La publicación el pasado 12 de abril del informe Conducta sexual inapropiada en la academia: sobre una ética del cuidado en la Universidad Routledge reveló denuncias de acoso sexual contra el reconocido sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, profesor del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, entidad que dirigió hasta 2019.

Las autoras son tres exinvestigadoras de ese centro –una portuguesa, una belga y una estadounidense– que en un capítulo concreto denuncian “extractivismo sexual”, “extractivismo intelectual”, “incesto académico” e “impunidad” y, sin dar nombres, aunque con pistas claras, señalan al “profesor estrella” por hechos que se produjeron en el CES entre 2011 y 2019. Las académicas también apuntan contra el antropólogo Bruno Sena Martins, investigador del mismo centro de estudios, que en el texto es identificado como el “aprendiz”.

Después de que se difundieran las acusaciones, otras dos mujeres sumaron sus testimonios y denunciaron haber sido acosadas sexualmente por De Sousa Santos. Una de ellas es la diputada brasileña Bella Gonçalves, que acusó al profesor de acosarla cuando hizo el doctorado en el CES entre 2013 y 2014. “Un día pidió programar una reunión en su apartamento. Puso su mano en mi pierna. Dijo que las personas cercanas a él tenían muchas ventajas y sugirió que profundizáramos la relación. En ese momento recogí mis cosas y me fui, muy abrumada”, contó la legisladora en una entrevista publicada el viernes por Agência Pública.

Según Gonçalves, luego de ese episodio, el académico “humilló” sus trabajos y los de quien era en ese entonces su pareja, que estudiaba en el mismo centro. “Allí identifiqué que podías tener ventajas por establecer relaciones afectivas y sexuales con los docentes. Pero si te niegas, eres castigada por ello”, puntualizó.

En tanto, la activista mapuche argentina Moira Millán contó en una entrevista difundida el domingo en el diario español El Salto que el académico abusó sexualmente de ella en 2010, en el marco de una visita que realizó a Portugal para un conversatorio organizado por la Universidad Lusófona. “Cuando terminamos de cenar, me dijo que quería regalarme unos libros y le pedí que me los diera al día siguiente. Él me dijo que no y que su casa estaba muy cerca. Accedí. […] Entramos al apartamento, se puso cómodo y comenzó a beber whisky. Me quise ir, pero me pidió que me sentara. Lo hice, pero frente a él. Al hacerlo, él se abalanza sobre mí y comenzó a manosearme, a querer besarme y yo lo empujé, e indignada le dije ‘¡no!’. Me enfadé, me quedé quieta, pero él volvió a lanzarse sobre mí y ahí yo, muy enfadada, lo empujé con más fuerza: tuve claro que no me iba a dejar violar, aunque fuera Boaventura”, relató Millán.

El viernes el CES dictaminó la creación de una comisión especial para investigar las denuncias y anunció que los dos profesores acusados de acoso sexual fueron suspendidos de todos los cargos “durante este proceso y hasta que se tengan las conclusiones”.

También el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) decidió suspender todas las actividades de De Sousa Santos mientras se desarrollan las investigaciones que ya están en curso. En un comunicado, señaló que “ante los hechos de pública notoriedad” reafirma “su postura de tolerancia cero y rechazo absoluto al acoso sexual y se solidariza con todas las personas afectadas por esta forma de violencia”. Las declaraciones del Clacso fueron criticadas por algunas personas en redes sociales después de que se publicara la entrevista de Millán, ya que la activista dijo que esta institución “ha sabido siempre [sobre el episodio de acoso de 2010] porque yo se lo dije, por eso le convierte en absolutamente cómplice”.

Por su parte, De Sousa Santos emitió un comunicado en el que negó las acusaciones en su contra y aseguró que, junto al otro profesor denunciado, son “víctimas de una difamación anónima, vergonzosa y vil por parte de tres autoras”, a las que acusó de cometer “un acto de venganza personal”. En el documento también afirmó: “Tengo la conciencia tranquila”.

“Sólo la punta del iceberg”

Otra de las repercusiones fue la publicación de un “manifiesto”, titulado “Todas sabemos”, en el que 266 personalidades de la academia y la cultura de Portugal expresan su “total solidaridad con las autoras” del informe y “otras voces que se hicieron públicas, así como con todas las personas sujetas al abuso de poder y otras formas de violencia en el ámbito académico y más allá”. Quienes suscriben el manifiesto aseguran que “las reiteradas y persistentes situaciones de abuso que retrata el texto, lejos de ser episódicas o constituir un ataque concertado de difamación personal, institucional o política, deben interpretarse como una crítica a las dinámicas institucionales sistémicas, comunes dentro y fuera de la academia”.

En ese sentido, afirman que “el acoso sexual y moral, el extractivismo intelectual (la práctica de plagiar o reproducir la obra ajena sin citarla, presentándola como propia), así como otras formas de violencia, son estructurales y estructurantes de un sistema académico fundado en marcadas jerarquías profesionales y divisiones de clase, género y raza”. A la vez, señalan que el acoso que se genera en este marco “afecta principalmente a las mujeres y es más penalizador para ellas, dadas las mayores dificultades que enfrentan en el desarrollo de sus carreras, debido, entre otros factores, al derecho a la maternidad y al ejercicio de las funciones de cuidado”.

El extenso texto afirma que los casos denunciados “son sólo la punta del iceberg” de un fenómeno más amplio que se da en los ámbitos académicos, donde “el consentimiento íntimo a menudo se ve comprometido por las relaciones de poder y la dependencia académica”. “Estas asimetrías de poder llevan a los investigadores, dependientes de la validación de la institución para su seguridad financiera e incluso migratoria, a aniquilar los abusos de los que son víctimas como forma de evitar problemas o represalias”, detalla.

En esa línea, y como también aparece en el estudio de las tres investigadoras, “la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo, incredulidad en el sistema judicial, estrategia de supervivencia e incluso para preservar a las personas de su entorno, aquellas cuya supervivencia depende del agresor y muchas veces incluso aquellas que pertenecen a la esfera íntima del abusador”.

Finalmente, las y los firmantes abogan “por una universidad que valore las ideas y prácticas progresistas, con capacidad de autocrítica, de aceptación de vulnerabilidades y de asumir prácticas de cuidado con miras a la justicia social y la formación de comunidades solidarias libres de abusos”, en la que “el conocimiento circule horizontalmente y no a través de relaciones de poder patriarcales y coloniales”. “Una universidad pluridiversa, igualitaria, interseccional y emancipatoria”, agregan, “que no se confabula con la precariedad general y que no teme al modus operandi feminista, en la construcción de personas libres de las limitaciones impuestas por roles y expectativas prescriptivas de género, clase, color de piel, capacitismo o preceptos culturales”.