Meses después de anunciarlo en campaña y a pocos días de que el propio vocero presidencial adelantara que sería un tema que el oficialismo plantearía “en algún momento”, una legisladora de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que Argentina aprobó a fines de 2020. La propuesta fue presentada el lunes por la diputada libertaria Rocío Belén Bonacci, pero trascendió en la noche del miércoles, un día después de que fracasara en el Congreso la ley ómnibus impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La iniciativa no sólo propone derogar la ley de IVE, que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en caso de abuso sexual y violación; además introduce modificaciones al Código Penal que harían que la normativa sobre aborto sea incluso más restrictiva que en 1921.

Así, modifica el artículo 85 con el objetivo de aumentar las penas de prisión de uno a cuatro años –actualmente son de tres meses a un año– para quien causara el aborto en cualquier etapa del embarazo con el consentimiento de la mujer, y se eleva a seis años “si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, indica el texto.

A la vez, elimina el artículo 85 bis, que establece “una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Uno de los aspectos principales del proyecto tiene que ver con la modificación del artículo 86, que actualmente establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 de embarazo y que, fuera de ese plazo, tampoco es punible en los casos de violación o riesgo para la vida o la salud integral. La iniciativa elimina la no punibilidad para los casos de violación y establece que sólo “con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”. En Argentina los abortos en casos de abuso sexual eran legales desde 1921, mucho antes de la ley de IVE.

Además, en ese mismo artículo, reinstala la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena” a “médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.

Por último, el proyecto de ley libertario modifica el artículo 88 elevando las penas para las personas que aborten, que según la normativa vigente son de uno a tres meses si se hace después de las 14 semanas y por fuera de las causales previstas en el artículo 86. La propuesta propone penas de uno a tres años y mantiene que la tentativa no es punible. Agrega que “el juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

A las reformas se suma que el proyecto elimina el lenguaje inclusivo de la redacción vigente, lo que queda claro todas las veces que sustituye “persona gestante” por “mujer”.

Este jueves, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguró en su cuenta de Instagram: “Es ley y va a seguir siendo ley”. “A días de la gran derrota política del gobierno de Milei en el Congreso, se presentó un proyecto con la intención de derogar la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nos quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación”, escribió la organización histórica. “Ya lo hemos dicho y lo repetimos: ni un paso atrás sobre nuestros derechos. No pasarán”, cierra el posteo, que invita a movilizarse el próximo Día Internacional de la Mujer por un “8M verde”.

Desencuentros en la interna libertaria

La iniciativa fue redactada por Bonacci y lleva la firma de las diputadas y diputados de La Libertad Avanza Oscar Zago, Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araújo y Manuel Quintar. Sin embargo, no es una propuesta del Poder Ejecutivo y tampoco cuenta con los apoyos formales que pareciera.

Este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en rueda de prensa: “Es una discusión estrictamente legislativa. No es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.

Un rato antes, Lemoine, cuya firma aparece en el texto, también salió a desmarcarse y en declaraciones al medio Corta, consignadas por Página 12, señaló: “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar, pero que no era momento ahora, y me metió igual. Es muy dañino”.

La propia Bonacci se vio obligada a hacer las aclaraciones pertinentes y en su cuenta de X dijo que el proyecto es iniciativa suya y “no del Ejecutivo”, y que fue “puesto a consideración” del cuerpo que integra.