La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definió la eliminación de la feria judicial prevista desde el 5 al 15 de julio, luego de que el Parlamento aprobara una ley que la habilita a tomar esa decisión. Tras reunirse este viernes, los ministros resolvieron que a partir del 5 de julio todas las oficinas del Poder Judicial del país regresarán a la actividad normal, con horario de atención al público de 13.00 a 18.00, poniendo fin al sistema de funcionamiento que se había implementado por la emergencia sanitaria.
La decisión se toma tras un intenso debate en el Parlamento en el que se cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial, debido a las sucesivas prórrogas de la feria judicial extraordinaria generada por la pandemia, que afecta al servicio desde marzo.
La ley aprobada por el Parlamento también habilitaba al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a eliminar la feria de julio, pero el tribunal decidió mantenerla debido a que considera que durante la feria judicial extraordinaria “la actividad jurisdiccional del organismo no fue interrumpida”. En su resolución, el TCA planteó que pese a la emergencia el organismo recibió escritos, estudió expedientes, dictó sentencias y las notificó.
En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, lamentó la decisión de la SCJ y consideró que “atenta contra la salud de los trabajadores judiciales”.
Además, señaló que la decisión es propia de “una corte que es débil y permeable a las presiones políticas y los operadores jurídicos”, en referencia a los colegios de abogados de todo el país que impulsaron la decisión. También lamentó que durante el debate en el Senado se hablara de falta de acceso a la Justicia, cuando el servicio “se siguió dando”.
“Quedamos como que no queremos trabajar y dejamos al país sin Justicia, pero el Ejecutivo todavía no levantó la emergencia. Si el Poder Judicial tiene que trabajar normalmente, ¿por qué no levantamos la emergencia?”, cuestionó.
En un comunicado publicado este viernes, los funcionarios dijeron que la SCJ será la “responsable de los contagios y muertes” que ocurran entre funcionarios judiciales y anunciaron que denunciarán la situación ante la Comisión de Salud y la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria del Senado, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.