La Federación Latinoamericana de Fiscales expresó su “profunda preocupación” por acusaciones que están recibiendo los fiscales en varios países de América Latina y señaló que en el caso de Uruguay “varios fiscales se vieron mencionados, tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos, por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud”.
Para la federación existe “una aparente intención de contaminar la investigación” en casos de violaciones a los derechos humanos en Uruguay, y exhortó a los organismos estatales y a la comunidad a mantener “una prudencia especial” y esperar que los temas se diriman en la Justicia.
“Lo contrario significaría poner en riesgo los principios republicanos de la nación uruguaya, ya que estas presiones tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, afirmaron.
Además, descartaron que se trate de una reacción corporativa a favor de algún fiscal, sino que se trata de una defensa de “la institucionalidad y legalidad” de los fiscales.
“Nos ponemos a disposición de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal”, concluye el comunicado.
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Según supo la diaria, la Federación de Fiscales analiza entablar contactos en el ámbito diplomático para tratar estos temas y respaldar formalmente a la AMFU ante el gobierno uruguayo.
Este lunes una delegación de la AMFU se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón para hablar del tema.
Según informó a la diaria el secretario general de la asociación, William Rosa, la vicepresidente fue “muy receptiva” al planteo y se comprometió a “contribuir a tender los puentes necesarios para se respete el trabajo de los actores de la Justicia de forma independiente”.
Durante el encuentro también estuvo arriba de la mesa el desplazamiento de la asociación del Consejo de Instrucciones Generales.
La organización será recibida por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para dar su opinión sobre los cambios que se realizaron en la comisión honoraria que define las Instrucciones Generales de Fiscalía. La institución que agrupa a los fiscales quedó sin representación en esa institución por el presupuesto quinquenal que aprobó la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo había mandado un proyecto en el que las instrucciones generales quedaban derogadas; eso se modificó por un cambio en la integración de la comisión que define las instrucciones, donde se le dio, en un principio, doble voto a la asociación de fiscales.
Sin embargo, a último momento se definió sacar a la asociación y sustituirla por los dos fiscales con mayor antigüedad, lo que fue calificado de “un retroceso importante” por parte del fiscal de Corte, Jorge Díaz.