“El planteamiento de continuidad y habilitar sólo discusiones de ‘maquillajes’ es una especie de engaño –por no decir estafa– a la ciudadanía y al cuerpo docente, porque el programa de gobierno que la ciudadanía votó en las urnas dice otra cosa”, aseguró a la diaria José Olivera, dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), respecto de la hoja de ruta que el Consejo Directivo Central (Codicen) aprobó recientemente, con el objetivo de hacer una “revisión participativa” de la transformación educativa.

De acuerdo a Olivera, la hoja de ruta “tiene elementos de continuidad más que de cambio”. Lo manifestado a la diaria fue también esbozado por la coordinadora este jueves en instancia bipartita con el Codicen. De acuerdo a Olivera, a pesar de que la CSEU tenía una agenda de cinco temas a tratar, la discusión sobre la transformación educativa se llevó el 80% del tiempo.

“En especial, el impacto que la transformación tiene en las condiciones de trabajo de los docentes y en el planteo de las ATD [Asambleas Técnico Docentes] de rechazo a dicha transformación con fundamentos técnico-pedagógicos”, explicó.

Asimismo, señaló que la coordinadora tiene “preocupación” por los fundamentos planteados en la hoja de ruta, no sólo porque a su entender se plantea “una continuidad en la forma y en el contenido”, sino también porque se establece que los docentes participarán de la discusión de revisión, pero en “aspectos accesorios, sin lo que está de fondo”.

“La discusión es entre cambio y continuidad y, sobre todo, bajo un planteo de supuesta participación donde se dice qué se puede discutir y qué no. Parece un maquillaje de ‘cambiemos la fachada, pero mantengamos lo mismo’”, continuó.

En este marco, Olivera narró que en la instancia bipartita plantearon que “debe haber una discusión profunda en la construcción de una nueva propuesta curricular”, debido a que “hay un agotamiento en el cuerpo docente por la alta burocratización y la violación sistemática a la libertad de cátedra”.

Concretamente, la coordinadora manifestó a las autoridades educativas que “si no se quiere ir a un conflicto generalizado, es necesario un ámbito para discutir el fondo de la transformación y sus impactos en el desarrollo profesional”. No obstante, Olivera aseguró que desde el Codicen “no hubo respuestas concretas más que decir que en algunas direcciones generales se estaban planteando esos ámbitos”.

Un “pasito más” hacia la reparación de los docentes de San José

Este mismo jueves, pero más temprano que la reunión en el Codicen, la Federación de Profesores de Educación Secundaria tuvo una instancia tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para acercarse a la “reparación” de los seis docentes de San José que fueron sancionados durante la administración pasada por haber participado en la campaña del sindicato en contra de la reforma Vivir sin Miedo.

Según explicó Olivera, luego de la instancia previa en abril, cuando se planteó el tema ante las nuevas autoridades, quienes manifestaron su preocupación por las sanciones y una posible reparación, el propio ministerio tuvo la “iniciativa” de volver a reunirse, también ante la “inquietud” del sindicato de que, un mes después, “no había muchas novedades”.

“Hoy se dio un pasito más en la lógica de concretar que efectivamente se revise esa sanción, a la luz de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y los fallos de los demás docentes sancionados”, sostuvo Olivera y recordó que dos de ellos han recibido fallos favorables de la Justicia, que condenó a la ANEP”.

De acuerdo con Olivera, a partir de esos casos existen “elementos de que hubo una accionar apartado de derechos por parte de la Dirección General de Educación Secundaria [DGES] y avalado por la ANEP; se actuó a sabiendas de que era al margen de la ley, con intencionalidad”, aseguró.

En este marco, contó que la ANEP resolvió solicitar a la DGES que “revea la situación de los sancionados”, aunque aún no se haya materializado el pedido. Mientras tanto, la Fenapes pidió “claramente” que “esto esté resuelto antes del 30 de junio”, y si bien Olivera señaló que las autoridades manifestaron su voluntad para que la reparación sea un hecho, no se comprometieron con la fecha solicitada. Según consta en el acta de la reunión, difundida desde la Fenapes, desde el Codicen se planteó que el tema se está estudiando jurídicamente dentro del organismo y no pueden asegurar que haya una resolución definitiva antes del 30 de la fecha solicitada por el sindicato.