El Tribunal de Apelaciones de 2° turno hizo lugar al recurso presentado por la defensa del coronel retirado Eduardo Ferro, que apeló la prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Óscar Tassino.

Para el tribunal, integrado por Daniel Balcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, no corresponde la prisión preventiva debido a que aún no fue procesado por la Justicia. La jueza penal de 27° turno, Silvia Urioste, dispuso la prisión preventiva luego de que la defensa del militar presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, lo que detuvo la causa.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, el tribunal esgrime que la prisión preventiva antes del auto de procesamiento responde al nuevo código del proceso y “no se puede intercalar la solución prevista en un sistema a la del otro, porque se desnaturalizan”. Alude al artículo 15 de la Constitución, que establece que “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente”.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a la diaria que el tribunal no consideró el hecho de que Ferro estuvo tres años prófugo y recordaron que no hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) alineada a la posición del tribunal.

Además, señalaron que el recurso de inconstitucionalidad ya fue presentado y rechazado dos veces en la causa y en el caso hipotético de que la SCJ accediera a la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, está firme la no prescripción del delito, por lo que la causa continuaría de todos modos.

Cuando la defensa de Ferro presentó el recurso, la jueza Urioste lo rechazó en el momento porque ya había sido presentado, por lo que los abogados decidieron elevar a la SCJ un recurso de queja. Urioste aceptó tramitarlo pero advirtió que la imposición de ese recurso no detendría el proceso y entonces Ferro se negó a declarar y la fiscalía no pudo avanzar.

Este jueves el fiscal Perciballe -quien no puede llevar a Casación la liberación de Ferro- presentó un recurso de aclaración y ampliación ante el tribunal pidiendo que se disponga una tobillera electrónica y se le prohíba acercarse a las víctimas.

Perciballe advirtió que el Estado deberá hacerse responsable ante una eventual fuga de Ferro o daño a las víctimas de la causa, y recordó que el mismo tribunal dispuso medidas cautelares en etapas previas al procesamiento en casos de menor gravedad.

En diálogo con la diaria, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Mota, lamentó la decisión del tribunal y destacó que existe “un grave riesgo de que se vuelva a fugar”.

“Está poniendo a la Justicia en una encrucijada y eso es lo que debería valorar el Poder Judicial, no atenerse a que como no fue procesado no habilitaría una prisión preventiva”, señaló. En esa línea, la exjueza señaló que podrían haberse tomado otras medidas cautelares como la colocación de un dispositivo electrónico o la obligación de presentarse todos los días ante la sede, para asegurar “a la sede y toda la sociedad que esta persona va a comparecer ante la Justicia”.

Mota cuestionó a los ministros que integran el tribunal, en base a anteriores resoluciones en causas sobre derechos humanos: “A este tribunal no le vas a encontrar una sentencia que haga caudal de la normativa internacional, ni que considere derechos de lesa humanidad”.

Al ser consultado por la prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respondió: “Preocupa porque se trata de un ciudadano que estuvo prófugo (...) y el fiscal entiende que hay elementos para que sea sometido a proceso”.

La fuga a España

La fuga de Ferro de la Justicia uruguaya se conoció en marzo de 2017 cuando no compareció a declarar ante la jueza Dolores Sánchez, quien llevaba la causa Tassino.

En setiembre de 2017 Ferro fue detenido en España, pero la Justicia española le concedió el cese de la prisión administrativa y Ferro esperó el juicio de extradición en libertad. Cuando la Justicia española resolvió extraditarlo, no lo pudo encontrar.

El 27 de enero de 2021, luego de fracasar en su intento por cobrar la jubilación desde España, el militar se contactó por intermedio de su abogado con Interpol Uruguay y fue detenido por la Policía española en su apartamento en Valencia.

Este jueves el ministro de Defensa, Javier García, fue consultado por la situación de Ferro y recordó que cuando Ferro intentó cobrar la jubilación, estando prófugo en España, él lo informó directamente a la Justicia. En cuanto al cobro de la jubilación, en esta situación jurídica, García dijo que consultará a la Facultad de Derecho: “Ningún ministro o jerarca puede decidir si una persona cobra o no la jubilación, son temas legales y jurídicos”.

Además de la desaparición de Tassino, Ferro está siendo investigado por el secuestro de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos, ocurrido en Porto Alegre en noviembre de 1978, y por la causa que investiga las torturas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, Maldonado.