¿Es posible “reinstalar” la ley de caducidad? La opinión de los juristas sobre la propuesta de Manini Ríos

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, manifestó el viernes su intención de derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (18.831, también conocida como Interpretativa de la Ley de Caducidad) para “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848). Esta propuesta tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición y desencadenó críticas desde la oposición. En tanto, juristas especializados en derechos humanos y constitucionalistas advierten que de aprobarse una disposición de este tipo Uruguay entraría en “desacato” respecto de la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obliga a nuestro país a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

El abogado especializado en derechos humanos y ex senador frenteamplista Óscar López Goldaracena dijo a la diaria que sería “inadmisible” desde los puntos de vista jurídico y político un proyecto “que impida el juzgamiento de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos”, porque esto implicaría una transgresión a la sentencia de la CIDH. “Los crímenes de este tipo no pueden ser amnistiados, beneficiados por indulto o por gracia, porque son de juzgamiento necesario y obligatorio. Así lo dispone el derecho, [que] limita las opciones políticas de los gobernantes”, consideró el doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Martín Risso explicó que tras la sentencia de la CIDH, Uruguay “quedó obligado a investigar y, si fuera el caso, a sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”, lo cual no es compatible con la propuesta de Manini Ríos. “Toda ley que pretenda restablecer la caducidad o impedir que se investigue va a implicar una suerte de desacato a la CIDH, y Uruguay no puede ni debería hacer eso”, explicó a la diaria. También coincidió en este punto Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, quien afirmó que “si se diera esa posibilidad Uruguay incumpliría sus deberes internacionales” y se ubicaría “en una situación de desacato internacional”.

Restablecer los efectos jurídicos de la ley de caducidad “sería enfrentar a todo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, aseveró Chargoñia. Por otro lado, el abogado señaló que el caso Gelman “está bajo supervisión” de la CIDH, lo que significa que, ante la eventual aprobación de una iniciativa de este tipo, Uruguay “inmediatamente sería reprochado por transgredir netamente, en forma flagrante y gravemente ofensiva, la decisión” de la corte. Más allá de lo estrictamente jurídico, Chargoñia destacó que restaurar la ley de caducidad significaría “una grave violación al derecho de justicia que tienen los familiares, las víctimas y los sobrevivientes de las torturas, después de tantos años de espera”.

Inconstitucionales

La ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en más de una oportunidad a partir de 2009, lo que implica que “cualquier norma que restablezca sus efectos nos ubicaría ante la posibilidad de otro planteo de inconstitucionalidad”, explicó Chargoñia. Asimismo, la SCJ declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la llamada ley interpretativa (los especialistas prefieren llamarla “innovativa”), que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Para Risso, la Ley 18.831 es “una mala ley que no debió haberse dictado y complicó las cosas”, debido a que “se transformó, hasta el día de hoy, en el principal obstáculo para investigar los casos de derechos humanos”, aseguró. “Los que la redactaron no querían que fuera un obstáculo, pero en los hechos lo fue y lo sigue siendo, justamente, a razón de su inconstitucionalidad”, indicó.

Por su parte, López Goldaracena señaló que, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa, “se ha seguido juzgando porque se aplican los principios generales de las normas de derecho internacional”. Además, destacó que el primer artículo de esta ley no fue declarado inconstitucional, y es justamente el que restablece “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. Este apartado es, para Chargoñia, “el artículo fundamental en este debate” que instala CA. “Es a ese al que seguramente atacaría el insólito proyecto planteado por el senador de Cabildo Abierto”, consideró.

Esta propuesta, leída junto con las acusaciones contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, es “una presión indebida al Poder Judicial”, afirmó López Goldaracena. A su entender, la propuesta de CA “pretende volver a garantizarles a los militares que violaron los derechos humanos que no van a ser llevados a los juzgados”. “Esa vuelta para atrás es inviable e implanteable. No puede haber estamentos privilegiados”, manifestó, y agregó que “para seguir adelante lo que hay que hacer es garantizarle independencia al Poder Judicial” y no “impedir” que actúe. El abogado recordó que sobre Manini Ríos pesa un pedido de desafuero, por lo cual estimó que el Parlamento debería priorizar ese tratamiento “para que pueda ser juzgado por un hecho con apariencia delictiva cometido antes de que asumiera como senador”.