En la mañana de este lunes se firmó un convenio entre la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con el fin de fortalecer la capacitación de los funcionarios del instituto, lo que se espera que impacte, a su vez, en una mejora del trato con las personas privadas de libertad.

Según explicó durante la jornada Virginia Verderese, directora de la DGETP, el convenio está dirigido puntualmente a la capacitación de funcionarios penitenciarios y a los docentes de UTU que trabajan con población privada de libertad. A su vez, aclaró que el acuerdo implica una línea de “formación permanente” que permitirá “mejores aprendizajes”.

Por su parte, Ana Juanche, directora del INR, señaló en una rueda de prensa a continuación de la firma que este convenio es “un hito” para la política de coordinación interinstitucional. Además, consideró que se trata de un acuerdo “sumamente importante” para ambas instituciones, ya que favorecerá a la profesionalización de los funcionarios del organismo.

Por otro lado, Juanche señaló que el convenio también impacta en la gestión del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), el organismo responsable de la capacitación del personal que se desempeña en el sistema penitenciario, y aseguró que la perspectiva “integral” de la formación asegurará una “mejora” en esa área.

Se prevé que este acuerdo alcance a más de 1.000 funcionarios, entre los cuales se incluyen agentes penitenciarios, operadores y técnicos. A su vez, el convenio facilitará la culminación de ciclos de educación media básica y educación media superior de estos funcionarios, y proporcionará un mejor funcionamiento del sistema de información que ofrece Cefopen mediante el sistema de bedelía que brinda la DGETP. Esto último permitirá una “gestión eficiente” de los estudiantes y los docentes “en tiempo real y con trazabilidad”, según indicó Juanche.

A su vez, la jerarca del INR señaló que el convenio incluirá una formación con “propuestas modernas y de mejora continua”, lo que impactará directamente en mejores posibilidades y perspectivas de “reinserción y rehabilitación” para las personas en situación de reclusión.