La trata con fines de explotación sexual: un problema instalado que continúa invisibilizado en Uruguay

Uruguay es identificado desde hace años como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, pero en la sociedad todavía no es reconocido como un problema público, complejo, que ocurre y no sólo entre fronteras de países sino también entre departamentos y barrios. En todo el mundo, el destino más frecuente de la trata es la explotación sexual y la gran mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres adultas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Lo mismo pasa en Uruguay. Por eso, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales insisten con la necesidad de abordar el fenómeno más allá de lo delictual, como un problema social, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

Algunas de estas conclusiones aparecen en la investigación Dueños de personas, personas con dueño que la asociación civil El Paso publicó en 2020 y que constituye un primer acercamiento al problema en el país. El estudio demostró, entre otras cosas, que “convivimos” con la trata de personas, pero que en muchos casos adopta formas que dificultan que se pueda visualizar como un delito y una violación de los derechos humanos. Es una realidad instalada, como muestran las denuncias y relatan las mujeres que llegan a los servicios de atención, pero casi invisible.

En el primer trimestre de 2022, el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) atendió a 136 mujeres: nueve casos corresponden a ingresos nuevos y 127 son situaciones que están en seguimiento por parte de los equipos técnicos, de acuerdo con información del instituto a la que accedió la diaria. La mayoría de los casos (114) fueron atendidos en Montevideo.

El alcance territorial de estos servicios –que brindan atención psicosocial y asesoramiento jurídico– se extendió durante el primer semestre de este año, “logrando llegar a todo el país”, aseguraron fuentes del Inmujeres a la diaria. Así, hoy cuenta con cuatro sedes distribuidas en Paysandú, Cerro Largo, Paso de los Toros (Tacuarembó) y Montevideo, todas con cobertura en otros departamentos.

Por su parte, la Fiscalía, que se encarga de la persecución del delito, recibió siete denuncias de trata de personas entre el 1º de enero y el 30 de mayo de este año, según datos de la institución que obtuvo la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Por el momento, ninguna fue formalizada.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, colectivos que trabajan en estas temáticas aseguran que, si bien hubo algunos avances, son pocos e insuficientes. A la vez, reclaman al Estado un “abordaje integral” del problema, tanto en la atención a las víctimas como en la prevención. También coinciden en la necesidad de instalar el tema en la agenda pública, en los hogares, en las escuelas, para que las personas tengan herramientas que ayuden a detectar, prevenir o denunciar determinadas situaciones.

Que no quede en una letra muerta

Es cierto que, en los últimos años, Uruguay registró avances legislativos en materia de trata de personas. Un primer paso fue la promulgación de la ley de migraciones de 2008, que tipificó el delito de trata con penas que van de cuatro a 16 años de cárcel, lo que marcó un impulso importante para su persecución. Una década más tarde, el Parlamento dio otro paso crucial al sancionar la Ley 19.643 de prevención y combate de la trata de personas, que establece una regulación integral de prevención, persecución y sanción de esta problemática, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.

Sin embargo, el marco normativo por sí solo no alcanza si las leyes no son implementadas de manera eficaz, y este es uno de los principales reclamos de las organizaciones. “La ley de trata plantea un montón de cosas que están buenísimas pero que no se llevan adelante por falta de presupuesto”, dijo a la diaria en ese sentido Sofía Lledías Otero, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? (DENG), que trabaja desde 2017 para visibilizar casos de desapariciones de niñas y mujeres que en muchos casos tienen como principal hipótesis la trata con fines de explotación sexual. “Necesitamos que haya un sostén teórico y legal frente a esto, pero también necesitamos que se pueda llevar adelante en la vía de lo práctico, y eso no está ocurriendo”, agregó.

En la misma línea se manifestó Natalia Vera, representante del colectivo Encuentro de Feministas Diversas (EFD), que desde hace cinco años lleva adelante el proyecto “Desaparecidas” para difundir los casos de mujeres desaparecidas en Uruguay y concientizar sobre la trata de personas. “Sabemos que las situaciones de trata son muy complejas de perseguir y que no hay muchas condenas, pero nos gustaría, para empezar, que se aplique la Ley 19.643 de prevención y combate de la trata, porque, al igual que la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, no se está aplicando en su totalidad. En ese sentido, tenemos la preocupación y queremos insistir con que eso no quede en una letra muerta”, señaló Vera a la diaria. “Si [las leyes] no se llevan a la práctica, no las podemos contar como un avance, porque, en el día a día, a esas madres y familiares de adolescentes y mujeres que desaparecen no les cambia en lo más mínimo”, cuestionó la activista.

Vera reconoció que en el último tiempo “ha habido algunas señales” positivas, pero dijo que “definitivamente no son suficientes”. “Se ha capacitado, pero a muy pocos efectivos policiales, no hay una capacitación concreta ni presupuestada para el Poder Judicial ni para Fiscalía, entonces sentimos que los esfuerzos no están a la altura del problema”, apuntó.

Mucho por hacer: desafíos que persisten

Si bien engloba varias aristas de la problemática, la implementación incompleta de la ley de trata es sólo uno de los obstáculos que las activistas identifican a la hora de abordar las situaciones de trata. Otro problema es la “clara desconexión interinstitucional” frente a los casos de desapariciones, explicó Lledías Otero. “Los organismos no trabajan en conjunto muchas veces, hay algunas situaciones que son abordadas por una institución y capaz que otra tiene otra información y eso puede servir para abordar el caso con mayor integralidad, y no está pasando. A veces, por ejemplo, estas mujeres que desaparecen son madres y las familias tienen un montón de obstáculos para poder acceder a la tenencia de esos gurises. No hay un abordaje integral ante la desaparición de una mujer, una niña o una adolescente”, cuestionó la integrante de DENG.

El colectivo también reclama que estas situaciones se empiecen a abordar “desde la primera desaparición”. “Muchas veces, ante la desaparición indefinida de estas gurisas, hubo distintos momentos en los que desaparecieron y volvieron a aparecer. Ahí hay un montón de información que, si se abordara, podría evitar esta desaparición indefinida, en la que no se tiene noticias y no se sabe qué pasó. Si se lograra un abordaje a tiempo y una intervención temprana de la situación, capaz que no hubiéramos llegado a ese punto”, señaló Lledías Otero.

También hay un “debe” importante respecto del acceso a la Justicia. En ese sentido, la activista dijo que, si bien el colectivo celebra la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, “no es suficiente y en las desapariciones las familias se encuentran muy solas”. Ese desamparo también se traslada a mujeres que desaparecen y luego aparecen “en un contexto bastante problemático o complejo”, que el Estado “tiene que poder sostener”.

Vera, por su parte, dijo que durante las investigaciones sobre desapariciones de mujeres no se tiene en cuenta el posible nexo con la trata sexual y aseguró que no hay “señales claras” de que esos procesos incluyan una perspectiva de género. “Las desapariciones, que pueden resultar en cosas terribles como situaciones de trata o femicidios, no son vistas como un problema de género”, insistió la integrante del EFD.

Al mismo tiempo, cuestionó que el Estado no ofrezca datos completos y actualizados sobre las desapariciones, lo que para el colectivo “también es una forma de querer silenciar la situación”. Al respecto, Vera dijo que la página web de personas ausentes del Ministerio del Interior, que es “la única fuente de datos a la fecha”, sigue “desactualizada” y no tiene información desagregada ni concluyente.

La activista dijo que, en este Día Mundial contra la Trata, el EFD pondrá el centro en señalar la conexión entre las desapariciones de mujeres, la explotación sexual, la trata y el narcotráfico. “Estamos notando que, en muchos casos de mujeres y de jóvenes desaparecidas en particular, se dan situaciones de consumo problemático de sustancias [...] Entendemos que evitar que esa chica termine siendo víctima del crimen organizado también tiene que ver con que no termine consumiendo drogas duras desde edades muy tempranas. Entonces, es una arista más para investigar y prevenir que no haya más mujeres desaparecidas”, señaló.

Poner el tema arriba de la mesa

La trata sexual es un problema tan invisibilizado que ni siquiera aparece con frecuencia en campañas para prevenir otras formas de violencia de género. Es por ese motivo que las representantes de DENG y EFD pusieron tanto el énfasis en la importancia de colocar el tema en la agenda pública: que se hable en los medios, que se discuta en los ámbitos políticos, que circule la información, que sea parte de la educación en las escuelas. No sólo para informar a la sociedad, brindar herramientas de detección y visibilizar el problema, sino también para ponerle cara al asunto y desmontar algunos mitos que lo rodean.

“No tenemos el dato, pero estoy convencida de que hay una porción muy grande de uruguayas y uruguayos que no saben que hay personas desaparecidas en democracia y que esas desapariciones, que son multicausales, en el caso de las mujeres y de las mujeres jóvenes tienen un gran componente de género, esconden situaciones de mucha violencia de género y desamparo, y son el resultado de una larga cadena de falta de garantías por parte del Estado y una deuda para con ellas”, afirmó Vera. La activista dijo que esto es así porque se trata de un tema que sólo el movimiento feminista ha querido poner en agenda, entonces “no es algo que esté en discusión y, si se habla, se habla de cosas un poco más alejadas de nuestra realidad o quizás un poco más cinematográficas”.

Para la representante del EFD, hablar de la trata facilita además la “detección temprana”, porque “estamos hablando de situaciones que pueden esconder casos de violencia u otras vulneraciones”. “Sabemos que el crimen organizado existe y funciona, pero la mayoría de los casos relacionados con las desapariciones tienen que ver más bien con la coerción y no con el secuestro con una camioneta blanca”, detalló Vera.

DENG coincide en este punto. “Nos parece que el uruguayo, en general, relaciona la trata con fines de explotación sexual con llevar a una mujer a otro país, por ejemplo, y en realidad eso, hoy en día, si bien sigue existiendo, no es la única modalidad”, resaltó Lledías Otero. En ese sentido, dijo que hace un tiempo el colectivo detectó una nueva modalidad que consiste en la captación y la desaparición por determinada cantidad de días, en los que atraviesan “miles de violencias”, y califica de trata porque “hay una situación de aislamiento y de acogida en la que se cortan todas las redes de la persona”.

Este sábado, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, los dos colectivos pondrán en práctica esta necesidad de sacar el tema hacia el espacio público y realizarán distintas actividades de difusión y sensibilización (ver recuadro).