“El primer año de gestión siempre es muy complejo, son años de transición en los que la mayoría de las decisiones sobre el año están tomadas por las autoridades anteriores”, asegura Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al ser consultado sobre un balance del primer año de gestión.

Con la promesa de generar cambios, pero sin hacer borrón y cuenta nueva, las autoridades de la educación asumieron sus cargos en marzo para hacer cumplir una serie de compromisos de campaña, como el de llegar a una inversión equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB) para el sector. De todas formas, mientras el Parlamento discutía y acordaba el presupuesto quinquenal, en 2025 se tomaron varias definiciones que marcan el rumbo que tomará la educación pública en los próximos cuatro años. Algunas de las medidas fueron la “revisión participativa” de la Transformación Curricular Integral (TCI), la apuesta por tener en cuenta la opinión de los colectivos docentes de cara a la formulación de políticas, y la revisión de un conjunto de sanciones a maestras y profesores por proselitismo o por no seguir órdenes de las jerarquías en las administración anterior.

Otro punto importante fue la estrategia de revinculación que permitió que 2.246 de 5.382 estudiantes retornaran al sistema educativo, al que se sumaron los esfuerzos por mejorar la asistencia de los estudiantes en todos los subsistemas de la ANEP. Al respecto, Caggiani señaló que el programa Familias Informadas, que se implementó en grupos de séptimo grado de 100 liceos junto con Ceibal, arrojó resultados positivos. A través de este programa, vía Whatsapp se informaba a los adultos referentes de los adolescentes si habían faltado, de forma de no tener que esperar a la entrega de boletines para ver el número de faltas. A la espera de los resultados de todo el año, un primer corte realizado en octubre mostró que los liceales que habían participado en el programa tenían, en promedio, tres faltas menos que quienes no lo habían hecho.

Además, Caggiani se refirió al diseño y la aprobación del presupuesto como otro de los hitos importantes del año, proceso en el cual la ANEP trabajó en un pedido bajo el supuesto de que al final del período se llegará al 6% del PIB.

Sobre los resultados logrados, valoró que “hubo una priorización del gobierno del tema educación e infancias” y, en concreto, mencionó que un tercio de los incrementos votados en el Parlamento serán para la ANEP. También añadió que se atenderán “líneas de política muy consensuadas”, como la universalización de la educación en niños de tres años, la extensión del tiempo pedagógico, que también implica resolver la alimentación diaria de miles de adolescentes, y ampliar la oferta de educación terciaria en el interior del país. A su vez, mencionó la creación de “mecanismos de apoyo a la familia” como el bono de inicio de clases y la ampliación del sistema de becas para la educación media, con una reformulación que va atada a la asistencia a clase y al rendimiento escolar.

Respecto de la ampliación de los comedores en la educación media, Caggiani recordó que se construirán “60 comedores en nueve meses”, algo que catalogó como “inédito” y que permitirá duplicar la cantidad de comensales, ya que pasarán de 20.000 a 40.000. Como referencia, dijo que llegar a los actuales 20.000 lugares en comedores “llevó por lo menos tres períodos” de gobierno y ahora se logra en el primer año de gestión.

Según planteó el presidente de la ANEP, “este año fue posible sentar las bases” que permitan desarrollar la política educativa del quinquenio y las transformaciones que el país requiere. “El tiempo irá diciendo, pero cuando mirás lo presupuestal, cuando mirás en la agenda de conversación sobre la política educativa, cuando mirás el plan de obras, hay una apuesta muy fuerte a que la educación sea la llave no sólo del desarrollo de los gurises, sino de la mejora de las cuestiones que nos preocupan como sociedad”, concluyó.

Las becas Butiá y los proyectos de la UNED y el retorno de la participación docente a la ANEP

Gabriel Quirici, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dijo que existe “un balance positivo” sobre las medidas implementadas por el gobierno sobre la base de las líneas educativas elaboradas durante el año, y apuntó que “se asumió el desafío de construir políticas donde se puso como centro la importancia de la educación pública para todos”. Además, agregó que este trabajo estuvo principalmente orientado a “las infancias y las adolescencias”, y que ha sido afrontado a pesar de las dificultades presupuestales que atraviesan, nuevamente, al ámbito educativo.

En esos términos, nombró algunas de las herramientas implementadas, como el sistema de articulación para la primera infancia y el programa nacional de becas, “con el incremento de las becas Butiá, que supone una apuesta histórica para acompañar a las adolescencias a estudiar”. Las becas Butiá, conocidas con este nombre desde 2023, aumentarán en montos y a lo largo del quinquenio en cantidad de beneficiarios hasta llegar a 70.000.

“Uruguay tiene que recomponer esa prioridad en lo educativo, que es la forma de tratar de democratizar el acceso al conocimiento y las oportunidades”, aseguró Quirici. El director de Educación también habló sobre algunas líneas de trabajo para 2026, como el envío al Parlamento del proyecto de ley de la Universidad de la Educación (UNED). Según aclaró, requerirá un trabajo de “diálogo y articulación” con la oposición, pero también con la sociedad, ya que se trata de un proyecto con alcance para todo Uruguay, que implicará la creación de una tercera universidad de carácter público con sede en varios puntos del país.

Otro aspecto en el que puntualizó fue en que, a su parecer, “se recuperó la noción de la educación como sistema” y que “se recompuso un clima de diálogo, de participación y de propuesta”. Sobre esa base, agregó que se trabajó en conjunto con el Sistema Nacional de Educación en tres planes: el Plan de Derechos Humanos, el Plan de Educación Sexual Integral y el Plan de Acompañamiento.

En diálogo con la diaria, José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, acompañó la idea de “balance positivo” de Quirici y puntualizó en algunos aspectos en los que se centralizó la atención de la cartera durante este primer año de gobierno. Además del nuevo formato de las becas Butiá y el proyecto de ley de la UNED, destacó que se consiguió “presentar el proyecto de ley que les da participación a los docentes en la conducción de la educación”, que para los subsistemas de la ANEP fue eliminada por la administración anterior. Junto con el de la UNED, se espera que dicho proyecto sea trabajado por el Parlamento durante 2026.

Además, recordó el trabajo que se ha hecho en cárceles y la proyección de los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), de los cuales se espera que exista un aumento para 2026. Todos estos objetivos engloban, para Mahía, un primer año de gobierno con “cumplimientos auspiciosos”.

La lectura sindical del escenario educativo: recursos insuficientes y pedido de atención a las necesidades de los niños y las niñas

Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP), dijo a la diaria que, si bien durante el año se registraron algunos aspectos positivos, persisten recortes en políticas educativas que impactan directamente en el territorio. En ese sentido, advirtió que “eso hace que la calidad de la educación esté siempre en jaque”.

Por otra parte, hizo una evaluación positiva en cuanto al convenio firmado por dos años el lunes 22 de diciembre y, en particular, destacó el mecanismo que facilita la adquisición de vivienda, ya que los docentes “no logran tener capacidad de ahorro y no acceden a los préstamos para comprar su casa”. Además, agregó el hecho de poder “discutir la TCI”, asuntos que, dijo, le parecen “trascendentes” para los docentes.

En relación con el proceso de revisión de los cambios curriculares, comentó que para el sindicato es importante que la repetición” vuelva a ser opción en todos los grados y, como ha ocurrido siempre, que quede a criterio del docente, con foco en los aprendizajes de niñas y niños. De todas formas, agregó que el diálogo con la ANEP ha sido “de apertura”, aunque advirtió que el principal problema es el “faltante de dinero”. En ese sentido, aseguró que es necesario un mayor incremento presupuestal, aunque, de todas formas, valoró que se diera una rediscusión sobre las políticas a las que se destinará el presupuesto, con una mirada diferente a la del gobierno. Para el sindicato, una de las prioridades es la reducción de la cantidad de niños por aula: “No podemos seguir teniendo 30 niños de inicial en una clase”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó la necesidad de atender las problemáticas sociales, ya que “hay niños y niñas que necesitan otro tipo de atención”, lo que interpela directamente a la inclusión en la escuela pública. En ese marco, afirmó que “actualmente no se cuenta con las mismas herramientas para abordar la diversidad de situaciones de niños y niñas que requieren una atención más específica y cercana. En ese contexto, concluyó que el panorama “está complejo” en las aulas de todo el país.

También señaló que el sindicato continúa trabajando en torno a la discusión sobre la posibilidad de gravar al 1% más rico del país como una herramienta para la erradicación de la pobreza infantil. Pereira sostuvo que es necesario que el Estado pueda ofrecer “alguna política focalizada a las diferencias de origen”, ya que esas desigualdades luego “explotan” en las escuelas, especialmente en los sectores más vulnerables. Por ese motivo, consideró imprescindible “buscar una solución a corto plazo”.

Desde la oposición advierten por intención “refundacional” de las nuevas autoridades

Virginia Cáceres, integrante del Partido Colorado y presidenta de la ANEP hasta marzo de este año, dijo a la diaria que “tenía muchas expectativas cuando asumió la nueva administración”, porque llegaron al gobierno con un discurso “muy bueno”. “Desde el primer momento plantearon que no había un ánimo refundacional, que no se iban a plantear grandes cambios porque la idea era solamente revisar algunos aspectos de la TCI, y eso incluso me parecía bien, porque cualquier proceso de cambio tiene que tener una instancia de evaluación”, planteó.

De todas formas, dijo que, en la medida en que fue transcurriendo el año, “ese discurso no fue correlativo con las cosas que empezaron a suceder”. Cáceres consideró que se empezaron a hacer cambios que a nivel discursivo tuvieron “un tono absolutamente distinto” al inicial.

En particular, la expresidenta de la ANEP analiza los cambios realizados por la actual administración “en dos grupos”. En un primer grupo ubica aquellos que pasan principalmente por lo discursivo, con pocos efectos en la práctica y motivados por la necesidad de las autoridades de mostrar que se están haciendo cambios, sobre todo para “satisfacer la demanda de algunos grupos” que consideran que lo obrado por el gobierno anterior fue malo. En este grupo, por ejemplo, ubicó el cambio de nombres de algunas materias de secundaria.

En el segundo grupo de cambios Cáceres ubicó algunas medidas que “no le hacen bien” al sistema educativo, como la eliminación de las materias optativas en ciclo básico o la pérdida de horas de la asignatura Ciencias de la Computación, que en noveno grado pasará de una carga semanal de tres horas a dos. Al respecto, la exjerarca consideró que las horas de informática son importantes para la formación de los estudiantes y, por otro lado, aseguró que los especialistas en educación de distintas partes del mundo coinciden en que “es necesario que los estudiantes vayan construyendo su propio currículum con base en sus intereses”.

Por otra parte, Cáceres se mostró crítica con la decisión del Consejo de Formación en Educación de dejar sin efecto convenios para que docentes puedan hacer posgrados en universidades privadas uruguayas y, en su lugar, apostar por una maestría enfocada en didáctica con una universidad pública argentina. Según analizó, la medida se fundamentó en “un discurso absolutamente ideologizado” que plantea la necesidad de no beneficiar a las universidades privadas, pero no pone el foco en el desarrollo del sistema educativo nacional.

En síntesis, para Cáceres el discurso inicial de las autoridades “se diluyó” y se volvió a un intento de generar “una etapa refundacional” en la que “todo hay que cambiarlo”. “Me parece que ese mensaje le hace mucho mal al sistema educativo”, aseguró.