Autoridades de la educación respondieron preguntas de Robert Silva en el Parlamento y el senador advirtió por “falta de rumbo”

Por iniciativa del senador colorado Robert Silva, este miércoles la Comisión Permanente del Parlamento recibió a autoridades de la educación, encabezadas por el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía. Como el principal motivo de la convocatoria tenía que ver con temas que son resorte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Mahía estuvo acompañado en sala por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) del ente, Pablo Caggiani, por el resto de los consejeros y por una amplia delegación de autoridades y cargos técnicos.

Silva, quien fue presidente del Codicen entre 2020 y 2023, planteó en su intervención inicial que no convocó a las autoridades para decirles “que todo lo que se hizo en la administración anterior estuvo bien y todo lo que se hizo en esta está mal”, pero sí para marcar algunos “retrocesos” que visualiza en el rumbo que debe tener la educación uruguaya.

Silva consideró que, a diferencia de lo que ocurrió durante su gestión en la ANEP, desde marzo del año pasado los subsistemas del ente actúan con poca articulación entre sí, en algunos casos incurriendo en acciones contradictorias. Uno de los principales puntos que planteó el senador es que por la vía de los hechos está quedando sin efecto la Transformación Curricular Integral (TCI), sin que haya habido una adecuada evaluación. En ese sentido, Silva pidió a las autoridades “rigor, coherencia y responsabilidad” en la toma de decisiones.

Otro de los puntos de crítica del senador colorado, que también planteó el diputado nacionalista Pablo Abdala, es que en la actual gestión de la ANEP hay “falta de rumbo”, ya que no existe “claridad suficiente sobre prioridades”, y que eso se traslada a los docentes del sistema público.

El legislador hizo más de 40 preguntas a las autoridades del MEC y la ANEP y organizó su exposición en cuatro temas que consideró “de vital importancia”. Uno de ellos fue la extensión del tiempo pedagógico anunciada por las actuales autoridades, basada en una promesa de campaña del Frente Amplio. Silva apuntó contra lo que, entendió, son cambios relevantes a la propuesta de Centros María Espínola a partir de este año y, en particular, a su currícula.

Al respecto, diferenció esa situación de la de Secundaria, donde la propuesta continuará este año. Según explicó, en 2026 la UTU aplicará un nuevo plan, en calidad de piloto, en 11 centros de ciclo básico que tengan extensión del tiempo pedagógico. Silva entendió que en esos casos se disminuyen “horas de aprendizajes fundamentales” y se afecta la realización de talleres optativos que, en el caso de los Centros María Espínola, eran definidos por cada comunidad educativa. Según resumió, la propuesta piloto es “un piñazo” al Plan de Educación Básica Integrada creado en el marco de la TCI.

Si bien valoró la instalación de comedores anunciada por las autoridades de la educación, el senador aseguró que “hay comunidades que no saben qué hacer con los comedores”. En particular, afirmó que en muchos centros no existe claridad acerca de si van a comer todos los estudiantes o no, o si se brindará solo almuerzo o alguna comida extra. Al respecto, estimó que los comedores tienen capacidad para unos 100 o 120 estudiantes, pero muchos liceos en donde se instalaron tienen más de 600 alumnos.

Después de escuchar a las autoridades de la ANEP, Silva concluyó que el ente tiene una “política errática de extensión del tiempo pedagógico”.

Robert Silva cuestionó cambios en grilla de materias en Secundaria y eliminación de mentores

Con relación a la TCI, el legislador afirmó que “un currículo no es un documento técnico más”, sino “la expresión de un proyecto educativo” que tiene efectos en las posibilidades de desarrollo integral de las personas. Defendió el proceso llevado adelante en la ANEP en el gobierno anterior y, en particular, señaló que la transformación apuntó a generar mayor flexibilidad del currículo, de forma de “adaptarse más a la realidad de los estudiantes”. En ese sentido, rechazó que eso implique “hacerlo más facilongo para que todos pasen”, como algunos actores de la educación han planteado.

Pese a las críticas que recibió el proceso de elaboración de la TCI en relación con la poca escucha a los docentes, sobre todo a los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes (ATD), el senador dijo que fueron “cientos y cientos” de educadores los que participaron en el proceso. Cuestionó que la revisión de los cambios curriculares llevada adelante por las actuales autoridades de la ANEP no se está haciendo con base en la evidencia empírica, y pidió tener en cuenta insumos como la Encuesta Nacional Anual sobre Procesos Educativos, que fue “elaborada por técnicos que accedieron a cargos por concurso”, destacó.

Silva cuestionó que se haya eliminado la figura de los mentores, que, a partir de los datos de la encuesta, “tienen amplio respaldo”, sostuvo. Además, lamentó que “esta administración está dinamitando el currículo por competencias” y también criticó los cambios de nombres en las asignaturas y en sus cargas horarias, proceso que fue “como asistir a un remate de horas docentes”, según dijo. “Hay momentos en que hay que decir que no y tomar decisiones para flexibilizar un poco el currículo”, sostuvo, con relación a la necesidad de mantener las materias optativas en ciclo básico, que a partir de este año ya no estarán disponibles.

El expresidente del Codicen también cuestionó algunos cambios que se hicieron recientemente en las estructuras de las inspecciones tanto en Primaria como en Secundaria. En particular, dijo que estos van “en sentido contrario” en ambos subsistemas, ya que en el caso de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) se eliminaron los cargos de inspecciones regionales y en Secundaria fueron creados cargos con esos perfiles. Además, cuestionó que en este último caso, “por primera vez”, la estructura inspectiva se encuentra “guiada por un cargo de confianza política”, en referencia al cargo de secretario docente que desempeña el inspector y exconsejero Javier Landoni.

Autoridades de la ANEP señalaron que la política del ente se guía por varias hojas de ruta temáticas

Mahía, por su parte, manifestó “particular orgullo por el equipo que encabeza Pablo Caggiani” en la ANEP. Agrego que se trata de “profesionales que han dedicado su vida a la educación pública uruguaya” y, por lo tanto, “conocen el sistema educativo”. El ministro afirmó que en las pasadas elecciones nacionales la sociedad uruguaya “democráticamente determinó un cambio en la orientación de las políticas públicas”, lo que también aplica a la educación. “No nos va a temblar el pulso en cambiar las acciones que provengan de otra administración”, sostuvo, aunque también afirmó que la educación “tiene que trascender lo político partidario”, por lo que “no se tratará jamás de hacer tierra arrasada”.

A su turno, Caggiani señaló que el rumbo de las políticas de la actual administración está marcado por una serie de hojas de ruta que fueron definidas por el Codicen para distintas áreas de política educativa, como la universalización de la educación en tres años, la modificación de la TCI y la ampliación del tiempo extendido, entre otras.

Sobre este último tema, el jerarca afirmó que Uruguay tiene nueve tipos de propuestas de extensión del tiempo educativo y las actuales autoridades están “tratando de ordenar”, ya que el tamaño del país no justifica tanta variedad. El director ejecutivo de Políticas Educativas del ente, Antonio Romano, y la directora de Integración Educativa, Gabriela Pérez, fueron los encargados de explicar más en detalle lo planeado en esa área. Afirmaron que la apuesta es a la duplicación de estudiantes que acceden a ese tipo de propuestas: actualmente son el 24% de los matriculados en la DGEIP y 18% de quienes concurren a centros de educación media.

Según indicaron, las autoridades entienden que aumentar el tiempo de permanencia de los niños y adolescentes en los centros educativos no es suficiente, sino que esa ampliación “tiene que tener un sentido”, que para la actual administración es el de la protección de sus trayectorias, de forma de garantizar la continuidad educativa, la obtención de aprendizajes y que logren egresar del sistema. Además, Romano afirmó que la extensión del tiempo “no se reduce a comedores”, más allá de que entendió que “son espacios que garantizan un derecho fundamental” para los estudiantes de contextos más vulnerables.

Pérez, por su parte, dijo que la hoja de ruta en la materia se viene cumpliendo de acuerdo a lo previsto y que las acciones siguientes serán el acompañamiento para la “implementación progresiva” del aumento del tiempo en los centros seleccionados, que, de todas formas, pueden ampliarse durante el período. En ese sentido, habló de distintos formatos para la extensión del tiempo pedagógico que se están diseñando; además de los tradicionales de escuelas o liceos de tiempo extendido o tiempo completo, la jerarca planteó la generación de modalidades “más flexibles” y de propuestas definidas en conjunto con otros organismos del Estado.

Por su parte, respecto de los comedores, Caggiani afirmó que “en este momento el país está construyendo la mayor cantidad de comedores en la historia” en el tramo de la enseñanza media básica.

Sobre la TCI, el presidente del ente señaló que las actuales autoridades recibieron “dos reformas curriculares”, una que fue comandada por Adriana Aristimuño y abarcó la educación obligatoria, y otra en el Consejo de Formación en Educación (CFE), “en la que no participó Aristimuño”.

Sobre ese tema, Romano consideró que “se necesita salir de falsas oposiciones para empezar a cambiar lo que ocurre en las aulas”; mencionó como ejemplo el “falso debate” entre contenidos y competencias. Como fundamento para eliminar la obligatoriedad de que los docentes trabajen bajo un enfoque de competencias, sostuvo que el pluralismo y la libertad de cátedra son elementos presentes en la “tradición del sistema educativo uruguayo”, por lo que “imponer una forma de trabajo” puede ser contraproducente para generar cambios, aunque estos vayan en la dirección correcta.

Con relación a los mentores, el director de Planificación Educativa de la ANEP, Andrés Peri, aseguró que esas figuras, que surgieron para la educación media con el foco puesto en la correcta implementación de los cambios curriculares, dejaron de tener sentido una vez que la TCI ya comenzó a andar, ya que el sistema tiene otras figuras de supervisión y acompañamiento, como la de los inspectores.

Cambios en inspecciones tienen que ver con “optimización” de recursos y dejar atrás modelo “vertical”

Caggiani admitió que en la actualidad la función de orientación de las inspecciones en Secundaria “la está cumpliendo un cargo político”, pero aseguró que es necesario plantear que Landoni “es inspector por concurso” en la UTU y “tiene formación de posgrado en materia de gestión educativa”, además de una importante experiencia en la materia.

Por su parte, la titular de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, aseguró que en ese subsistema los cambios están relacionados con una búsqueda por “optimizar recursos y procedimientos”, además de la “promoción de real autonomía de los territorios en clave de descentralización”. En ese sentido, dijo que las autoridades están pensando en formas para reducir la burocracia existente en el sistema educativo. Además, señaló que “de manera muy participativa” se está trabajando en la creación de una junta de inspectores departamentales.

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, sostuvo que en ese subsistema existía “un perfil de inspección que tenía un rol vertical y fiscalizador”. En ese sentido, dijo que la creación de los cargos de inspectores regionales apunta a “generar una descentralización efectiva”. Al respecto, añadió que se está diseñando una propuesta de formación para directores e inspectores con foco en la “toma de decisión participativa en el territorio”.