Dos leyes diferentes otorgan pensiones económicas especiales a los familiares de víctimas de violencia doméstica y a partir de este mes el Banco de Previsión Social (BPS) logró vincular los mecanismos para que efectivamente puedan cobrar ambos montos, confirmó Daniela Barinedelli, directora del organismo.

La jerarca explicó a El Observador que hay dos prestaciones que amparan a estos familiares: en primer lugar, la creada en la Ley 18.850, de 2011, que asigna una partida a las hijas y los hijos de víctimas fallecidas por la violencia doméstica; en segundo lugar, la creada en la Ley 19.039, de 2012, que estipuló una pensión a los familiares de víctimas de delitos violentos.

Con la primera ley se accede a una pensión de 13.035 pesos y una asignación familiar especial de 1.993 pesos, que aumenta a 2.593 pesos si el beneficiario está cursando enseñanza media o superior o tiene una incapacidad física o psíquica que se lo impida.

La segunda ley establece un monto de 29.220 pesos y en el texto original se lo limitaba a familiares de personas asesinadas “en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro o cuando una persona resulte incapacitada de forma absoluta para todo trabajo”. Sin embargo, la ley de urgente consideración (LUC) modificó este artículo y lo extendió a cualquier “hecho delictivo”, por lo que entra ahora la violencia doméstica. Este no es uno de los artículos que se busca derogar en el próximo referéndum.

“Se pudieron armonizar las dos leyes y los hijos de víctimas fallecidas en circunstancia de violencia doméstica pueden acceder a cobrar la prestación de la Ley 19.039, que es más beneficiosa, y también ser beneficiario de la asignación familiar establecida en la Ley 18.850”, explicó Barindelli. Además, continúan siendo beneficiarios de la ayuda psicológica que brinda el BPS.

Esta doble pensión se aplicará en los casos de los familiares de víctimas de violencia doméstica posterior a la entrada en vigencia de la LUC.

Una de las reivindicaciones que sostuvieron colectivos feministas este jueves, en una nueva marcha del 25N, fue que los operadores policiales, judiciales y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay “informen a las familias de las mujeres asesinadas sobre la Ley 18.850, que establece una pensión no contributiva y una asignación especial a las y los huérfanos víctimas de violencia doméstica”, según la proclama difundida por Colectiva por el 25N.