Seminario en Facultad de Humanidades aborda el derecho a la educación y sus tensiones en Uruguay, Argentina y Brasil

“Debates en torno a educación e igualdad” es el nombre del seminario internacional que este lunes comenzó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República y que se extenderá hasta el jueves (ver recuadro). En la apertura expusieron la pedagoga argentina Patricia Redondo, la especialista brasileña Vera Peroni y el investigador de la FHCE Felipe Stevenazzi, quienes se refirieron al ejercicio del derecho a la educación en sus respectivos países y también en un contexto regional.

Peroni coordina un grupo de investigación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul que aborda lo público y lo privado en educación y, justamente, se refirió a ese tema en su intervención. Dijo que en educación lo público y lo privado suponen “proyectos societarios en disputa” y que la discusión en torno a eso tiene que ver con la construcción de democracia. Al respecto, la investigadora definió la democracia como la “materialización de derechos en políticas colectivamente construidas en la autocrítica de la práctica social”.

Peroni dijo que en Brasil 80% de los estudiantes que asisten a la educación básica están matriculados en el sistema público, que, por lo tanto, es el que “está formando a las futuras generaciones” en el país. De todas formas, advirtió que “los privados, cada vez más, están entrando a la escuela pública”, por ejemplo, “disputando fondos públicos” como los que obtienen para gestionar las escuelas llamadas “gratuitas”. De todas formas, aclaró que “la disputa no es sólo por los fondos”, sino también respecto de “lo que va a ser enseñado y de qué forma” en los centros educativos.

La académica señaló que la entrada del sector privado a la educación en Brasil data de una reforma del Estado durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y la creación de la figura de institución pública no estatal. Mencionó distintas formas de privatización de la educación y sostuvo que no se da solamente en la ejecución de los servicios, sino también en el diseño de políticas y señaló que estos programas también operan directamente en la formación docente, de forma que los educadores se adecuen a su forma de enseñar.

Sobre lo que ocurre en su país, planteó que se está perdiendo la centralidad de lo público “porque hay un diagnóstico neoliberal de que lo público no funciona” y, por lo tanto, lo privado es el modelo a seguir. Entre algunas organizaciones que apuestan por ese discurso, Peroni nombró el caso de Reduca, una red de empresarios y organizaciones del sector privado que brega por cambios en la educación, que también tiene presencia en otros países. También cuestionó el rol que ha jugado la Fundación Ayrton Senna, en particular en el desarrollo de la llamada educación socioemocional.

Peroni hizo referencia al movimiento Todos por la Base, de fuerte incidencia en cambios curriculares recientes, en concreto en el documento de base curricular de ese país. Lamentó que este tipo de acciones se estén volviendo parte del sentido común en su país, que incluso muchas veces opera por medio de prácticas que no son percibidas.

Tiempo de “resistencia” en Argentina bajo el gobierno de Milei

Redondo, en tanto, se refirió a los 20 años que cumplió el libro Igualdad y educación: escrituras entre dos orillas, que coordinó junto con el actual decano de la FHCE, Pablo Martinis. Si bien valoró muchas de las cosas que se lograron en materia educativa en las últimas dos décadas, se refirió a la actualidad de la política educativa en su país y dijo que es un momento para “sostener y debatir”.

La especialista se mostró crítica con la política llevada adelante por el actual presidente argentino, Javier Milei, y dijo que su gobierno “tiene como objetivo destruir la cosa pública y todo lo que nombre al Estado”. Agregó, en este sentido, que se está haciendo un “vaciamiento de la democracia” mediante “una coincidencia absoluta entre el bloque político y el del poder” económico, que “ya no requieren ningún ámbito de negociación”. Afirmó que en Argentina “no existe la democracia liberal en el sentido en que se conocía” antes de Milei, ya que se tiraron abajo algunos consensos básicos que se habían construido en las últimas décadas.

La pedagoga afirmó que Milei plantea que “seremos felices administrando nuestra miseria” y también lamentó el “lenguaje de insultos” del mandatario hacia “todo tipo de representación que se le oponga”, sea del ámbito que sea. Sostuvo que se trata de un “discurso totalitario” que ha generado un “plan siniestro que interpela sobre todo a los jóvenes con la idea del cambio”.

Más allá de esta situación para la política nacional, Redondo destacó el carácter federal de la educación en Argentina, que depende de cada provincia. Al respecto, señaló que los lineamientos del gobierno nacional definen en parte lo que sucede en cada provincia, pero no totalmente, lo que en el actual gobierno ha generado “un punto de tensión importante”. Como ejemplo mencionó el caso de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, con 22.000 escuelas y cinco millones de estudiantes. Esa provincia, gobernada por Axel Kicillof, ha mantenido políticas con las que el gobierno nacional no está de acuerdo, pero ha dejado de recibir financiamiento, por lo que muchas de sus políticas se encuentran desfinanciadas. “A nivel nacional se elimina la educación sexual integral y en la provincia no, pero se la desfinancia”, resumió.

Los colectivos docentes y del campo popular argentino, afirmó Redondo, están “en pleno campo de batalla”, lo que incluye al plano pedagógico, al político y también al gremial. Al tiempo que señaló que en su país se están dedicando a “resistir las medidas de destrucción” lanzadas por el gobierno de Milei, valoró que en el caso uruguayo existe un gobierno progresista. De todas formas, dijo que en materia educativa el gobierno encabezado por Yamandú Orsi debe “asumir el riesgo de la invención de las políticas necesarias para la transformación”.

Como síntesis de las políticas que viene aplicando el actual gobierno argentino, Redondo dijo que el Ministerio de Educación fue transformado en una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano y que se vienen aplicando acciones con “consecuencias devastadoras en el vaciamiento de las capacidades científicas del país”. “La carrera de investigador en Argentina está suspendida”, resumió. También mencionó como ejemplo la suspensión de las paritarias, que generaban leyes sobre el nivel salarial mínimo de distintos sectores de actividad; en el caso de la educación, esto garantizaba un salario mínimo para los docentes en todo el país, independientemente de la provincia en la que trabajaran, algo que dejó de estar regulado.

De cara al futuro, la pedagoga afirmó que los colectivos docentes tienen “tarea para pensar otra escuela” que sea “más democrática en el reparto de saberes”. Agregó que para eso es necesario pensar “en un todos”, pero también en los proyectos personales de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, recordó que su colega Adriana Puiggrós “viene alertando sobre la necesidad de renovar los sentidos pedagógicos” en la actualidad.

Stevenazzi marcó que el gobierno anterior colocó a los docentes “como problema”

Felipe Stevenazzi es integrante del grupo de investigación sobre forma escolar y experimentación pedagógica y en su intervención se refirió al tránsito que ha tenido la definición y el ejercicio del derecho a la educación en Uruguay. Dijo que instalar la educación como derecho “llevó mucho esfuerzo” de diferentes actores de la sociedad y, por eso, lamentó que en la actualidad estén tomando fuerza discursos que plantean que cualquier derecho representa “una estafa”. En el caso de Uruguay y Argentina, sostuvo, eso implicó la construcción de un consenso que llevó los últimos 100 años, con procesos que no estuvieron exentos de “luchas y contradicciones”.

El investigador planteó que los anteriores gobiernos del Frente Amplio estuvieron marcados por la mejora presupuestal, que permitió aumentar los salarios docentes, crear nueva infraestructura y mejorar la existente. En suma, habló de la existencia de algunos consensos en la toma de decisiones que permitió crear y mejorar algunos sostenes para la trayectoria educativa de los estudiantes.

De todas formas, analizó que “no todos fueron consensos”. En este sentido, puso como ejemplo la declaración de la esencialidad de la educación en 2015, en un contexto de reclamos presupuestales de los sindicatos del sector al gobierno. En resumen, Stevenazzi valoró que los 15 años de gobiernos frenteamplistas permitieron “logros importantes” en la política educativa.

Sostuvo que la llegada, en 2020, del gobierno de la Coalición Republicana estuvo marcada por la pandemia de covid-19 y luego por el impulso de la llamada transformación educativa. Stevenazzi agregó que la gestión en educación también se caracterizó por la “sospecha” hacia los docentes y los colectivos, que llevó a buena parte de los educadores a “refugiarse en lo permitido” por las autoridades, reacción totalmente comprensible pero que no contribuye a la posibilidad de transformar las prácticas, consideró, y agregó que esa lógica puede ser un obstáculo para la búsqueda de alternativas pedagógicas a futuro.

En ese sentido, añadió que el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, y en particular el exministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, colocaron a los docentes “como parte del problema”. También se refirió a las sanciones que recibieron varios docentes por supuesta violación de la laicidad y analizó que “no es casualidad” que los primeros señalados fueran docentes del interior, en alusión a los 15 profesores del liceo de San José cuyo expediente fue reabierto por Secundaria en 2021.

El docente de la FHCE sostuvo que uno de los principales postulados de los cambios curriculares impulsados en el gobierno anterior fue la centralidad de los aprendizajes de los estudiantes, lo que lleva a que los docentes sean “excluidos” del aula. Al respecto, planteó que es en la enseñanza –y no en los aprendizajes– donde la política educativa puede incidir más directamente. Por el contrario, indicó que los cambios curriculares también supusieron el aumento de la carga administrativa para los docentes, que pasaron a tener que destinar mucho tiempo al llenado de planillas, tarea que les quitó tiempo para pensar en lo pedagógico.

Entre algunos desafíos a futuro para la educación en Uruguay, el investigador mencionó la necesidad de “recuperar consensos” y de “reposicionar a los docentes como parte de la solución”. También se refirió a la importancia de reinstalar distintos “sostenes” para los estudiantes y de “pensar de manera más integrada las relaciones entre educación y cuidados”. Al mismo tiempo, planteó la importancia de cambiar algunos formatos para que niños, niñas y adolescentes tengan mayor autonomía y participación, tanto individual como colectiva. Sostuvo, por último, que es necesario crear espacios para que los estudiantes puedan incidir en lo que pasa en sus centros educativos, pero que no funcionen como “parodias” de participación.

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