Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay: nuestro país “tiene una deuda histórica con las mujeres en los cargos de decisión”

Uruguay fue el primer país de la región en aprobar el voto femenino y se considera que tiene la democracia plena más avanzada de América Latina y el Caribe, según la edición 2021 del Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Sin embargo, en el medio de estos dos hitos, la aguja de la representación política de las mujeres quedó estancada y hoy es uno de los países más rezagados en la materia.

El tema constituye uno de los cuatro ejes que guiarán el trabajo de ONU Mujeres a nivel global entre 2022 y 2025, junto con el empoderamiento económico, la eliminación de la violencia de género, y mujeres, paz y seguridad, acción humanitaria y reducción del riesgo de desastres, según establece el nuevo plan estratégico.

Los problemas que más preocupan a la organización en Uruguay “están absolutamente alineados” con estas cuatro áreas temáticas, aseguró Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en nuestro país. Incluido el cuarto, que este año será trabajado por primera vez en Uruguay.

Y, por supuesto, el vinculado a la participación política. La referente dijo que la sociedad uruguaya “no le tiene miedo” a que haya más mujeres en cargos de conducción política, pero que los obstáculos están dentro de las estructuras partidarias. En ese sentido, aclaró que los proyectos de ley de paridad que ingresaron al Parlamento en 2021 y podrían debatirse este año “no van a resolver todos los problemas”, aunque su aprobación sería “una señal bien importante”.

En entrevista con la diaria, la representante de ONU Mujeres también hizo un balance sobre la situación de la violencia de género en el país y dijo que queda “muchísimo por hacer” para llegar a la “igualdad sustantiva”.

El primer eje de trabajo de ONU Mujeres es el de la participación política de las mujeres, un tema en el que Uruguay está rezagado en comparación con el resto de la región. Este año podría ser decisivo, porque todo indica que comenzarían a debatirse los dos proyectos de ley de paridad que están en el Parlamento. ¿Cuáles son las expectativas?

Tenemos muchísimo optimismo y expectativas. Si bien los dos proyectos de ley fueron presentados en febrero y en marzo de 2021, no tuvieron su tratamiento parlamentario y seguramente quede para este año, posiblemente después del referéndum sobre la LUC [ley de urgente consideración]. Creo que este va a ser uno de los temas claves este año y aspiramos a que Uruguay avance, porque si bien es reconocido internacionalmente por su desarrollo democrático, es uno de los países de la región con mayores índices de desigualdad de género en política. Siempre decimos que una democracia con más mujeres es una mejor democracia. Ese concepto ha permeado más en las empresas, por ejemplo, y aquellas que están conformadas sólo por hombres ya quedaron obsoletas o con olor a naftalina. Pero debería permear en la política. Los pasos que ha dado Uruguay en este sentido muestran que los resultados son siempre muy magros. Por ejemplo, de la administración pasada a esta, en el Parlamento, se logró aumentar una mujer más en cada una de las cámaras. Eso es absolutamente insuficiente. Me parece que es la oportunidad para que Uruguay dé ese salto cualitativo. Hay muchos países de la región que han avanzado más rápidamente en estos temas e incluso muchos gobiernos que cada vez más anuncian gabinetes paritarios. Estamos en 2022 y avanzar hacia una democracia representativa sería lo natural. Hay muchas mujeres en política; lastimosamente, muchas se desestimulan o desalientan por la violencia que sufren en la política, y esto se ve en países que han logrado más mujeres en esos cargos de decisión, porque obviamente la violencia aumenta cuando hay más mujeres. Uruguay tiene una deuda histórica con las mujeres en los cargos de decisión, y ojalá todas las uruguayas y uruguayos podamos celebrar avances. Una ley de paridad no va a resolver todos los problemas, pero es una señal bien importante.

¿Por qué le ha costado tanto a Uruguay avanzar en este sentido?

Hicimos dos encuestas de percepción de opinión pública en 2016 y 2018 con Opción Consultores, y una tercera en 2021 con Cifra, que muestran que la sociedad no le tiene miedo a que haya una mujer presidenta, vicepresidenta o a cargo de un ministerio. Entonces, los obstáculos no vienen por el lado de la sociedad: están sobre todo dentro de las estructuras de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que transparentar, sincerarse ‒y no estoy eximiendo a ninguno, creo que entran todos‒ y ver cómo reconocen las capacidades de las mujeres que militan, cómo hacen las listas. Obviamente que queda mucho por hacer en ese sentido, pero por lo menos descartamos que el obstáculo pudiera venir desde la opinión pública y eso me parece un hallazgo importantísimo, porque en otros países los resultados de la opinión pública no dan tan bien como en Uruguay. Entonces, Uruguay está preparado y creo que quiere avanzar en ese sentido. En la encuesta de opinión pública que hicimos en 2021 con Cifra, siete de cada diez personas manifestaron que querrían que hubiera más ministras y más legisladoras, y 83% de las personas en Uruguay cree que sería positivo que en el próximo período haya una mujer presidenta. La sociedad de a poco se abre, hay que trabajar con los partidos.

Otra de las áreas de trabajo es la violencia de género, una problemática que sintió el impacto de la pandemia.

La pandemia tuvo impacto en el mercado de trabajo y en las diferencias del uso del tiempo, como señalan varios estudios que hicimos, y en la violencia, que también fue muy importante, porque quedarse en casa significó, para muchas mujeres, convivir con su agresor. En el caso de Uruguay, sabemos que el problema de la violencia hacia las mujeres en la gran mayoría de los casos tiene que ver con la violencia ejercida por parejas o exparejas. Y si bien no aumentó significativamente el número de denuncias durante ese período, porque también era mucho más difícil denunciar, lo que sí se observó fue el aumento de los llamados al servicio 0800 4141. En ese sentido, me pareció muy asertiva la política de Inmujeres [Instituto Nacional de las Mujeres] de extender 24/7 ese servicio telefónico y de ampliar la cantidad de telefonistas para atender esa demanda. Nosotras, en toda la región, a la violencia de género la llamamos la “pandemia a la sombra”, porque es un problema estructural muy grande que se exacerbó en la pandemia y para el que no hay una vacuna.

El año pasado también se registró un aumento de los femicidios.

El problema de la violencia es que es un problema estructural, entonces, por lo general, no se puede comparar un año con el otro, sino que hay que mirar la tendencia. Si vemos la serie de femicidios en Uruguay, podemos ver que, en promedio, en los últimos 15 años hubo entre 20 y 30 casos cada año. Sólo un año es raro, 2019, en el que hubo menos de 20. Mi conclusión, analizando los datos, es que el número de femicidios ha permanecido relativamente estable, de la misma manera que ha permanecido relativamente estable el número de denuncias por violencia doméstica, con una tendencia de incremento en el tiempo. El otro día el Ministerio del Interior [MI] [presentó los datos de 2021](https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/1/el-mi-anuncio-baja-de-delitos-lo-atribuyo-a-la-luc-y-hay-cuestionamientos-del-fa/) y todo el mundo habló de la baja de las denuncias de hurtos, rapiñas y homicidios, pero nadie dijo que las denuncias por violencia doméstica permanecen estables. No importa todo lo que aumente el PIB del país, que cambien las condiciones económicas o que haya covid; esos números no los podemos mover, son cifras estructurales y alarmantes. Si vemos que hay más de 100 y pico de denuncias por día y que la violencia doméstica es el segundo motivo de denuncia después del hurto, tenemos que alarmarnos. Si vemos la cantidad de femicidios con respecto a las tres millones de personas que somos, también da una tasa de femicidios alarmante en el contexto regional.

Que los femicidios y las denuncias se mantengan estables es un problema, porque significa que no bajan. Pensando en la experiencia de ONU Mujeres en otros países, ¿desde qué áreas y con qué herramientas creés que se puede atacar este problema?

Cuando el MI hizo un análisis sobre los femicidios en Uruguay, encontró que aproximadamente en 75% de los casos no había ningún tipo de denuncia previa. ¿Cómo la política pública va a actuar para prevenir esos femicidios si en la mayoría no había una denuncia previa? Además, el tema claramente tiene que ver con los patrones culturales imperantes en esta región de América Latina, que incluyen muchos estereotipos, discriminación y desigualdad. La violencia es la manifestación extrema de la desigualdad, y en todos estos países, en todas las áreas ‒social, política, económica, cultural‒ encontramos esas desigualdades entre hombres y mujeres. Lo que veo que más cambió es que, desde la opinión pública, el tema es cada vez más visible, por los movimientos feministas de la región, sobre todo, y cada vez hay menos tolerancia ante estas situaciones. Por ejemplo, este hecho lastimoso que ocurrió el domingo [en referencia a la violación grupal en Cordón] fue unánimemente condenado. Por otro lado, otra cosa que se percibe es que es verdad que hay más leyes y más políticas, pero sigue existiendo la brecha entre la norma escrita y la igualdad sustantiva. Queda muchísimo para hacer, y la parte que queda es siempre la más difícil: lo cultural, lo comportamental, la educación. Hay que empezar desde chicos, desde la escuela, a educar en el respeto, la igualdad, los valores, los derechos humanos. Y hay que trabajar mucho en la prevención de la violencia en el noviazgo. De hecho, si tengo que destacar el hecho relevante de los datos que publicó el MI el 25 de noviembre, es que la edad de las víctimas de violencia de género se corrió hacia abajo, y eso es una señal preocupante.

¿Cuál es la evaluación que hacen del abordaje, en general, de la violencia de género por parte del Estado uruguayo?

Hay un esfuerzo enorme en todos los avances normativos, pero debemos tener en cuenta que la ley integral de violencia hacia las mujeres que se aprobó a fines de 2017 fue aprobada sin contar con un presupuesto específico, que sabemos que tampoco lo tienen totalmente previsto actualmente, excepto la creación de tres juzgados en el interior. Sabemos que, además, que esté hecha la ley es condición necesaria pero no suficiente, porque después hay que trabajar muchísimo en la formación y capacitación con los operadores del sistema de justicia, con los fiscales. Sí se avanzó en la coordinación del sistema interinstitucional de respuesta, pero todavía precisamos seguir trabajando en garantizar la protección a las víctimas. Hay muchos casos que son de notoriedad y seguimos atentos esperando una resolución, por ejemplo la Operación Océano, que se inició hace ya más de dos años. Hay mucho camino por recorrer. Las cifras no se están moviendo. Uno tiene la impresión de que hace más cosas, pero no estamos logrando impactar en el resultado. Son problemas complejos y siempre las intervenciones tienen que ser en diferentes niveles y sistémicas, no es que un ministerio va a resolver este tema. Por eso es que el sistema de respuesta involucra a los diferentes organismos que tienen competencia en este tema, porque nunca hay que olvidarse de que el Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres.

En unas semanas se van a cumplir dos años desde que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo ha sido el intercambio y qué receptividad encontraron a la hora de plantear estos temas?

Hemos tenido muchísima receptividad. Primero, hemos dado continuidad a un trabajo que ya veníamos acompañando en las decisiones del Inmujeres. Además, en este período, Inmujeres priorizó y puso en agenda el tema de la participación política de las mujeres, que no estaba en su agenda antes, además de los otros temas que son sumamente importantes, como la violencia, que se come gran parte del mandato por la magnitud del problema, y también el empoderamiento económico. A la vez, si bien se creó en años anteriores, el Consejo Nacional de Género se jerarquizó o se trató de reforzar en este período. Este Consejo Nacional de Género, más la Ley [19.846] de diciembre 2019, que establece que a cada organismo del Estado le compete abordar los temas de igualdad de género, han llevado a una situación inmejorable de que cada vez más organismos del Estado quieren incorporar estos temas en su agenda. A veces se asociaba mucho ONU Mujeres al Inmujeres o al Ministerio de Desarrollo Social, y en realidad estos temas están presentes en todas las temáticas de la sociedad y es importante trabajarlos con diferentes actores. Por ejemplo, estamos en contacto con el Ministerio de Industria por un proyecto en el cual participamos para que la segunda transición energética del Uruguay tenga en cuenta la incorporación de las mujeres; con el de Ambiente por el tema género y cambio climático; con el de Defensa para aumentar la cantidad de mujeres desplegadas o dentro de esa cartera. Con el MI tenemos una reunión estos días para ver posibles acuerdos de colaboración conjunta, con la cancillería hemos articulado, con el Ministerio de Ganadería estamos apoyando algunas acciones del plan de género para el agro, también estamos conversando con Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional]. Con la sociedad civil por supuesto que seguimos trabajando. También tuvimos muy buena receptividad del presidente de la República y de la vicepresidenta, que ya sabemos que antes de asumir su cargo era una defensora de esta agenda de género. Por supuesto que uno siempre encuentra resistencias, pero capaz que esto es un efecto contagio. Y también a veces vemos que hay ganas de hacer pero no se sabe cómo iniciar el camino. Nuestro rol siempre es constructivo, acompañando.