Desde el momento en que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma de la seguridad social, la iniciativa recibió varias críticas dentro y fuera del sistema político. Organizaciones, colectivos, académicas y activistas feministas han planteado que el proyecto carece de una perspectiva de género y que, en ese sentido, las desigualdades que ya existen en el acceso a jubilaciones y pensiones podrían acentuarse. Entre otros puntos, denuncian las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral, menores salarios, la sobrecarga del trabajo no remunerado de cuidados y doméstico y la feminización de la vejez.

Estas no son las únicas dificultades que sostienen: también han reclamado la falta de una mirada interseccional y que escape al sistema binario para prevenir la vulneración de derechos de algunas poblaciones como, por ejemplo, las personas trans. Según expresaron activistas trans consultadas por la diaria, el aumento de la edad mínima para acceder a la causal jubilatoria y que el trabajo sexual no sea considerado como una tarea exigente que amerita reducir el tiempo y la edad de jubilación son los aspectos de la reforma que tendrán más consecuencias negativas sobre la población trans.

“En la reforma hay cuestiones que no favorecen, principalmente, a las mujeres, pero tampoco se tiene en cuenta a poblaciones específicas con determinadas vulnerabilidades, cuando este país cuenta con políticas públicas y normativa vigente que las reconoce como tal. Estos grupos están totalmente invisibilizados y no están integrados en esta reforma, como las personas trans”, señaló la licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista transfeminista Josefina González.

En la misma línea, la profesora de Literatura y presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Colette Spinetti, sostuvo que la población trans no fue “tenida en cuenta en ningún aspecto” a la hora de pensar la reforma y afirmó que en el marco de la discusión del proyecto tampoco fueron consultadas las organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de estas personas. “En el imaginario popular se da por hecho que las personas trans no somos trabajadoras formales, entonces, no hubo consulta ninguna”, señaló. Asimismo, dijo que integrantes de CTU mantuvieron conversaciones “de forma informal” con legisladoras y legisladores para ponerse a las “órdenes para hablar” al respecto, pero “quedó todo en la nada”.

González manifestó que, al no considerar a las personas trans en la reforma, se las “invisibiliza” y se reafirman “determinados roles y cuestiones ancladas en el binarismo de género”. “Se sigue negando la existencia de la población trans y no se la toma en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas. Eso creo que es grave para un país que ya tiene antecedentes en esta materia y ha tenido los debidos procesos y discusiones necesarias como para reconocer la existencia de población”, manifestó la activista. Al mismo tiempo, consideró que esta situación “nos empobrece” como sociedad.

Los principales reclamos

La esperanza de vida de las personas trans está por debajo de los 40 años, producto de las múltiples formas de violencia, discriminación y “expulsiones” que sufren desde la adolescencia o incluso desde antes, recordaron las entrevistadas. Por eso, consideraron que es un problema “muy grave” el aumento de la edad mínima para jubilarse de 60 a 65 años, porque son “muy pocas” las personas de este grupo que llegan a esa edad.

Por su parte, González señaló que la iniciativa integra “la variable expectativa de vida de una forma automatizada y mecánica” y no contempla las particularidades en ese sentido de algunas “poblaciones vulneradas”. Apuntó que este es un aspecto que sí tienen en cuenta otras normas en el país, como la Ley Integral para Personas Trans, y, por eso, es “grave” que este proyecto no lo tome en cuenta.

Las activistas explicaron que las personas trans no “logran envejecer” y, por lo tanto, no van a poder “generar una causal” de jubilación porque no suelen alcanzar los 65 años. En ese sentido, consideraron que debería incorporarse un “agregado” al proyecto de reforma de la seguridad social que tenga en cuenta este tema y establezca “excepciones a la ley” para poblaciones que lo necesiten.

Las mismas situaciones que generan que la expectativa de vida de las personas trans sea baja generan otras situaciones a lo largo de su desarrollo vital, como dificultades para tener y mantener una trayectoria educativa. A su vez, esto se vincula con la precarización laboral de esta población, ya que sólo entre 2% y 3% accede a trabajos formales, según dijo Spinetti. Agregó que la mayor parte se ve forzada a dedicarse al trabajo sexual. En relación con este punto, las activistas reclamaron que la reforma no contempla las consecuencias físicas y mentales de este trabajo y, por lo tanto, la edad jubilatoria establecida para las trabajadoras sexuales también es de 65 años, pese a que las propias condiciones del trabajo hagan “muy difícil” llegar a jubilarse a esa edad.