La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en el caso de los hermanos Anatole y Victoria Julien, quienes fueron secuestrados el 26 de setiembre de 1976 en la provincia de Buenos Aires, traídos a Montevideo y abandonados en diciembre de 1976 en la plaza Bernardo O’Higgins de Valparaíso, en Chile.

El órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino resolver “en un plazo razonable, la causa incoada para esclarecer los hechos perpetrados” contra Julien y realizar “a la mayor brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia” respecto del paradero de los restos de Victoria Grisonas, así como avanzar en la causa que investiga la desaparición de los restos de Roger Julien.

También dispuso que el Estado argentino tendrá que pagar los gastos de los hermanos Julien en tratamientos psicológicos o psiquiátricos “para atender los padecimientos sufridos como consecuencia de los hechos perpetrados contra su familia”, además del pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y los gastos del proceso.

La sentencia dispuso medidas innovadoras en lo vinculado al reconocimiento de los crímenes por parte del Estado. Además de la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional en los hechos -tal como ocurrió en la sentencia Gelman o en la sentencia del caso de las “muchachas de abril”, Óscar Tassino y Luis Eduardo González conocida el lunes– el Estado argentino deberá “publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial” y “elaborar, en el plazo de dos años, un documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el contexto de la Operación Cóndor, incluidos los hechos del caso y las violaciones declaradas en la sentencia”. La realización del documental fue una definición de la Corte “teniendo en cuenta la opinión de Anatole y Victoria”.

Otro punto clave de la sentencia son las medidas tendientes a garantizar la no repetición, entre las que se destaca la exigencia al Estado argentino de realizar “en el plazo de un año, las gestiones pertinentes para convocar a Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil y Bolivia -como participantes en la ejecución de los hechos del caso y en el contexto de la Operación Cóndor-” para “conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal”.

Una sentencia que es “un paso fundamental”

En diálogo con la diaria, la investigadora italiana Francesca Lessa, que participó como perita en la causa a pedido de la familia Julien, destacó la sentencia como “un paso fundamental” y un reconocimiento por parte de la Corte de las demandas de los hermanos Julien y la posibilidad de reparar los daños sufridos.

“Sumado a la sentencia Gelman y a la sentencia Goiburú, que también se referían a casos de la coordinación represiva, creo que esta sentencia es realmente histórica porque este caso es sumamente emblemático de los patrones de la coordinación represiva del Plan Cóndor, porque abarca una familia uruguaya perseguida en Argentina y cuyos niños aparecieron abandonados en Chile”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de que se concrete el grupo de trabajo para investigar sobre los crímenes del Plan Cóndor, Lessa respondió: “Creo que se puede y se debe concretar. Hubo ya varios reclamos de los organismos de derechos humanos en la región para centralizar la documentación y facilitar la cooperación internacional. Un poquito se ha avanzado, pero no lo suficiente, esperamos que con esta recomendación, incluida ahora en una sentencia cuyo cumplimiento es obligatorio para Argentina, se den pasos concretos y sin más demoras”.

En ese sentido Lessa dijo que “ningún país solo puede brindar respuesta”, sobre todo considerando el rol que jugaron Uruguay y Chile en los crímenes del Plan Cóndor, en su mayoría concretados en territorio argentino. “Sabemos muy bien que en el operativo que tuvo lugar en Buenos Aires participaron agentes uruguayos. Uruguay debería haber aportado e investigado muchísimo más”, expresó y recordó que no se ha avanzado en saber qué pasó con los padres de Anatole y Victoria. “Uruguay no ha cumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional de aportar verdad y justicia a lo acontecido con esta familia; sigue habiendo muchos temaspendientes”, afirmó.

Para Anatole Julien, no estaba asegurada una sentencia favorable por parte de la Corte, porque durante los años que se extendió la causa han surgido obstáculos y hechos inesperados. Uno de ellos fueron las declaraciones del entonces presidente Carlos Menem, cuando dijo que su padre estaba recluido en el Penal de Libertad. “Dos años después tuvo que salir la ministra de Justicia a señalar que no había ningún asidero para los dichos de Carlitos Saúl”, expresó Julien en diálogo con la diaria.

Para Julien, la sentencia significó un avance muy importante particularmente en el caso de su madre, en el que hay sólo una teoría de lo ocurrido con ella después del secuestro. “Mi mamá estuvo en el mismo operativo, desapareció el mismo día y son los mismos testigos, con el mismo escenario. Incluso podría haber estado recluida en [el centro clandestino de detención Automotores] Orletti. De mi viejo hay como ocho teorías y uno más o menos puede entrever que sus restos podrían estar en unas reducciones en las afueras de San Martín de Buenos Aires, pero medio imposible para los antropólogos, pero de mi mamá no hay nada”, dijo a Anatole.

Destacó, además, el voto concurrente del juez Patricio Pazmiño, quien destacó que por las atribuciones conferidas por los estados miembros, la Corte debería haber hecho y exigido más de los otros países involucrados en el crimen. “Podría haberse ahondado más en desarrollar esta perspectiva desde la participación y cooperación entre estados con la Corte. Argentina por sí sola asume la satisfacción para lograr la verdad, la justicia y las reparaciones, a pesar de que las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la familia Julien Grisonas fueron coordinadas y llevadas a cabo por varios estados”, sostuvo Pazmiño en su voto.

La causa en la Corte Interamericana

Durante la audiencia pública del caso, realizada en mayo de este año, los hermanos Julien declararon sobre las dificultades que tuvieron que atravesar desde los asesinatos de sus padres y su secuestro.

Anatole recordó el momento del asesinato de su padre, quien estaba en la clandestinidad en Buenos Aires, tras fugarse de Punta Carretas, en 1971. “Me acuerdo de estar de la mano con mi madre, que mantenía en brazos a mi hermana, escondidos en lo que era una especie de estacionamiento, y de repente veo un fuego azul de metralla y llega un militar que nos apunta directamente y nos hace llevar a un lugar [...] Antes recuerdo a mi padre irse a otro sector y señalarnos con la mano que mantuviéramos silencio y que estuviéramos escondidos”, señaló.

Anatole, que tenía cuatro años cuando fue secuestrado, recuerda también parte de su secuestro en un viaje en avión, cuando fueron llevados a Chile, y el día que fueron abandonados en Valparaíso: “El dueño de unos juegos mecánicos de esa plaza vio que nadie nos venía a buscar. Yo estaba con mi hermana, tomados de la mano, y tuvo que llamar a la Policía”.

Consultado sobre la muerte de José Nino Gavazzo, quien participó en el operativo de secuestro y habría considerado adoptar a Anatole, respondió a la diaria: “Generar una acción personal respecto de alguno de ellos es humano. Muchas veces vi a madres y abuelas que decían ‘por qué no fue perpetua’; está bien, es una sensación humana. Yo no me meto en eso, el odio respecto de un sujeto, en elucubrar respecto de sus intenciones, saber si es un ser humano de mierda, un enfermo o si creía tener una causa justa. Andá a saber. Ojalá hubiera terminado siendo una mejor persona; no lo sé, sólo lo saben él y sus tres o cuatro hijas”.

Sobre Gavazzo, Anatole dijo que recordaba a “una persona que jugaba con nosotros, que nos llevaba dulces”. Si bien señaló no tener la certeza de quién era, Pilar Nores Montedónico-a quien conocieron como la tía Mónica cuando estaban en la casona de Bulevar Artigas- les contó sobre quién era y cuáles eran sus planes: “Aquello no se concretó aparentemente por los recuerdos vívidos que yo tenía”, expresó.

En la audiencia pública, Victoria Julien, que tenía 16 meses cuando fue secuestrada, dijo que antes de los nueve años, cuando sus padres adoptivos le hablaron de su identidad, sufría pesadillas que la dejaban asustada por muchos días “pensando que mi mamá o mi papá podrían no volver a la casa, sin saber nada de la historia”.

“Yo quería saber cómo era el tono de voz de mi padre, cómo miraba mi madre, cómo caminaban, cómo hacían su arte, cómo se llevaban con la familia”, expresó durante la audiencia.

La causa en Uruguay

En julio, la jueza penal de 26° turno, Ana de Salterain, procesó con prisión a Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y José Arab por los delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños. También pesaba un pedido de procesamiento contra José Gavazzo y Luis Maurente, quienes fallecieron durante el proceso. La causa sobre el secuestro fue iniciada en 2008, luego de que Victoria Julien se contactara con el abogado Pablo Chargoñia en Montevideo. Tanto Gilberto Vázquez como Gavazzo reconocieron haber estado en Buenos Aires en el período en que ocurrieron los hechos.

Los hermanos Julien fueron secuestrados junto a sus padres, Victoria Grisonas y Roger Julien, en un operativo realizado por fuerzas combinadas uruguayas y argentinas, el 26 de setiembre de 1976, en el domicilio de la familia, ubicado en la calle 25 de Mayo y Mitre, en la localidad de San Martín. Roger Julien murió en el operativo y su cuerpo desapareció, mientras que los niños fueron trasladados al centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti junto con su madre, que aún permanece desaparecida.

En octubre de 1976 los niños fueron trasladados a Montevideo por oficiales pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y al Servicio de Información y Defensa (SID) y recluidos en el centro clandestino que funcionaba en la sede del SID, en Bulevar Artigas y Palmar. De allí fueron llevados a la ciudad de Valparaíso, posiblemente en un avión de la Fuerza Aérea, acompañados por una mujer a la que identificaban como “tía Mónica”. El periódico chileno El Mercurio publicó el 29 de diciembre de 1976 la foto de los niños en la plaza Bernardo O’Higgins, donde fueron abandonados. En 1979, una mujer chilena, que pidió mantener en reserva su identidad, identificó a los niños. En julio de 1979, un peritaje psicológico determinó que una segunda pérdida sería “irreparable” para los niños, considerando el vínculo afectivo que tenían con su familia adoptiva, por lo que permanecieron en Chile.