“No opuso resistencia”. “No se defendió”. “No intentó escapar”. “No gritó”. “No pidió ayuda”. La lista es larga y refiere a algunos de los argumentos que suelen utilizar las defensas en los juicios por violación para demostrar que, en realidad, la víctima consentía ese acto sexual o directamente tuvo la culpa de lo que le pasó por no oponerse explícitamente. Estos argumentos siguen apareciendo pese a que hay una infinidad de testimonios de víctimas de violencia sexual que relatan cómo quedan paralizadas frente a la agresión. Pero la cosa podría cambiar porque un estudio neurocientífico publicado esta semana revela que esa parálisis es real y puede ser totalmente involuntaria: quizás, ahora sí, el sistema judicial empiece a creerles a las víctimas.

La investigación, publicada el lunes en la revista científica Nature Human Behaviour y realizada por el profesor Patrick Haggard y Ebani Dhawan, exestudiante del University College de Londres (UCL), demuestra que, ante una amenaza, la respuesta del cerebro puede incluir el bloqueo de los circuitos neuronales que controlan voluntariamente el movimiento del cuerpo. En ese sentido, los investigadores argumentan que la inmovilidad de una víctima de agresión sexual puede ser completamente involuntaria y que, en ese caso, culparla es “inapropiado”.

El estudio recuerda que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud de 2021, 30% de las mujeres en el mundo experimentan una agresión sexual o violación una vez en su vida y que 70% de las víctimas que fueron asistidas en servicios de emergencia dijeron haberse sentido “congeladas” durante la situación y sin poder moverse o gritar.

Los científicos aseguran en el trabajo que muchos animales quedan brevemente paralizados ante una amenaza leve, por lo que están mejor preparados para una reacción de lucha o huida. Sin embargo, cuando se trata de una amenaza inmediata y grave, “el comportamiento puede cambiar a una inmovilidad prolongada en la que el cuerpo queda completamente congelado o inerte”. El artículo sugiere que procesos similares ocurren en las personas, y que encuestas e investigaciones han demostrado que “las víctimas de agresión sexual a menudo informan que no pueden moverse o gritar durante la agresión, incluso cuando no están físicamente limitadas”.

“Los argumentos a favor de la defensa en casos de violación y agresión sexual a veces malinterpretan la ausencia de lucha como una indicación de consentimiento. Pero si la víctima está inmóvil involuntariamente, este argumento es incorrecto”, plantean entonces Haggard y Dhawan, tirando abajo un mito que históricamente ha jugado a favor de los agresores. De hecho, así lo marca el propio título de la investigación: “La evidencia de la neurociencia contrarresta un mito de la violación”.

La culpa a los culpables

Haggard, que es profesor de Psicología y Ciencias del Lenguaje en la UCL, dijo al portal de noticias de la universidad británica que “la ley ha reconocido durante mucho tiempo la atenuante de 'pérdida de control' y puede conceder la responsabilidad atenuada en situaciones específicas en las que la evidencia muestra que las acciones se realizaron sin control voluntario”. “Después de revisar la evidencia neurocientífica, sugerimos que se debe hacer la misma consideración con respecto a la inmovilidad involuntaria durante la violación y la agresión sexual”, apuntó el investigador. “Esperamos que esto pueda ayudar a evitar que se culpe a la víctima de manera inapropiada y, potencialmente, llamar la atención de la sociedad sobre la importancia crucial del consentimiento activo”, agregó.

En la misma línea, Dhawan señaló que si bien “las definiciones legales de violación y agresión sexual se basan en la ausencia de consentimiento”, “no es inusual que los informes de las víctimas sobre la falta de consentimiento sean cuestionados en los tribunales -contra los estereotipos de cómo supuestamente se debería comportar una víctima ‘real’”-. El investigador enfatizó que, en este escenario, “deberíamos utilizar los hallazgos neurocientíficos para evitar que estos mitos se vendan como un argumento de defensa de la violencia sexual y para garantizar la justicia para las víctimas”.