Este miércoles se conoció que el Poder Ejecutivo resolvió derogar el decreto que actualizaba la regulación sobre la educación terciaria privada, por el cual las universidades privadas con más de 20 años de actividad y sin observaciones graves podían solicitar la autorización definitiva. Entrevistado por la diaria Radio, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, explicó por qué se tomó esa decisión en torno a la normativa que había sido aprobada luego de conocerse el resultado electoral del balotaje de noviembre.

En primer lugar, el titular de la cartera de Educación sostuvo que la actual administración no está “de acuerdo con el contenido” del decreto e interpreta que algunos de sus contenidos son “inconvenientes”. Asimismo, considera que, desde el punto de vista jurídico, “no tuvo el proceso que debía tener” para su aprobación. El gobierno entiende que, “para desarrollar un decreto en esos términos”, debe existir un mayor nivel de consenso y acuerdo, así como un “involucramiento” de los actores del sistema educativo terciario superior, “que no lo tuvo”, señaló Mahía.

Sostuvo que el decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou “tuvo la recusación de la Universidad de la República” y “no tuvo el involucramiento real de las universidades privadas”, así como también una posición “bastante” lejana de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

No obstante, el ministro aseguró que existe “la voluntad” de “inmediatamente” ir al Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, “hacer un llamado a los actores y hacer un nuevo decreto”, en el que se podrían tomar “algunas acciones que estaban en el decreto derogado que eran positivas”. Por ejemplo, mencionó las referidas a la educación a distancia a través de medios electrónicos, la cual “tiene que tener un funcionamiento”, y “hay algunas universidades privadas que tienen más de 40 años en Uruguay que reclaman y precisan esas herramientas”.

La autorización definitiva otorgada a las universidades Claeh, ORT, Católica, Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes implicaba un mayor grado de autonomía, por ejemplo, para la aprobación de nuevas carreras, la modificación de los planes de estudio y la apertura de nuevas sedes.

Mahía consideró que con la derogación “no hay nada refundacional”, sino “una diferencia con respecto a lo que se venía haciendo”. El ministro sostuvo que, durante el período de transición, transmitió a las entonces autoridades salientes que “tenían todo el derecho para hacer, desde el punto de vista constitucional, hasta el fin de su mandato lo que entendieran”.

De todas formas, agregó, “si tú sabes que el partido que ganó la elección nacional siempre estuvo en desacuerdo con eso y ganó la elección nacional, e igual lo llevas adelante, tienes potestad para hacerlo y nosotros para desandar un camino que cuando la gente votó sabía que este era nuestro programa”.