La Universidad de la República (Udelar) se expidió este martes sobre el proyecto de ley de creación de una Universidad Nacional de Educación (UNED) presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento. El Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar consideró una serie de informes en los que, si bien se valora la importancia de que la formación docente alcance el nivel universitario, se plantean una serie de observaciones al proyecto de ley presentado este año.
Por ejemplo, el informe de un grupo de trabajo de la Asamblea General del Claustro (AGC) considera que uno de los principales desafíos del proyecto es que la creación de la UNED no se reduzca a un cambio institucional. En su análisis, señala que la exposición de motivos debería explicar con mayor claridad por qué es necesario que la formación de los educadores sea universitaria y, en particular, por qué quienes forman a los futuros docentes deberían ser también investigadores. De lo contrario, advierte que el proceso podría quedar reducido a una “recategorización” de la formación docente existente, cuando el objetivo debería ser una “transformación de lo existente”.
En ese sentido, se entiende que el carácter universitario debe expresarse en la integración de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Según observó el grupo de trabajo, cuyo informe fue aprobado por la AGC, el proyecto de ley reconoce esas tres funciones, pero pone el énfasis en la formación de profesionales de la educación y deja en un segundo plano una concepción más amplia de la actividad universitaria.
Otro de los reparos del análisis está vinculado al campo académico que tendría la nueva universidad. Dentro de sus consideraciones, el informe de la AGC señala que la UNED no debería quedar limitada a los conocimientos pedagógicos vinculados con la formación docente, sino que también debería extender los conocimientos de otras disciplinas. A su entender, este aspecto es necesario para garantizar el nivel universitario de la institución y evitar que su actividad quede ligada a las políticas educativas definidas por el Poder Ejecutivo. El mismo señalamiento aparece en relación con la investigación. El informe propone que el proyecto no limite la producción de conocimiento al campo de la educación, sino que habilite la investigación en “las más diversas disciplinas”.
El documento también plantea que la exposición de motivos del proyecto de ley dedica demasiado espacio a reconstruir la historia de la formación docente en Uruguay y no desarrolla con la misma profundidad un diagnóstico de la situación actual ni una proyección de futuro. En particular, plantea que el texto debería considerar los desafíos que atraviesa actualmente la formación y el trabajo docente, entre ellos los cambios “tecnológicos, demográficos, cambios en el mercado laboral docente, nuevas pedagogías, inclusión digital, impacto de la inteligencia artificial”, entre otros que no son detallados específicamente.
Por otra parte, las observaciones no se limitan solo al perfil académico de la nueva institución, ya que también alcanzan a su estructura de gobierno, particularmente a la forma en que se plantea la transición hasta que la UNED cuente con autoridades electas.
Según se señala en el análisis, el proyecto establece un Consejo Directivo Nacional provisorio para la etapa inicial, el cual estaría integrado mayoritariamente por designaciones del Poder Ejecutivo con venia del Senado. Para el informe, que fue aprobado por la AGC semanas atrás, este diseño concentra el poder en actores externos al cuerpo universitario precisamente durante una etapa clave, el inicio de la institución.
En ese sentido, consideran extenso el tiempo de transición previsto, ya que se establece un plazo de hasta 12 meses para convocar a elecciones de la Asamblea Nacional y de hasta 36 meses para la conformación del Consejo Directivo Nacional. Al respecto, se advierte que la extensión en el tiempo de instalación del cogobierno “puede generar un déficit de legitimidad en el proceso de institucionalización” de la nueva universidad.
En tanto, otro informe de la División General de Jurídica de la Udelar —que fue aprobado por el CDC este martes— advierte que el proyecto desarrolla la libertad de cátedra principalmente como la posibilidad de planificar cursos y actividades educativas, pero no explicita la libertad de investigación. Para el organismo, ambas dimensiones forman parte de la libertad académica y deberían quedar contempladas en el articulado del diseño de la nueva universidad.
Dicho informe de Jurídica establece una serie de observaciones legales para que la ley de aprobación de la UNED vaya en línea con otras disposiciones como la Ley General de Educación y también plantea que el proyecto elaborado por el gobierno no regula el funcionamiento de los centros e institutos de formación docente. Si bien se establece que en dichos centros se instalará un consejo asesor y consultivo, no se dice nada sobre su funcionamiento ni tampoco sobre los mecanismos de designación de los respectivos directores. En caso de que ello vaya a quedar sujeto a reglamentación por parte de las autoridades de la nueva universidad, el informe jurídico de la Udelar recomienda explicitarlo en el articulado.
Además, el informe que fue aprobado por el CDC este martes recomienda que se incorpore a texto expreso el principio de ingreso y ascenso por concurso de los funcionarios del nuevo ente.
UNED en debate
En el intercambio en el CDC, varios de los consejeros remitieron al informe de la dirección de Jurídica y, si bien predominó un tono de apoyo a la creación de una UNED autónoma y cogobernada, algunos cuestionaron la creación del nuevo ente. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, dijo que está en contra de crear una UNED “dando vuelta el cartelito de la puerta y poner que ahora se llama universidad”. En ese sentido, agregó que existirá una dificultad para garantizar la calidad académica en las 33 sedes con las que actualmente cuenta el Consejo de Formación en Educación, que se convertiría en universidad.
El decano planteó que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “no atiende” la construcción de un sistema educativo integrado, por no tener en cuenta el lugar de la UNED en un entramado institucional más amplio, por ejemplo, integrando comisiones del sistema nacional de educación pública, en el mismo sentido de lo que plantea la División General Jurídica.
Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en tanto, plantearon algunas preocupaciones por no duplicar esfuerzos en materia de investigación y también por la autonomía de la Uned si se dedica a formar educadores que deberán formarse a partir de planes y programas elaborados por la Administración Nacional de Educación Pública, que, si bien cuenta con autonomía, la mayoría de sus autoridades dependen del sistema político.
Finalmente, a propuesta del rector Héctor Cancela, el CDC aprobó una resolución en la que “reafirma la vigencia de las definiciones institucionales” sobre proyectos anteriores de creación de una UNED y relativas a ese tema. En ese sentido, “renueva su disposición a contribuir activamente al desarrollo de una institucionalidad universitaria en educación, en el marco de un sistema nacional de educación superior público, articulado, democrático y de calidad”.
Por su parte, la Udelar considera que los principios de autonomía y cogobierno son “elementos fundamentales en la construcción de una institucionalidad universitaria” y que “es igualmente importante contar con un plan de desarrollo académico, así como una organización universitaria de la actividad académica de investigación, enseñanza y extensión”. En ese sentido, la universidad se pone “a disposición” para “colaborar en el desarrollo de una institucionalidad universitaria en educación, componente necesario de un sistema nacional de educación superior público, vigoroso, articulado, autónomo, democrático y de excelencia”.