La historia se pronunció por intermedio de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU): “preocupación”, “solidaridad” y “rechazo” fueron las palabras que utilizaron en un comunicado en el que manifestaron su postura ante la reciente resolución del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) que no permitió la difusión completa del podcast “68” de la serie El golpe a la educación, realizada por el Sitio de Memoria (ex SID) con la coordinación de la escritora y realizadora audiovisual Virginia Martínez. El colectivo de profesores calificó lo sucedido de un acto de “censura”.

La Asociación de Funcionarios de la INDDHH (Afinddhh) también rechazó la resolución: en un comunicado que publicó en sus redes sociales, explicó que el ex SID “funciona en el subsuelo de la institución y forma parte de ella”, y resaltó que “la realización de dicha serie fue producto de la planificación anual aprobada por el Consejo Directivo para el año 2024”.

En ese marco, narraron que en mayo de este año Martínez elevó al Consejo Directivo los tres episodios que integran la serie, titulados “68”, “Limpiar las aulas” y “Yo, oriental”, para que sean considerados por las autoridades. Además de Martínez como investigadora y directora general del proyecto, la producción y el guion estuvieron a cargo de Cecilia Osorio y la voz en off de la cantante Ana Prada.

Según describió el sindicato, “a partir del testimonio de ocho maestras, profesoras y estudiantes de Montevideo y del interior del país, y del análisis de seis historiadores e historiadoras que cuentan con maestrías y doctorados en el tema y de un rico material de archivo sonoro”, la serie “recrea, evoca e interpreta el proyecto político de la dictadura (y sus antecedentes) para la educación pública”.

Es en ese contexto que, en la sesión del Consejo Directivo del 17 de setiembre se resolvió, por cuatro votos a favor y uno en contra, que el capítulo “68” no puede divulgarse “porque no tiene pluralidad de miradas y ofrece un relato que ‘saltea la otra parte de la Historia’”, afirma en el comunicado.

La asociación de funcionarios también manifestó su preocupación por “la discusión” que tuvo lugar en el Consejo Directivo, ya que “a partir de las vivencias de sus integrantes durante dicho período se menoscaba el trabajo profesional y se desvaloriza la investigación histórica”. Para la Afinddhh, “no surge de la fundamentación realizada por el Consejo Directivo ningún elemento de tipo académico para fundamentar la decisión adoptada, quedando en evidencia la arbitrariedad de la misma”.

Por estos motivos, manifestaron su respaldo a Martínez, “cuya formación académica y trayectoria profesional son ejemplo de calidad”. Destacaron “su labor en el Sitio de Memoria en la realización de documentales, en la creación de la página web del sitio y en la digitalización de archivos que aportan al conocimiento de temas clave del terrorismo de Estado”.

La preocupación de los funcionarios de la institución no sólo tiene que ver con la “censura” de El golpe a la educación, sino también con que, según aseguran, existen “otros hechos que han puesto en evidencia el debilitamiento de la labor de la INDDHH en la vigilancia y contralor del efectivo cumplimiento de los derechos humanos”. Asimismo, afirman que esta situación ya ha sido advertida “por las organizaciones de la sociedad civil, quienes de manera categórica rechazaron la elección del actual Consejo Directivo por violentar la ley de creación de la INDDHH y convertir a la misma en un reparto de cargos políticos”. “Rechazamos la resolución del Consejo Directivo y exigimos la difusión íntegra de El golpe a la educación”, finalizaron.

la diaria intentó comunicarse con los directores que votaron en contra de la difusión del capítulo, pero no obtuvo respuesta.

Visión de los historiadores

En tanto, la APHU también manifestó su “solidaridad” con el equipo que llevó a cabo el podcast y manifestó su “rechazo a la pretensión de presentar una visión que dé cuenta de ‘la generalidad de los enfoques que mereciera la evaluación de lo ocurrido’”. Según argumentan, “además de ser un proyecto metodológicamente imposible”, se trata de “un reclamo completamente improcedente para una institución que tiene como objetivo la defensa de los Derechos Humanos”.

En ese marco, desde una visión de derechos humanos se hicieron la siguiente pregunta: “¿Es posible la ‘diversificación de miradas’ sobre los sucesos que involucraron a la enseñanza en el año 1968?”. Por otro lado, señalaron que su “preocupación” ha aumentado “por el hecho de que esta decisión va en el mismo sentido que las que se han adoptado por la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] a la hora de modificar las currículas de Historia en enseñanza media, que significan una reiterada intervención política sobre los contenidos programáticos, desconociendo en varias ocasiones la acumulada producción académica”.

Por último, el colectivo docente hizo “pública su alarma ante el planteo de la ‘necesidad para el futuro de que existan etapas intermedias e instancias de coordinación’” con Martínez. Según argumentaron, “este extremo mencionado en los argumentos para confirmar la prohibición parece el anuncio de la instauración de mecanismos de control y censura previa, alejados del más mínimo contexto democrático”.