Este miércoles y jueves se realiza la última edición de la prueba Docente Acreditado, por la que maestros y profesores recibidos pueden aspirar a obtener el reconocimiento universitario de sus títulos. En caso de aprobar la prueba, que consta de cinco módulos, pasarán a ser licenciados en pedagogía, a partir de un mecanismo generado en el actual gobierno por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Si bien será la segunda edición de la prueba -la primera se realizó a fines de 2023-, el gobierno electo ya anunció que no continuará ejecutando el mecanismo, ya que pretende crear una universidad de la educación.

Por este motivo, será la última oportunidad de obtener el reconocimiento, al menos durante los próximos cinco años. Según informó el MEC, se anotaron para dar la prueba 4.100 docentes: 2.223 maestros de Educación Primaria, 241 maestros de Primera Infancia y 1.632 profesores de Educación Media. Por su parte, para esta edición de la prueba también estarán habilitados 53 maestros técnicos y 38 egresados de profesorado técnico, ambas especialidades formadas para dar clase en la UTU.

En la primera edición de Docente Acreditado se anotaron en total 5.144 profesionales y finalmente se presentaron 3.699, de los que 2.223 aprobaron todos los módulos. En dicha instancia reprobaron 150 docentes y 1.313 obtuvieron lo que el MEC denomina aprobación parcial, que quiere decir que aprobaron algunos módulos de la prueba. En esos casos, en esta segunda instancia sólo deberán volver a dar los módulos que no aprobaron anteriormente.

En diálogo con la diaria, el director nacional de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, planteó que, entre la edición 2023 y la 2024, se anotaron casi 9.000 personas distintas. Según estimó, ello equivale a más del 20% del público objetivo, ya que en Uruguay hay unos 40.000 docentes. Baroni recalcó que esto se logró sólo en dos ediciones de la prueba, que si siguiera al ritmo actual llegaría a certificar el título de todos los docentes en menos de una década.

Sobre las críticas que plantearon referentes en educación del Frente Amplio a la realización de la prueba a dos días de que asuma el nuevo gobierno, Baroni señaló que el momento en que se realiza tiene que ver con comentarios que hicieron los propios docentes interesados en presentarse. Al respecto, detalló que si se realizaba durante el año lectivo, complicaba a algunos docentes, pero tampoco querían hacerla en enero, cuando los profesionales de la educación toman su licencia. Por ello, la fijaron a finales de febrero, para que los interesados tengan un mes para prepararla.

Baroni defendió la “fortaleza técnica” del mecanismo

El director de Educación repasó el camino que tomó el gobierno de la Coalición Republicana para considerar que el mecanismo de reconocimiento del título por medio de una prueba es el más indicado para lograr una formación docente universitaria. En ese sentido, el jerarca valoró que el camino elegido tiene “mucha fortaleza técnica” y que luego “lamentablemente se enlodó en una discusión política”.

En primer lugar, Baroni recordó que originalmente analizaron tres posibilidades, a partir del estudio de políticas públicas de otros países en esta área. Una de ellas era la de reconocer el título universitario automáticamente a todos los docentes recibidos, pero la evaluación de ese tipo de políticas fue “de neutra a negativa”, en el sentido de que “era como una convalidación sin ninguna certificación de calidad ni de nivel”, detalló. De todas formas, indicó que el ministerio aplicó ese procedimiento para los docentes uruguayos que ya cuentan con título de posgrado, en el entendido de que hubo una universidad que equiparó el título a una formación universitaria.

Un segundo camino posible era uno más académico, que consistía en que los interesados en obtener el reconocimiento presentaran y defendieran un trabajo escrito. Baroni dijo que consideraron esa alternativa inaplicable, debido a la alta carga de trabajo que supondría la evaluación de miles de postulantes. Si bien se valoró que era la alternativa “más fuerte”, al mismo tiempo “burocrática y logísticamente era bastante impracticable”, sostuvo.

Finalmente, el tercer camino, que fue por el que optó el MEC, es el de generar una evaluación de algún tipo. Si bien recordó que valoraron distintas posibilidades, se terminaron inclinando por una prueba estandarizada debido al volumen de solicitudes que llegarían y porque es lo más adecuado para certificar “un determinado nivel y una calidad”. El director de Educación indicó que la decisión más política del proceso fue la de elegir qué áreas se priorizarían en la evaluación y, si bien las definidas pueden ser discutibles, fueron las que el gobierno priorizó.

Además, defendió que se haya acudido a una agencia de evaluación colombiana, que, según planteó, es “de las más fuertes de la región” y en el marco de un gobierno que no es ideológicamente afín al de Uruguay. El jerarca concluyó que la decisión se tomó “analizando pros y contras técnicos, logísticos y políticos”. “Teníamos que tener algo que fuera objetivo, practicable y, además, alcanzable por buena parte del colectivo docente”, completó.

La discusión sobre quién aplica el mecanismo

Baroni entiende que las principales críticas que recibió el mecanismo son políticas, principalmente porque quienes se oponen pretenden crear una universidad de la educación o pedagógica. El jerarca consideró que ir por ese camino es “un profundo error estratégico, conceptual y, además, termina siendo un capricho político”.

De todas formas, si estuviera de acuerdo con esa propuesta y el próximo gobierno lograra crearla, Baroni aseguró que dicha universidad tendría que definir un mecanismo para reconocer el título de los docentes recibidos con el sistema anterior. En ese caso, sostuvo que la institución se enfrentaría al mismo dilema que afrontaron las actuales autoridades del MEC cuando generaron el mecanismo. Por tanto, entendió que los cuestionamientos que recibió el camino trazado por el ministerio tenían que ver más con quién realiza el reconocimiento que con el propio mecanismo.