La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados está tratando la derogación de las instrucciones generales de la Fiscalía, prevista en el artículo 687 del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.
Las instrucciones generales fueron creadas en el artículo 4 de la ley orgánica de la Fiscalía, aprobado en enero de 2017, y tienen como cometido sustentar el principio de unidad de acción en la Fiscalía, en el marco del nuevo código de proceso penal.
El órgano responsable de crearlas es el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, integrado por el fiscal de Corte, el Poder Ejecutivo, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Colegio de Abogados. En la mayoría de los casos son aprobadas por consenso, sin necesidad de ir a votación.
En la media hora previa de la sesión del martes, el diputado colorado Gustavo Zubía planteó que la derogación de las instrucciones generales es “un tema que amerita un estudio y profundización debido a que para muchos no estuvo dentro de los temas previstos” en la discusión presupuestal. “Lo que eran instrucciones para viabilizar la forma operativa del código se transformó en un mecanismo que terminó en muchos casos violentando la normativa legal”, opinó.
Zubía planteó como ejemplo que a través de la instrucción general Nº 6 se modificó el marco para el acuerdo de proceso abreviado, introduciendo la posibilidad de negociar la tipificación de la condena. “La gravedad de que por la vía administrativa se enmiende la plana de lo que establece la legislación del proceso abreviado es una de las varias perlas que indican los excesos a los que se ha llegado a través de las instrucciones generales”, afirmó.
Consultado sobre este punto, el secretario general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, dijo a la diaria que no es algo que haya sido interpretado de esa forma por los fiscales. “Si hay una rapiña y el fiscal cambia la tipificación por hurto, está comprometiendo su responsabilidad como funcionario, está haciendo algo indebido. Los fiscales no tienen habilitado cambiar la tipificación si no se adecua a los hechos que sucedieron”, afirmó.
Rosa explicó que la asociación tiene una posición tomada desde 2016, cuando se discutió la ley orgánica de la Fiscalía, por la que se entiende que las instrucciones son un corolario del principio de unidad de acción que tiene que tener la Fiscalía, pero no deben afectar la independencia técnica de los fiscales.
“Que no haya injerencias externas ni internas cuando un fiscal tenga que actuar en el caso concreto. Instrucciones generales que de alguna forma limiten el poder de acción de los fiscales o que restrinjan potestades que otorga la ley no nos parecen adecuadas. Cuando esas instrucciones generales sirven para pautar una acción, ahí estaríamos de acuerdo”, expresó.
Rosa señaló también que la integración del órgano colegiado que define las instrucciones generales debería tener una mayor participación de los fiscales. “Son los que intervienen en la instrucción criminal, son los que saben cuáles son las pautas generales que se pueden establecer para lograr un funcionamiento unitario de la tarea”, agregó.
Consultado sobre cómo se viene implementando, Rosa señaló que hubo una instrucción general que, al categorizar de interés público el delito de defraudación tributaria, generaba restricciones en el trabajo de los fiscales. Se hizo el planteo en el Consejo y la instrucción fue retirada.
Un tiro en el pie
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, lamentó la iniciativa del Poder Ejecutivo y recordó que la creación de las instrucciones generales fue votada en el período pasado con sólo un voto en contra en Diputados. “El mecanismo que tiende a unificar la actividad de los fiscales son las instrucciones generales. En el mundo entero es así”, expresó.
“Acá lo que estamos discutiendo es la existencia o no de las instrucciones generales, y no el órgano que los dicta. Son necesarias para tener criterios de priorización comunes, porque con 300.000 denuncias por año; se imaginarán que no todas se investigan y se persiguen con los mismos medios y con los mismos recursos”, agregó.
Díaz advirtió que si se eliminan las instrucciones generales que refieren a la priorización “puede suceder, por ejemplo, que el fiscal de Artigas diga: ‘¿Sabe qué? El Poder Ejecutivo quiere perseguir el abigeato, pero para mí no es importante’. [...] No va a haber Cristo que lo obligue a priorizar el abigeato”. “El Poder Ejecutivo, con esta norma, se está dando un tiro en el pie, porque está renunciando al único mecanismo que tiene el sistema político para, luego de dictada la ley, bajarla a tierra en el caso concreto”, agregó.
El fiscal de Corte también señaló que si se eliminan las instrucciones generales sobre programas metodológicos de investigación, “a algún fiscal se le puede ocurrir citar a juicio oral y público a una víctima menor de edad de un delito sexual porque es su criterio”.
“Si se deroga esto, lo que va a pasar es lo que acabo de señalar: no vamos a tener una única política criminal; no vamos a tener una política pública de seguridad, y dependeremos del criterio individual de cada uno de los fiscales titulares”, afirmó Díaz.