionan un CAIF, un club de niños y un centro juvenil, la mudanza se concretó en los últimos tres días hábiles de 2023.

Con profundo pesar y mucha indignación, los trabajadores vieron cómo décadas de inversión estatal en el predio quedaron en manos de la iglesia católica, que dispuso que a partir de ahora allí se instale un colegio privado gestionado por una asociación civil con la que tiene vínculos, según dijo a la diaria Sergio Sommaruga, trabajador del centro e integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep). Sommaruga contó que La Pascua se mudará al local donde hasta el año pasado funcionaba el colegio que se instalará en el lugar.

Según explicó, se trata de un predio mucho más chico, que no está acondicionado y donde los distintos proyectos no podrán funcionar de forma autónoma. Además, a diferencia del terreno en el que funcionaron durante años, casi no cuenta con espacios verdes, fundamentales para el trabajo con niñas, niños y adolescentes que pasan varias horas en el lugar.

Si bien las condiciones en las que pasarán a funcionar desde ahora distan mucho de ser las ideales, Sommaruga señaló que tuvieron que optar entre pasar a trabajar “apelmazados” o retirarse del barrio justo en un momento en que atraviesa los niveles de violencia más altos que el sindicalista recuerde. Para ilustrarlo, contó que hace pocas semanas mataron a sangre fría al hermano de un adolescente que concurre a La Pascua, a quien le dispararon siete veces luego de entrar por la fuerza a su casa.

En ese contexto, analizó que la situación empeoraría aún más si el barrio se quedara sin tres programas socioeducativos. “Los gurises tienen que tener un lugar donde escapar por un par de horas de esta violencia frenética, un lugar donde comer, donde poder reírse y disfrutar, jugar. En definitiva, lo que estamos ofreciendo es eso; es increíble, porque tampoco es que estemos haciendo mucho más, pero hoy eso es un tesoro. Un lugar donde comer, reírte, jugar y donde no te peguen un tiro. La situación en La Cruz de Carrasco es durísima”, lamentó Sommaruga.

Por todo ello, consideró que la actitud del arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, es “de una irresponsabilidad muy importante”. Precisamente, analizó que no es generalizable a toda la iglesia y, según interpreta a partir de distintos intercambios que ha tenido sobre el tema, la no renovación del comodato es una iniciativa del arzobispo y ni siquiera fue un planteo que surgió del colegio que se instalará en el lugar.

Sin reacción

Además del sentimiento de desazón que llevó a que algunos de los trabajadores más antiguos del proyecto renunciaran, Sommaruga planteó que al no renovar el comodato, la iglesia católica se queda con una “inversión millonaria” que hizo el Estado para asegurar el funcionamiento de los proyectos socioeducativos. Como ejemplo, mencionó que, dependiendo de las condiciones, el costo de la instalación de un CAIF puede variar entre uno y dos millones de dólares, y a eso hay que agregar el club de niños y el centro juvenil. Además, en el predio se instalaron oficinas, un salón multiuso y una cocina para dar alimentación a los niños y adolescentes.

Si bien aclaró que lo ocurrido es legal, porque se trató de una inversión realizada en terrenos que no pertenecían al Estado, consideró “muy loco” y “preocupante” que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el organismo que financió las obras y supervisa los proyectos, no haya hecho nada para recuperar al menos parte de lo gastado. De la misma manera, cuestionó que ni el Frente Amplio (FA), como partido de oposición, ni nadie en el Parlamento haya planteado el tema ni exigido explicaciones al gobierno.

Según consideró el dirigente de Sintep, lo ocurrido “es una confiscación de usufructo de edificios públicos al servicio de un bien público que pasa a ser de usufructo de un colegio privado”. En suma, recordó que, de acuerdo al marco legal, la institución que llega al lugar “va a contar con exoneraciones tributarias, no va a pagar IVA ni aportes patronales al Banco de Previsión Social”.

Para ilustrar la gravedad de la situación, se preguntó qué hubiera ocurrido si en un gobierno del FA el Estado se hubiera quedado con infraestructura privada sin pagar un peso”. “El escándalo que habría en Uruguay, lo que estarían haciendo los partidos de la derecha, se hablaría de crisis institucional”, ironizó. En tanto, al ver la nula reacción en el sistema político ante una situación que se dio a la inversa, lamentó que este caso muestre que “no hay una cultura de defensa del bien público”.

Más allá de haber sido “derrotados”, el integrante de Sintep aseguró que los trabajadores quedaron “con la conciencia tranquila” de haber luchado para que el desenlace fuera otro.