Durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, la educación secundaria no representó sólo un espacio para la enseñanza, sino que fue también un territorio de control, vigilancia y disciplinamiento político. La reciente investigación doctoral de Leonor Berná, profesora de Historia en ese subsistema, reconstruye cómo el régimen dictatorial utilizó el sistema educativo como una herramienta estratégica para intentar despolitizar a las juventudes y moldear subjetividades acordes al orden autoritario de aquel entonces.

La tesis de Berná, defendida en febrero de 2025, fue para obtener el título de doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE); en diciembre recibió el Premio a las Letras, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La trama autoritaria en la enseñanza media (Uruguay, 1973-1985), como se llama la obra, se llevó el reconocimiento a ensayos sobre historia, memorias, testimonios y biografías como obra inédita. El premio consiste en un apoyo económico de 80.000 pesos destinado a la futura publicación de la investigación, con el respaldo de una editorial.

La investigadora y profesora cuenta, en diálogo con la diaria, que esta investigación nació de su interés por el trasfondo en el sistema educativo de nivel medio durante la última dictadura debido a su trabajo como docente de Historia y a su rol como delegada en las Asambleas Técnico Docente. Pero otro aspecto que despertó su interés fue que, según explica, “la historiografía insistía en que la enseñanza media había sido un elemento sustantivo para la dictadura. El control del disciplinamiento de los jóvenes, para ellos [los dictadores], era de alguna manera la llave para pensar el futuro, el nuevo Uruguay que se proponía”.

Esta investigación, además, tuvo como antecedente su tesis en la Maestría en Estudios Latinoamericanos, también de la FHCE, cuyo abordaje se orientó más precisamente a los años previos al golpe de Estado.

Para comprender el contexto de aquel entonces hace falta aclarar que durante la última dictadura cívico-militar la educación estuvo en manos del Consejo Nacional de Educación (Conae), creado bajo la Ley de Educación General (14.101) de enero de 1973, popularmente conocida como “Ley Sanguinetti”, ya que fue promovida por Julio María Sanguinetti, en ese momento ministro de Educación y Cultura de Juan María Bordaberry. Fue una normativa fundamental para pensar la educación en aquellos tiempos, porque fue esa ley la que le quitó autonomía al sistema educativo y se presentó como un pilar de la arquitectura represiva y la pedagogía autoritaria consolidada durante la dictadura.

El Conae fue en ese entonces el organismo que estructuró y controló el sistema educativo. Según cuenta la docente, el comienzo de su trabajo para esta investigación se centró en el análisis de las actas de sesiones del Conae, lo que la ayudó a conocer las acusaciones a los docentes de aquella época, puesto que había mucha información que no estaba clara respecto de la ocupación de sus funciones durante aquel tiempo, porque muchos docentes habían sido destituidos de sus respectivos cargos.

Los principales ejes de la investigación: proyectos educativos, formas de represión y actitudes sociales

Berná estructuró su investigación en torno a tres ejes centrales: el análisis de los proyectos educativos promovidos durante la dictadura, el estudio de los mecanismos de represión y vigilancia en la educación secundaria y la indagación sobre las actitudes sociales del cuerpo docente ante el régimen autoritario. Desde ese abordaje, la tesis muestra que la implementación de las políticas educativas durante la dictadura estuvo atravesada por conflictos y tensiones entre organismos como el Conae y el MEC.

Estas tensiones, según explica la docente y también reflejó en su tesis, derivaron en un esquema en el que la educación secundaria asumió, sobre todo, funciones administrativas y de acatamiento, mientras las resoluciones centrales se definían en otros ámbitos del sistema.

La investigación muestra que, durante esa época, coexistieron distintos espacios de definición de las políticas educativas. En la órbita del Conae se conformó un sistema con nuevas autoridades que en 1974 elaboró un plan de reforma para la educación secundaria.

En paralelo, en el ámbito del MEC, se trabajaba en un programa con intervención de la Organización de los Estados Americanos y con participación de organismos internacionales, que apuntaba a un proyecto de reforma educativa de orientación tecnocrática. Ese proyecto se materializó en una publicación que, de acuerdo con la tesis, introduce una concepción de la educación vinculada al desarrollo económico y a la inversión en capital humano.

Por otra parte, la investigación también examina el funcionamiento de la represión en la educación secundaria a partir del análisis de archivos de inteligencia desclasificados y documentación administrativa. Esa revisión permitió identificar mecanismos de vigilancia, control y sanción a docentes y funcionarios, así como distintos grados de colaboración con el régimen dentro del sistema educativo.

En ese sentido, el texto – que aún no fue publicado – plantea que la represión en la educación secundaria puede comprenderse a partir de dos dimensiones. Una de ellas fue la normativa, expresada en una extensa producción de reglamentos y ordenanzas que regularon el sistema educativo de aquella época. Estas disposiciones abarcaron desde el comportamiento y la vestimenta de los estudiantes, hasta aspectos cotidianos del funcionamiento institucional, como las tareas docentes, las responsabilidades de los equipos de dirección y la organización interna de los centros educativos. La investigación señala, a su vez, que este entramado normativo buscó disciplinar el trabajo docente y despolitizar a los estudiantes mediante un control permanente de las prácticas educativas.

La segunda dimensión planteada fue la jurídica y represiva; Berná explica que esta estaba vinculada al andamiaje legal que permitió la aplicación de la violencia estatal dentro del sistema educativo. Para reconstruir este aspecto, el trabajo recurre a archivos de inteligencia policial y militar, en particular a la documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y del Servicio de Información de Defensa de las Fuerzas Armadas. Estas fuentes, según cuenta la docente, permitieron identificar la existencia de una estructura sistemática de vigilancia y control sobre docentes, funcionarios y otros actores de la enseñanza que tuvieron participación en ese tiempo.

La investigación identifica un proceso de depuración del cuerpo docente, que combinó la exclusión de docentes considerados políticamente “peligrosos”, como cuenta Berná, con la instalación de personas de confianza del régimen en esos cargos. Acción que comenzó a militarizar al sistema, ya que se introdujo en esas funciones a personas sin ningún tipo de formación docente.

A su vez, sostiene que la arquitectura represiva de ese entonces se introdujo profundamente en el sistema educativo, lo que se vio reflejado en persecuciones constantes. En ese contexto, los directores no sólo eran designados por el Conae y a su vez filtrados por un organismo de supervisión de las Fuerzas Armadas, sino que además se redactaban “informes del desempeño de los directores todos los años”, en los que se aseguraban de su adscripción ideológica y de que representaran una figura de “referentes morales”, cuenta la docente con base en los hallazgos de su investigación. Y agrega que “no sólo se miraba cómo llevaban adelante el liceo, cómo mantenían la disciplina, el orden, la propia infraestructura, sino que prestaban atención, además, a qué hacían en su vida privada”.

Por otra parte, a partir del cruce de fuentes documentales y testimonios, la investigación presenta como tercer eje las distintas actitudes adoptadas por el cuerpo docente en un contexto atravesado por la “cultura del miedo”. Al respecto, el análisis da cuenta de un abanico de respuestas que fueron desde la indiferencia y la colaboración con el régimen, hasta posiciones críticas que derivaron en prácticas de resistencia en el ámbito educativo.

La cultura del miedo de ayer, ¿y de hoy?

“Yo creo que influyó mucho”, responde Berná al ser consultada sobre cuánto cree que incidió la “cultura del miedo” durante la dictadura. La mayoría de los testimonios que recogió para la investigación, en particular los provenientes de centros educativos de menor tamaño en el interior del país, dan cuenta de un clima marcado por el miedo y por un alto nivel de control.

A su vez, la tesis señala que, si bien el discurso tecnocrático tuvo presencia durante la dictadura, no llegó a volverse hegemónico. En distintos momentos del período se impuso con mayor fuerza una matriz conservadora y nacionalista, centrada en el disciplinamiento y en el fomento de valores patrióticos que se expresó en prácticas escolares como desfiles, coros y exhibiciones de educación física, actividades que también se presencian hasta el día de hoy.

El enfoque tecnocrático impulsó una forma de pensar la educación en términos de rendimiento, tiempos de escolarización y optimización de recursos, así como la introducción de nociones asociadas a la meritocracia y a la modernización de las prácticas de enseñanza, con mayor énfasis en los métodos y en los procesos de aprendizaje que en los contenidos, los que, comenta Berná, se asemejan a elementos asociados a debates actuales del sistema educativo del país, algunos de ellos retomados en la última reforma educativa impulsada en Uruguay.

En relación con el legado que dejó la última dictadura en la educación media, Berná señala que “nunca se derogó explícitamente la normativa de la dictadura”, y añade: “Hay muchos elementos que vienen de esa tradición disciplinaria y burocrática que nunca se han cuestionado del todo”. Aunque el estudio de su tesis se concentra en las prácticas transcurridas durante el período dictatorial, la investigación plantea interrogantes que exceden ese marco histórico y dialogan con debates actuales sobre el lugar de la educación hoy y sus posibles abordajes. En ese sentido, agrega: “Quiero creer que [hoy] los formatos y el esquema pedagógico es otro, pero sigue habiendo esa tensión entre la mirada más tecnocrática y la mirada que llamamos ‘de la pedagogía crítica’, que busca pensar más la educación como un derecho que pueda formar estudiantes capaces de transformar el mundo”.

En esa línea, la investigadora subraya la importancia de fortalecer la participación docente en los procesos de cambio y sostiene que “los cambios deberían pasar por escuchar más a los docentes”.

La docente, entonces, amplía la mirada y vincula esta discusión con procesos de más largo plazo en el sistema educativo y comparte que “de la Ley 14.101 a hoy hay una continuidad, de alguna manera, en no darle al docente el lugar que tiene como profesional de la educación, que es el que está en contacto con los estudiantes y el que sabe de primera mano cuáles son las cosas que hay que cambiar y cuáles son las que no funcionan”.

Respecto de los debates sobre la laicidad en el sistema educativo, Berná apunta a que su tesis muestre “la operatividad de un discurso que las derechas venían construyendo en torno al supuesto adoctrinamiento docente y a las presuntas violaciones de la laicidad en la enseñanza”. Agrega que “estas acusaciones trascendieron el período dictatorial, y cabe preguntarse en qué medida la prohibición de carteles, pasacalles o espacios gremiales durante el gobierno anterior no suponen reeditar la misma lógica autoritaria de control y búsqueda de despolitización de los jóvenes”.

La memoria y su abordaje en el sistema educativo actual

Al referirse al abordaje de la memoria sobre la dictadura en la educación secundaria, reconoce que existe un desarrollo importante académico, pero señala limitaciones en el plano pedagógico: “Hay mucha bibliografía sobre el tema, pero, por ejemplo, hay pocos recursos didácticos”. A propósito, dice: “Creo que hay mucho para hacer, para pensar y generar recursos, o incluso generar políticas de formación y posgrados en torno a esto”.

En relación con el alcance y la proyección de su investigación, Berná plantea que su aporte radica, sobre todo, en abrir nuevas perspectivas de análisis: “Yo creo que, en el mejor de los casos, es una investigación que abre algunas miradas y que aporta nuevos elementos para pensar la política educativa de la dictadura y, si uno quiere, de la actualidad también”. Más allá de una posible utilización como material de lectura o de su incorporación en ámbitos educativos, la investigadora entiende su trabajo como una herramienta para repensar críticamente las continuidades y tensiones que atravesaron y atraviesan al sistema educativo.

Finalmente, subraya la necesidad de fortalecer el vínculo entre la producción académica y el sistema educativo y afirma que “debería haber más diálogo entre la academia y los actores”, y agrega: “Sería interesante y productivo que las propias autoridades apoyaran más este tipo de investigaciones o financiaran ciertas publicaciones”.