“En defensa de la educación pública” y “la cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”, decían dos pancartas que, este jueves al mediodía, fueron sostenidas por docentes y estudiantes del liceo IAVA en la escalinata del centro educativo.

Es que luego de que trascendiera la noticia de que el exdirector del IAVA, Leonardo Ruidíaz, fue sancionado por Secundaria con 150 días de suspensión y pérdida de su salario, a pesar de que la División Jurídica del subsistema haya sugerido que la sanción fuera por diez días, el núcleo sindical del IAVA convocó a una conferencia de prensa en la puerta del liceo.

“Hoy, con gran consternación, queremos denunciar una noticia dolorosa e injusta: la sanción de 150 días al director Leonardo Ruidíaz”, sentenció la docente María Gallo, en representación del núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo.

Gallo recordó que el año pasado, durante seis meses, Secundaria le retuvo el 50% del salario. “Como si esa sanción no alcanzara, al cumplirse los seis meses no se le permitió volver a su cargo en el liceo sino que se lo destinó a una oficina administrativa, como si su presencia implicara un peligro”.

Y “después de todos estos atropellos, ayer nos enteramos de que se lo sanciona con 150 días de suspensión sin goce de sueldo, una de las medidas más severas que se podía tomar antes de la destitución”, afirmó.

Asimismo, el núcleo señaló que no comparte la medida de sanción recomendada por la División Jurídica. En cuanto a la que finalmente tomó Secundaria, manifestaron: “En un acto de ensañamiento sólo entendible desde el odio, el encarnizamiento y el totalitarismo que la ha caracterizado, pide a su asesora letrada de confianza que revea lo aconsejado por el departamento jurídico de Secundaria y es así que finalmente llega a esa sanción”.

La interpretación del núcleo sindical es que la sanción es “ejemplarizante”: “Se le aplica a Leonardo Ruidíaz, pero es un mensaje para la totalidad de los y las docentes y también para docentes en cargos de dirección e inspección para que no se animen a disentir, a cuestionar, a asumir luchas, a apoyar derechos, a garantizar libertades, a formar parte de colectivos que defienden los derechos de los y las trabajadoras y estudiantes”.

Los docentes sindicalizados del centro educativo no creen que “el director haya cometido más delito que ser dialoguista y haber actuado pedagógicamente, respetando y garantizando derechos y espacios de encuentro estudiantil”. Llamaron a no olvidar que a los estudiantes “les arrebataron el salón gremial, salón donde no se construyó ninguna rampa, porque no se puede llevar a cabo (según informe de una arquitecta de Secundaria) y porque el edificio ya contaba con accesibilidad. Salón que convirtieron en pasillo de entrada, para darle algún uso y disimular así la verdadera intención”.

“Nos quieren instalar el miedo, propagarlo como un virus. Han instalado un modelo educativo autoritario, antidemocrático, que empobrece la educación pública”, esgrimieron. Sin embargo, señalaron que “para lograrlo, deben destruir los espacios colectivos”.

Por todas estas razones, concluyeron: “Repudiamos esta sanción, repudiamos la persecución a docentes, directores y estudiantes organizados”. A su vez, agregaron que “las autoridades del Codicen [Consejo Directivo Central] pueden dar marcha atrás a esta lamentable e injusta resolución. Sería una buena señal y un acto de justicia hacerlo”. “Defender estudiantes no es insubordinación”, finalizaron.

“Desproporcionada” y sin “sustento”

En rueda de prensa, Camila Menchaca, presidenta de ADES Montevideo, afirmó que durante el proceso de la investigación “nunca se terminó de definir cuáles podrían efectivamente haber sido las acciones que el director hubiese llevado a cabo correctamente, entonces no había posibilidad de defenderse”.

Por otro lado, además de afianzar que hubo “un prejuzgamiento”, reforzó la afirmación informando que el instructor de la investigación administrativa fue también el instructor del sumario. “No corresponde”, agregó.

Asimismo, opinó que la sanción finalmente impuesta es “absolutamente desproporcionada”, y recordó que la asesora letrada, la abogada Magdalena Ruiz, “ha tenido este rol en varias oportunidades, en las que el departamento jurídico ha recomendado sanciones mayores y se termina aplicando menores en función de lo que esta asesora plantea”.

Por último, señaló que desde el equipo jurídico del sindicato están trabajando “para hacer un recurso de revocación y que el Codicen pueda rever esta sanción que es claramente desproporcionada, desmedida y no tiene ningún tipo de sustento”.