El vínculo entre la Guardia Republicana y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) no es nuevo. Ya en anteriores gestiones brindaba apoyo en la seguridad perimetral (a través de la contratación de un servicio 222 de esta unidad policial) e ingresaba en casos de motines.

Una de las incursiones más sonadas de la Guardia Republicana en el Inisa fue en el marco de un hecho de violencia ocurrido en el Centro Ceprili en agosto de 2015. Los adolescentes que habitaban allí fueron trasladados a otra dependencia por el cierre de ese establecimiento penitenciario, en el que se registraron condiciones inhumanas y violencia. En el traslado, los adolescentes fueron agredidos brutalmente por policías de la Guardia Republicana. Varios policías fueron procesados por estos hechos.

A pesar de que el vínculo institucional no es nuevo, en los últimos días hubo manifestaciones en rechazo de la presencia de la Guardia Republicana en el Inisa en tareas de capacitación en mediación. El Sindicato Único de Trabajadores del INAU y del Inisa (Suinau) y la directora del Inisa por el Frente Amplio, Andrea Venosa, se expresaron al respecto.

El Suinau emitió un comunicado planteando hechos que le resultan “inauditos y muy preocupantes”. Menciona la contratación de una funcionaria que era tallerista de gastronomía y fue cesada porque “incumplió en reiteradas ocasiones con su trabajo por faltas al servicio injustificadas”, e “increíblemente después” la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, “habría vuelto a contratar a la misma persona”, pero no como tallerista de gastronomía sino como “asesora directa en seguridad”, un área “tan sensible e importante de la institución”, según señala el Suinau.

“No contenta con eso”, sugiere el sindicato, “la presidenta ha decidido avanzar con una recorrida por los servicios del sistema para promover una capacitación sobre mediación con personal de la Guardia Metropolitana [Republicana]”. “Policía militarizada”, según dicen. La Guardia Metropolitana pasó a ser la Guardia Republicana en diciembre de 2010.

El Suinau considera “importante destacar que la institución tiene trabajadoras y trabajadores que fueron formados durante la administración anterior en materia de mediación”, por lo que dice “no entender” cuál es el objetivo de esta capacitación. Cuestiona que “se pretende militarizar la formación” y “recorren los servicios con integrantes de esa Guardia sabiendo el rechazo que genera en los jóvenes ver uniformados dentro de los centros”.

El sindicato apeló a “la toma de decisiones sensatas”, que logren una mejora en el sistema y no su empeoramiento”. “Apelamos a que se recapacite y se dé marcha atrás en este camino que no se avizora como algo necesario ni pertinente”, concluye.

Por su parte, Andrea Venosa se expresó al respecto: “Hace unos días ingresó la Guardia Republicana en el Inisa. Esto es muy grave. Rechazamos toda acción de militarización o de enfoque policíaco dentro del Inisa”.

Planteó que “la institución tiene como objetivo el desarrollo de medidas socioeducativas con adolescentes en conflicto con la ley, no pudiendo adoptar un enfoque penitenciario ni punitivo”. Destacó que “los centros del Inisa no son penitenciarías” y, por tanto, es “contrario a la normativa que la Policía forme a las y los funcionarios del Inisa”.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a la diaria que desde la presidencia del Inisa se planteó la posibilidad de realizar una capacitación en mediación con el objetivo de “darles herramientas a los educadores para que ante conflictos ‘pequeños’, cotidianos, puedan abordarlos”.

“Nuevos perfiles”

De Olivera planteó que los funcionarios que hace mucho tiempo que trabajan en el Inisa comentan que “el perfil de los jóvenes es distinto”. “Antes el único objetivo era fugarse. Hoy, además de fugarse, quieren pelear o pegarles a otros jóvenes porque traen problemas de su barrio o su banda”, dijo.

Además, mencionó que “hoy en día tenemos el crimen transnacional organizado que atraviesa el Inisa”. “Tenemos jóvenes extranjeros, están ingresando brasileños que están en ámbitos más complejos”, según De Olivera. “Tenemos que prepararnos para eso”, apuntó.

“Tengo visión más allá de mis compromisos de gestión”, dijo. “He compartido estos tres días porque justamente mi compromiso es ese: saber hacia dónde estamos yendo, entender y ver cuál es la información que se está brindando y el conocimiento que se está generando a mis funcionarios”.

Enfatizó en que “el perfil de los jóvenes está cambiando y tenemos que prepararnos para eso”. “Cuanto más preparados estemos, mejor. Nosotros tenemos 700 funcionarios de trato directo, entonces tenemos mucho trabajo por delante”, concluyó.

El curso de mediación, de 21 horas de duración, tuvo una parte teórica y otra práctica. Fue dictado por negociadores de la Unidad Táctica de Negociadores de la Guardia Republicana.

A pesar de las resistencias, el curso finalizó este jueves. En el cierre, De Olivera habló con la prensa desde la sede de la Guardia Republicana. “Desde que asumimos en el Inisa nos hemos propuesto como uno de los objetivos primordiales profesionalizar a los funcionarios en todas las áreas”, expresó. Dijo que “los funcionarios de trato directo y los que llevan adelante los 13 centros que tiene el Inisa hace tiempo que no estaban capacitados”. Por eso, contó: “Estamos generando una academia penitenciaria y todas las instancias que puedan colaboran con la profesionalización”.

Sobre el curso impartido por la Guardia Republicana, dijo que fueron “tres jornadas muy fructíferas y de vital importancia”, y agregó que fue para “darles herramientas a los funcionarios que están en contacto con los adolescentes para que cuando se genera un conflicto puedan resolverlo de la mejor manera posible, teniendo las herramientas profesionales para poder resolverlo, y darles la mayor cantidad de garantías tanto a los funcionarios como a los adolescentes”.

Según comentó, “en este período hemos tenido algún motín y alguna toma de rehenes, y si uno está experiente y sabe lo que tiene que hacer, obviamente, va a ser mejor y las garantías van a estar dadas de mejor manera”.

Para la presidenta del Inisa, “ese es el único objetivo que tenemos en este curso de mediación”, que le pareció “súper interesante” y que “ha sido de un ida y vuelta excepcional”. De Olivera dijo que “han quedado muy contentos de un lado y del otro” y que “ya quieren seguir”, “quieren pedir más cursos”. Para la representante de Cabildo Abierto, “estamos plantando una semillita para luego cosechar los frutos y avanzar en ese sentido”.

La presidenta del Inisa destacó que “a veces hay vicios y desde el desconocimiento podemos actuar mal y tener otro tipo de situaciones más complicadas”. Consultada acerca de la continuidad de esta propuesta, manifestó su intención de que se repita. “Estos diez funcionarios que tomaron el curso van a ser los replicadores y van a contar la verdadera historia de lo que sucedió”, señaló.

Más rechazos

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Comité de los Derechos del Niño y la Niña del Uruguay manifestaron “absoluta preocupación y repudio ante el ingreso de efectivos de la policía militarizada a centros de adolescentes que cumplen medidas socioeducativas privativas de libertad”.

Rechazan “la violencia simbólica y material que representa el ingreso de fuerzas militarizadas a centros de privación de libertad adolescente” y rechazan también la “implementación de algún tipo de capacitación en mediación por parte de fuerzas militarizadas, cuya preparación se orienta a la resolución de conflictos mediante el uso de la represión y estrategias de choque, y no mediante el diálogo, acuerdo, ni acompañamientos adecuados”.

Señalan además el “atropello institucional que significa que la acción se haya realizado posteriormente a una votación de la Comisión Directiva mayoritariamente negativa a su ingreso”. Sólo De Olivera votó a favor en el directorio.

Plantean la “preocupación ante las implicancias que este tipo de formaciones o incursiones puede generar como prácticas concretas de violencia institucional, en un contexto de situaciones públicas preocupantes sobre la violencia simbólica, verbal y física ejercida hacia adolescentes privados de libertad”.

Finalmente, exigen que “se promueva una formación del personal de trato directo basada en el respeto de los derechos humanos, y permitan la comprensión de la etapa de vida que es la adolescencia, con capacitaciones en aspectos fundamentales como psicología juvenil, pedagogía, derechos del niño y estándares de derechos humanos”.

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