La asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se pronunció sobre la negativa del Poder Judicial de reabrir el expediente sobre el asesinato de Vladimir Roslik, luego de que un dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolviera el archivo de la causa que investigaba el asesinato de Roslik el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería 9. La SCJ ratificó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que consideró “cosa juzgada” el caso debido a que el mayor Sergio Caubarrere, identificado como el responsable del homicidio, fue condenado por la justicia militar en 1984 a cuatro meses y 18 días de prisión.
Al igual que lo hizo la Federación Médica del Interior días atrás, Crysol afirma que la Justicia Militar es un “órgano administrativo de las Fuerzas Armadas, sujeto a jerarquía de los mandos”, y “bajo ningún punto de vista su accionar puede ser equiparado con la actuación del Poder Judicial”.
Gastón Grisoni y Enrique Chalar, presidente y secretario de Crysol, respectivamente, enviaron una carta al presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, en la que afirman que “equiparar la actuación de un juzgado militar, conformado en plena dictadura, además, con la actuación de un juzgado del Poder Judicial, supone un grave error conceptual, demostrativo de una falta de conocimiento y de juicio inhabilitante para el ejercicio de tan altas funciones”.
Según la asociación, “mantener archivada la causa” expone al país a la condena en ámbitos internacionales, y recuerdan que situaciones similares se dieron, por ejemplo con la sentencia Gelman.
Así las cosas, solicitan al presidente de la SCJ que tome “las medidas que correspondan a la hora de proceder a calificar las actuaciones, con todos los magistrados involucrados”.